Con 107 votos a favor, 13 abstenciones y 25 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular este miércoles el proyecto de ley que busca llevar los delitos comunes cometidos por miembros de las FF.AA. a la justicia civil.
El parlamentario Jorge Brito (RD), autor de la iniciativa, señaló que con este proyecto casos emblemáticos como de los excomandantes en jefe del Ejército, Fuente-Alba o Martínez, “serían juzgados por un tribunal civil en audiencia pública”, afirmó.
El diputado, expresidente de la comisión de Defensa de la Cámara, valoró la aprobación y despacho al Senado del proyecto que presentó en el año 2019 que excluye de la Justicia Militar las causas por delitos comunes cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, explicó que “hace décadas la Justicia Militar debería haber desaparecido o haberse restringido exclusivamente a asuntos de guerra”, por lo que aseguró que “valoramos que después de varios años nos permitan avanzar en este proyecto de ley gracias al apoyo que le ha dado el Gobierno mediante la ministra de Defensa, Maya Fernández”.
En esa línea, el legislador aseguró que la iniciativa cuenta “con un amplio respaldo para sacar de la competencia de la Justicia Militar los delitos comunes como por ejemplo el fraude al fisco, malversación de fondos públicos o los delitos sexuales”.
Brito, además, recordó el caso de los excomandantes en jefe de la institución castrense que están siendo procesados por la ministra en visita Romy Rutherford tales como los de Juan Miguel Fuente-Alba o Ricardo Martínez, afirmando que “si este proyecto hubiera sido ley hace años, estos casos habrían sido juzgados en un tribunal civil y no en uno militar”.
Sobre la tramitación en el Senado y ante una eventual promulgación de la moción que busca modificar el Código de Justicia Militar, atribuyéndole al Ministerio Público competencias para investigar los delitos comunes cometidos por uniformados, Brito se mostró confiado.
“Confiamos en que el proyecto podrá ser ley cuanto antes, y dar certezas respecto a que en la eventualidad de que un militar abuse o se corrompa, será juzgado ante un tribunal civil, y no más en un tribunal militar, como cualquier chileno o chilena”, afirmó.
Cabe recordar que la propuesta aprobada en general y de manera transversal en octubre del año 2020 retornó a la comisión de Defensa de la Cámara para un segundo informe tras ser objeto de indicaciones, concretando esta semana su despacho a la Cámara Alta.
