La gestión es un recurso clave tanto para las empresas públicas como para las privadas, pero identificar y contratar gerentes efectivos sigue siendo un desafío. Desde la década de los ochenta, la contratación de directores de escuelas públicas en Chile ha sido responsabilidad de los municipios. Esto ha dado a los políticos locales un grado significativo de discreción sobre los nombramientos del personal escolar. Una característica que en contextos similares se ha asociado con efectos negativos en los resultados de los estudiantes.

El 2003 se estableció la selección de directivos vía Alta Dirección Pública (ADP) que tenía como objetivo dotar a las instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad. Junto a ello, para reducir la discrecionalidad de los políticos sobre el nombramiento de directores escolares, en el 2011 se promulgó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, que incorporó la selección de directores de escuelas públicas al proceso de la ADP.

Bajo el nuevo sistema, los políticos locales aún tienen voz en los nombramientos de directores, pero solo después de que una competencia transparente haya preseleccionado un subconjunto de candidatos en función de su mérito e idoneidad. Los concursos se anuncian públicamente y en ellos participan miembros de la comunidad educativa, una agencia de recursos humanos externa y personal del Servicio Civil.

En ese contexto, el académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile e investigador del Instituto Milenio MIPP Pablo Muñoz y el académico Mounu Prem, analizaron el impacto de la selección de directivos vía Alta Dirección Pública (ADP) en el desempeño escolar, con su paper “Managers’ Productivity and Recruitment in the Public Sector”. En él, explican cómo una reforma del servicio civil en Chile cambió la efectividad de un grupo vital de administradores del sector público: los directores de escuelas.

Los resultados

En primer lugar, los resultados del análisis sugieren que el nombramiento de directores electos bajo el nuevo sistema de selección aumentó la calidad promedio de estos. Asimismo, la reforma aumentó la probabilidad de que maestros mal evaluados fueran despedidos y también aumentó los puntajes de las pruebas SIMCE y PSU de los estudiantes. “La evidencia sugiere que parte de esto tiene que ver con que hay un mejor clima, en el sentido que los profesores reportan estar más contentos con el director”, detalló el académico.

A esto se suma que “también hay menos reclamos de los padres a la Superintendencia de Educación en las escuelas en donde se adopta esta política”.  También, una menor rotación de profesores que son de alta calidad de acuerdo a sus puntajes de evaluación docente. “O sea, también pareciera que la política afecta la composición del cuerpo docente”, dijo el investigador.

En términos de equidad, un cálculo preliminar sugiere que el impacto de la reforma en la efectividad de los directores redujo la brecha de calificaciones entre cursos públicos y privados en alrededor de un 10%.

En conclusión, encontraron que las escuelas públicas designan gerentes más efectivos después de aumentar la competitividad y la transparencia de su proceso de selección. En este sentido, los resultados del estudio muestran que mejores políticas de contratación pueden mejorar la prestación de servicios en el sector público, a pesar de los esquemas salariales rígidos.

En definitiva, plantea el profesor de la U. de Chile, los beneficios del sistema de ADP “son básicamente que se puede evaluar la efectividad de una política que no es menor y que significa un gasto del Estado“. En términos educativos, releva el académico del DII, “poner atención al liderazgo dentro de las instituciones públicas, en este caso directores de escuela, tiene el beneficio de saber que lo que sea que ellos hacen, es a escala de toda la comunidad escolar, en este caso profesores, padres y estudiantes”.

Los datos

Para estimar la efectividad de los directores, usaron un panel de datos a nivel de estudiante-año-materia. Este panel abarca el período de 2011 a 2016 y tiene información sobre las calificaciones de los cursos específicos de cada materia para todos los estudiantes, desde el primero hasta el duodécimo grado. Luego, complementaron este conjunto de datos con un censo nacional de docentes que contiene información valiosa sobre las materias específicas y las aulas que imparten cada año, así como sus características, como género, edad, tipo de título, horas de contrato.

También usaron los datos de un panel escolar anual que incluye varias características de la escuela, como el tipo de administración del establecimiento, un indicador si la escuela está ubicada en un área rural, su matrícula total, fracción de estudiantes desfavorecidos, entre otros. Complementando este dato con las características de los municipios donde se ubican las escuelas.

Con todos esos datos, midieron la efectividad de los directores utilizando una extensión del modelo canónico de valor agregado docente y evaluaron el efecto de la reforma utilizando un enfoque de diferencias en diferencias.

Políticas Públicas

Chile es un país donde el gasto público en educación representa más de la quinta parte del presupuesto, y la eficiencia y equidad de la política educativa suelen estar en el centro del debate político. Aprovechando datos administrativos y variación cuasi-experimental, los resultados de esta investigación muestran que limitar la discreción de los políticos locales sobre el nombramiento de los directores de las escuelas puede ser una forma eficaz de mejorar el desempeño del sector público. Dado que los directores tienen un impacto en todos los estudiantes que asisten a sus escuelas, políticas orientadas a contratar mejores directores podrían ser una forma eficiente de mejorar la calidad de las escuelas públicas.

En ese sentido, políticas tales como brindar capacitación gerencial a los directores de estas escuelas o dotarlas de una mayor autonomía podrían fortalecer los efectos de una contratación más competitiva y transparente.