En el mes de mayo se ingresarán al Parlamento desde el Gobierno los cambios a la normativa que rige el control del orden público desde los delegados presidenciales como es ahora, a los gobernadores regionales en el proceso de entrega de facultades a estas autoridades electas por voto popular.

Así lo dio a conocer la ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, quien indicó que este cambio va en el proceso de la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo a la ministra, el nuevo ministerio “”va a tener que establecer cómo va a estar representado en las regiones y, por cierto, que ya no va a estar la figura como la conocemos de los delegados y delegadas presidenciales; el ministerio del Interior como una jefatura de gabinete a nivel nacional va a tener que tener representación en las regiones, pero todo lo que tiene que ver con orden y seguridad va a estar a cargo de autoridades regionales en esa materia”, señaló.

A juicio de Vallejo, los gobernadores regionales “pueden aportar, por los recursos que tienen, por el conocimiento del territorio, y entonces van a ser grandes aliados en la prevención del delito en todo el territorio nacional”.

La Moneda propone modificar el artículo 16 de la ley 19.175, con lo cual se cumpliría, al menos parcialmente, un compromiso de campaña del Presidente Boric, y además, un anhelo de las autoridades regionales.

En diciembre pasado, la Asociación de Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI), elaboró un documento con distintas propuestas relacionadas a la prevención del delito, entre ellas la incorporación de un representante de AGORECHI al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la creación de un Consejo Regional de Prevención del delito y atención de víctimas presidido por el gobernador regional, y la facultad de gobernadores para presentar una denuncia o querella ante ciertos hechos constitutivos de delitos.

De todas maneras, frente a este último punto, el Ejecutivo no les dio una respuesta positiva. En el documento de respuesta, el Ministerio del Interior señaló: “Ante lo planteado por AGORECHI, la doctrina critica la posibilidad de que muchos intervinientes, que no sean realmente víctimas, puedan tener la calidad de querellantes dentro del proceso penal”.

El anuncio hecho por la portavoz de La Moneda fue bien recibida por los gobernadores, entre ellos el de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien consideró que la medida es “apropiada”.

“Somos autoridades electas en cada una de las regiones y además representamos los intereses de la región ante el gobierno central. Por lo tanto, que cumplan la promesa de terminar con su periodo con menos poder del que comenzó nos parece, al menos, un buen indicador”, comentó.

Por ahora se espera conocer el detalle del proyecto de ley que será ingresado en el mes de mayo como adelantó la ministra Vallejo este lunes luego de un comité político ampliado en la sede de Gobierno.