La Comisión que revisa la Acusación Constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, continuó la mañana este lunes analizando los antecedentes sobre el documento impulsado por los diputados republicanos, con la exposición de la Directora  Servicio Nacional de Protección Especializada para Niñez y Adolescencia, Grabriela Muñoz, quien aseguró que no hay razones para acusar al secretario de Estado y que las decisiones que se adoptaron son de su responsabilidad.

La sesión siguió escuchando a distintos expertos, mientras diputados de derecha expresaron sus reparos a la acusación, especialmente de los legisladores Andrés Longton y Álvaro Carter, quienes no estarían por apoyar la AC. En paralelo, el Gobierno sostuvo una serie de reuniones con distintos parlamentarios con el fin de evitar que el libelo prospere.

En su exposición, Muñoz afirmó que “todas las decisiones del servicio son mías”, ya que se trata de un servicio descentralizado que, además, garantiza que la decisión del proceso de invalidación resguarda la atención de todos los niños, niñas y adolescentes de los proyectos a lo largo de Chile.

Todo esto en respuesta al documento que acusa al ministro Jackson de “dejar sin ejecución la Constitución y las leyes por no implementar oportunamente la Ley n° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la infracción al deber de supervigilancia que le corresponde al ministro Jackson en tanto autoridad estatal respecto de los derechos del niño”.

La directora de Mejor Niñez  afirmó que se trata de decisiones técnicas. “Sin perjuicio de eso estamos recibiendo todo tipo de contenido en las alegaciones y cuando se resuelva las resoluciones respectivas se va a indicar todo lo que nosotros encontramos. Repito que en un principio tuvimos dificultades cuando nos relevaron los equipos para la conformación y fuimos revisando región por región y donde más dificultades tuvimos para conformar fue en la Región Metropolitana porque tiene que ver con el volumen de proyectos que tiene la región”.

“Son decisiones que podrían afectar en cualquier región del país en el cambio del adjudicado y eso daña los principios de los concursos públicos, como la igualdad, la transparencia y también se puede hablar de ilegalidad de ciertos procesos. Entonces, de cara a esos principios y asegurándonos que estamos contando con un mejor proyecto ubicado, es que se tomó esta decisión”, precisó Muñoz.

Explicó que “nosotros atendemos a 120 mil NNA a lo largo de Chile. El concurso 2, que es el que aquí se releva, tenía mayoritariamente proyectos que se venían desarrollando. Esos dieron continuidad a lo largo de todo el país”.

Agregó que el servicio inició un proceso de invalidación, que significa revisar los antecedentes que los colaboradores puedan presentar en alegaciones y ahí determinarán si es necesario invalidar total o parcialmente el concurso.

“Mientras eso se desarrolla, lo que hacemos es dar continuidad ya sea con organismos colaboradores que venían ejecutando los proyecto o con nuevos adjudicados, si era imposible que organismos que venían desarrollando pudiesen dar continuidad. Lo garantizamos en el 100% de los proyectos”, agregó.

En este contexto, dijo que en su opinión no se sostienen los fundamentos contenidos en la acusación constitucional contra Jackson.

“Efectivamente desde nuestra mirada no se sostienen los fundamentos en contra del ministro Jackson. Todas las responsabilidades del concurso están situadas en la dirección del servicio que es descentralizado”, puntualizó Muñoz.

Al respecto, la diputada Karol Cariola expresó que “ha quedado claro en la exposición de Muñoz, que el Ministro Giorgio Jackson no aprueba, ni firma los actos que adopta el servicio”.

En la sesión también expusieron los abogados Soledad Mortera de Iruarrizaga y Ricardo Irarrázabal, quienes abordaron la institucionalidad ambiental, dado que en la acusación se abordan las denuncias de presuntas presiones indebidas a la exseremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación Ambiental del Servicio de Evaluación Medioambiental.

La comisión seguirá escuchando exposiciones durante toda la jornada de este lunes y probablemente el martes, antes de votar las conclusiones y remitir el libelo a la sala de la Cámara el próximo miércoles.