Desde todas las regiones del Perú se están organizando marchas que se dirigirán hasta Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y todo el Congreso Nacional, expresó la presidenta del  Movimiento de Mujeres Todas Somos Micaela, Gony Sosa, ante la violenta represión que en las últimas horas dejó a 19 personas fallecidas en la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno.

Desde la capital del país, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la dirigenta afirmó que “todos los movimientos sociales, de provincias y departamentos estamos coordinando porque queremos hacer una marcha de todas las regiones para sitiar Lima”, la que se ha llamado la segunda marcha de los Cuatro Suyos.

“Para nosotros sitiar Lima es rodear la ciudad y estamos preparando las condiciones. Va a ser como la que hicimos hace muchos años contra la dictadura de Fujimori, que se llamó la marcha de los Cuatro Suyos”, indicó y precisó que esta marcha es para exigir la renuncia de la dictadora Boluarte porque “más del 90 por ciento la rechaza, pide que se vaya”.

La dirigenta feminista hizo hincapié en que el fondo de este conflicto no es solo por la crisis que se desató después de la destitución del ex Presidente Pedro Castillo, sino que “el meollo del asunto es que este año 2023, se tienen que renovar todas las concesiones de las transnacionales que explotan nuestro petróleo, nuestro oro y nuestro gas y Castillo ya había manifestado que todas esas transnacionales que habían invertido o mejor dicho,  han saqueado nuestro país, si no han pagado impuestos no podía participar, esa ha sido la madre del cordero”.

La dirigenta aseguró que ese es el gran tema que está detrás de toda la crisis política, ya que todos los legisladores reciben apoyo financiero de las transnacionales.

Sosa afirmó que, además, el fin de las concesiones era parte del programa de gobierno de Castillo y hoy se ha desatado una “cacería de brujas contra dirigentes sociales y políticos, con allanamiento de sus casas, principalmente en las regiones del sur de Perú”.

La dirigenta afirmó que en Lima las movilizaciones continúan y se concentran principalmente en la Plaza San Martín, rebautizada con el nombre de la Plaza de la Nueva Democracia. Además, afirmó que “hay compañeros de regiones que han sido desalojados de diferentes lugares, particularmente de la Plaza Manco Cápac con extrema violencia y ahora están en diferentes sitios que los sindicatos les están proporcionando, pero son más de 300 y en los próximos días van a llegar más”.

La dirigenta afirmó que en las zonas donde la represión ha sido más violenta, Puno y Cusco, la policía estaría usando unas balas llamadas dum dum, que está prohibidas y que explotan en el cuerpo. “Esas balas entran al cuerpo, revienta y destruye los órganos. O sea, no da margen para que la víctima llegue al hospital”, precisó.

Sosa añadió en el Departamento de Puno, en un día fueron asesinados 12 manifestantes y hoy, la cifra se eleva a 19 personas muertas por el accionar de las fuerzas policiales y militares.

La dirigenta afirmó que en la represión, también han sido víctimas de balas, las enfermeras que acudieron a atender a los heridos. Puntualizó que la mayoría de los fallecidos son por impactos de bala en la cabeza, el cuello o en la espalda, “donde se ve el orificio de entrada, pero no se ve la salida porque usan esas balas dum dum”.

Aunque las autoridades han negado el uso de armas letales prohibidas, el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca, Puno, doctor Enrique Sotomayor, fue el primero en denunciar el uso balas tipo dum dum, que explotan en el cuerpo.

El profesional detalló que, tras el ingreso de heridos y fallecidos, se ha constatado lesiones por bala con orificio de ingreso pero no de salida. Sin embargo, estas balas han destrozado varios órganos internos, puntualizó.

En tanto, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, junto con lamentar la muerte de los manifestantes y un policía en Juliaca, afirmó que es “inaceptable la escalada de violencia” que está ocurriendo en el país.

“La represión estatal contra manifestantes y la pérdida de vidas humanas esta agudizando la crisis. Reiteramos el llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos. Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país”, indicó la funcionaria del organismo internacional.

Agregó que la declaratoria del Estado de Emergencia el 15 de diciembre, ha demostrado ser una respuesta inadecuada a la crisis política y social que vive el país y que AI ha registrado que entre las violaciones a los DDHH encuentra la “privación de la vida por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias”

Por ello, indicó que AI “exige al estado peruano la investigación pronta, exhaustiva, independiente, imparcial de las posibles violaciones a los derechos humanos registradas desde el inicio de las protestas, para que permitan identificar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo las líneas de mando de las fuerzas del orden, hasta el máximo nivel”.