Este miércoles se rindió la Cuenta Pública de la gestión del Poder Judicial durante el 2022 y se inauguró el año judicial 2023, instancia en la que estuvieron presentes las máximas autoridades de la Corte Suprema y el Presidente Gabriel Boric.

El presidente de la Corte Suprema, el ministro Juan Eduardo Fuentes, realizó una valoración y análisis de diversos temas, los cuales estuvieron centrados en los principios de la autoridad judicial, la función jurisdiccional, su papel en el nuevo proceso constitucional, algunas propuestas y por último, cifras respecto a la administración de justicia.

“Creo pertinente recordar que los principios de imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada, constituyen pilares fundamentales de todo Estado de derecho y democrático. La afectación de estos principios implica, necesariamente, un serio riesgo para las personas y en particular para el debido proceso”, declaró Fuentes.

La autoridad señaló que la pandemia afectó la celeridad de los distintos trámites judiciales, por lo que los datos de la Cuenta Pública se deben analizar con prudencia, a pesar de que éstos se han ido estabilizando. Así, develó que en el último año se contabilizaron “poco más de 840 mil causas en las 17 cortes de apelaciones del país, lo que representa un incremento mayor al 186%” en relación al 2021, lo cual se explica por la significativa cifra de recursos de protección interpuestos contra las Isapres, que en el año 2022 supero las 668 mil causas.

En la misma línea, Fuentes expuso que las cortes de apelaciones resolvieron más de 550 mil causas el año pasado, un 79% más en el 2021. De ese total, más de 425 mil corresponden a recursos de protección. Mientras que las causas pendientes ascendieron a 338 mil, de las cuales 284 mil son de recursos de protección interpuestos contra Isapres“.

“A diferencia del año anterior, el ingreso de causas en la Corte Suprema superó las 171 mil, lo que representa un aumento de un 77%, cifra notablemente influenciada por las apelaciones de los recursos de protección contra Isapres“, afirmó.

Por otro lado, el ministro señaló la semántica que implica el tener un Poder Judicial, tanto para fortalecer el rol de juzgar causas así como de subrayar su autonomía respecto de los demás poderes.

“Que los jueces y juezas formen parte de un poder es, a mi juicio, esencial para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco del necesario equilibrio de los poderes públicos, fortaleciendo con ello su autonomía para ejercer cabalmente su rol frente a cualquier individuo, institución o grupo, siempre en función de garantizar los derechos de las personas”, acotó.

A fin de colaborar en el nuevo proceso constitucional, Fuentes precisó que “el tribunal pleno acordó que la comisión de ministros a cargo de la coordinación legislativa también sostendrá la vinculación con los órganos que elaborarán las propuestas que serán plebiscitadas“.

Además, hizo hincapié en una anhelada reactivación de anteproyectos para un nuevo Código Penal, dado que el aún vigente cuerpo legal tiene 150 años de existencia.

“La tipificación y sistematización de los ilícitos, la magnitud y extensión de las penas y de las distintas medidas restrictivas de libertad, son algunos aspectos en torno a los cuales esperamos que el nuevo Código Penal refleje los acuerdos y valores de la sociedad chilena actual, lo que contribuiría, junto a otras medidas, a enfrentar los nuevos y crecientes fenómenos delictivos que preocupan a la ciudadanía y a todas las instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia”, dijo.

Imagen de Agencia Aton.