Este lunes la candidata del Gobierno para encabezar la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, compareció ante la comisión de Constitución del Senado ad portas de la votación para su ratificación en el hemiciclo.

Acompañada de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, la actual directora de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, dio cuenta de los ejes de lo que será su conducción del ente persecutor en caso que obtenga 2/3 de los votos de la Cámara Alta. En ello, respondió a los cuestionamientos relativos a su rol en la criticada administración del ex fiscal Jorge Abbott, que ponen en cuestión la confianza del Senado sobre su candidatura. 

“¿Por qué deberían confiar en mí? Simplemente porque he mostrado independencia absoluta durante todo el tiempo que he ejercido mi cargo”, afirmó, frente a las preguntas de los y las legisladoras.

Y añadió que “la verdad es que yo no he tenido otros miramientos que aspectos netamente técnicos para el ejercicio de mi labor, que lo he ejercido con total profesionalismo y total rigor. Tengo un programa que he trabajado seriamente y del cual me comprometo, en caso que este honorable Senado tuviera a bien ratificarme, a dar cuenta de él”.

Respecto a sus ideas para el Ministerio Público, la jurista dio a conocer un plan de acción de cuatro puntos, que versan sobre: víctimas y testigos; enfrentamiento de la evolución de la criminalidad; ecosistema de justicia penal y trabajo interno de la Fiscalía.

Víctimas y testigos

Para el primer eje de su programa, la abogada propuso un proyecto integral que amplíe proactivamente la atención a víctimas, con foco en la materialización del derecho a la información de forma proactiva por parte de la Fiscalía. Asimismo, ofreció abandonar la medición de oportunidad apuntando a la calidad de respuesta, estableciendo mecanismos de auditoría de las mismas; ampliar la cobertura; generar alianzas con instituciones asociadas a la protección de víctimas y la categorización de las víctimas para la aplicación de programas diferenciados.

Asimismo, propuso fortalecer la protección de víctimas y testigos promoviendo un paquete de medidas de protección con  el fin de conservar las condiciones personales, familiares y laborales. Ello a considerarse en el proyecto de ley de nuevo estatuto de protección de denunciantes (Boletín N° 13.565-07) que está en comisión mixta.

Para esto contempla la reserva de identidad, oficio o profesión, domicilio y cualquier dato personal que impida la identificación de las víctimas y testigos;  el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes y traslado de las diligencias a las que deba asistir las víctimas y testigos en un lugar distinto de aquél donde funciona la Fiscalía, y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

Así también, busca implementar el uso de medios tecnológicos para imponer denuncias, extender la protección a los familiares de las víctimas y testigos e incorporar la posibilidad de realizar la denuncia anónima.

Enfrentamiento de la evolución de la criminalidad

Como sub-puntos de este eje, el programa de la jurista diferencia lo que es crimen organizado y alta complejidad; delitos de mayor connotación social; violencia de género; DDHH y política de persecución penal para la actual criminalidad.

En lo primero, Herrera propuso establecer una Fiscalía de Investigaciones de Alta Complejidad (FIAC) con alcance supraterritorial, a cargo de fenómenos complejos en drogas, crimen organizado, lavado de activos y corrupción, integración multidisciplinaria, trabajo integrado interinstitucional y apoyo tecnológicos adecuados.

Asimismo, ofreció fortalecer una estructura macrozonal en atención a las particularidades de cada macrozona. De ese modo, entre las medidas esbozadas para esto, propone que en el norte se fortalezca la cooperación internacional transfronteriza; en el centro, aplicar inteligencia artificial para la disminución del imputado desconocido y en el sur, fortalecer la vinculación con la inteligencia policial y aumentar las medidas de protección a víctimas y testigos de delitos violentos.

Por otro lado, propuso fortalecer el trabajo multidisciplinar en materia de análisis  y focos investigativos; análisis patrimonial; apoyo tecnológico y apoyo jurídico especializado en crimen organizado; drogas; lavado de activos además de corrupción, delitos económicos y medioambientales.

Respecto al punto de delitos de mayor connotación social, Herrera pretende en lo inmediato adoptar un protocolo de flagrancia específico que integre la acción de la Fiscalía, de policías, de privados y dar debida contención y protección de las víctimas del delito, y aplicar la inteligencia artificial para detectar estructuras criminales.

En cuanto a violencia de género, la abogada propone -entre otros puntos- elaborar criterios de identificación de la violencia de género, incorporar la perspectiva de género en la persecución penal de casos de mujeres víctimas-victimarias que cometan delitos producto de relaciones asimétricas de poder, y transversalizar el enfoque de igualdad de género y derechos humanos en los servicios de orientación, protección y apoyo a víctimas y testigos.

En tanto, en materia de derechos humanos, busca dar cumplimiento al estándar de “debida diligencia” que le corresponde a los órganos de persecución penal; trabajar protocolos conjuntos con las policías sobre uso racional de la fuerza, e incentivar su capacitación; aplicar los Protocolos de Minnesota y Estambul por parte de los fiscales y definir y aplicar criterios de actuación claros y uniformes a lo largo de todo el país en la materia.

Sobre la política de persecución penal para la actual criminalidad, Herrera llama a constituir un equipo con académicos, integrantes del sistema de justicia y víctimas para elaborar una política que responda a la racionalización de la persecución penal; enfoque en crimen organizado nacional y transnacional; fortalecimiento del análisis criminal, instrumentos de evaluación comunes para policías y fiscales y auditar el cumplimiento de las instrucciones y criterios de actuación, entre otros focos.

Ecosistema de justicia penal

Respecto a este eje, la abogada busca mejorar la relación con las policías, estableciendo la lógica de coordinación; erigir una visión conjunta con objetivos a corto, mediano y largo plazo en común; construir confianzas y fijar una agenda de trabajo para los próximos años.

Trabajo Interno 

Para el último eje, la jurista dio cuenta de su intención de innovar y modernizar la Fiscalía y de mejorar en términos de liderazgo, transparencia y accountability, creando un Consejo Consultivo del Ministerio Público que convoque a la sociedad civil.

Asimismo, consideró necesario intervenir los mecanismos de incentivos; fortalecer el trabajo con personas y promover modificaciones a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.