En entrevista con el Diario Financiero, el secretario de Estado explicó que hasta el momento hay dos proyectos que apuntan a estos cambios y agregó que la reforma es una de las principales prioridades en su cartera para modernizar y agilizar el sistema. 

“Es un lugar donde hay discriminaciones de precio, donde existe poca competencia, donde hay que poner énfasis en calidad de servicio y eso implica tecnología, donde el régimen de supervisión y escrutinio debiera ser mucho más robusto del que tenemos en la actualidad“, apuntó.

Y agregó que “la administración anterior avanzó en este punto y el proyecto está hoy en la comisión de Constitución del Senado. En mis conversaciones iniciales con los senadores, nosotros le hemos transmitido la voluntad al Gobierno de avanzar, si es necesario conformar una mesa técnica para ver las indicaciones a ese proyecto; habría que hacerlo”.

Por lo demás, afirmó que “la reforma estructural de notarios y conservadores es una reforma que uno tiene que avanzar por convicción o por conveniencia”.

“Por convicción, hay buenas razones para avanzar en términos de cómo está estructurado ese mercado en transparencia y competencia. Por conveniencia, porque creo que es impresentable seguir postergando esta reforma por una razón relativamente simple, que es un colateral del proceso constituyente, sobre el modelo específico del gobierno judicial, separar la función jurisdiccional de la función de gobierno judicial. Notarios y conservadores dependen de este actual modelo de gobierno judicial, donde la Corte de Apelaciones cumple un rol en la terna”, expuso.

En esa línea acotó que “si cambia la estructura del gobierno judicial, entonces el régimen de nombramientos de notarios y conservadores o de los auxiliares de la administración de justicia va a cambiar; o sea, es una reforma inevitable”.

A mayor abundamiento, señaló que “es un mercado que también está actuando de un modo opaco, donde se están cobrando precios discriminatorios abiertamente y en el caso de receptores está provocando un impacto muy negativo en los avances de la justicia civil”. 

En la misma línea que Cordero, el exministro de Justicia del Partido Radical, Carlos Maldonado, afirmó que el Estado ha tardado muchos años en actualizar el sistema al que consideró como injusto en términos de enriquecer a privados con trámites que deberían estar a cargo del servicio público.

“Es impresentable que a estas alturas Chile no haya sido capaz de terminar con un sistema que a todas luces es injusto e indebido y que debiera reemplazarse por un sistema de fe pública entregada por funcionarios públicos”, criticó.

Por otro lado, el abogado Alberto Precht, recalcó que existen cambios importantes, como la eliminación de trámites notariales o la creación de un fedatario, las cuales son iniciativas que deberían considerarse para modernizar el sistema con urgencia.

Cabe destacar que en el año 2018 la Fiscalía Nacional Económica elaboró un informe con el que sugiere un cambio estructural al sistema de notarios debido a la poca competencia que hay en el rubro, además de discriminación en los precios y valores de los trámites.

Imagen: Agencia ATON.