Un duro debate ha tenido que enfrentar la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de cara a la discusión en particular de los articulados que se aprobaron en general por el pleno de la Comisión Experta la semana pasada.

Esto, debido a que los miembros de dicha instancia temática mantienen considerables diferencias respecto al derecho a la salud y sobre cómo se debiera plantear la norma que eventualmente regulará a las entidades que se queden con el 7% de cotización obligatoria.

Según establece la disposición visada en general por el hemiciclo “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”. Es precisamente la redacción de esta norma –que es similar a la de la constitución actual- la que genera reparos en el oficialismo, puesto que constitucionalizaría el modelo de isapres.

El comisionado del Partido Socialista, Flavio Quezada, explicó que en el caso de la constitución vigente “en esta materia ha operado como un límite para impulsar políticas que son propias de estados sociales. Entonces, todo mi punto es que habría que eliminar aquello, puesto que de esa manera se abre nuestra democracia y se permite que puedan otras opciones, legítimas como las que existen en otros países, llevarse adelante en nuestro país”.

Asimismo, Quezada recalcó que con esta observación no se está poniendo en duda la posibilidad de que la ciudadanía pueda escoger entre prestadores públicos o privados de salud.

“Si alguien quiere ir a un servicio privado, a una clínica, podrá hacerlo, eso nunca ha estado en discusión. Es más, nunca que ha estado en discusión la posibilidad de contar con mecanismos de seguro privado, cualquiera podría también contratarlo libremente. Por lo tanto, nunca ha estado en discusión la provisión mixta y no podría estarlo, puesto que está en las bases y en la propuesta aprobada en general en el capítulo de Principios”, expresó.

Por lo mismo, hizo hincapié en que “aquí el punto es muy concreto, si se constitucionaliza o no el modelo de isapre y, con esta redacción, el peligro es que estamos en esa hipótesis, cuestión que no tiene parangón en ningún otro país. No conozco ningún Estado social que tenga una norma como esa. Además, no tiene parangón con la historia constitucional chilena. Si uno estudia la historia de esa norma, es una que proviene de directa instrucción de la Junta de Gobierno. Entonces, si vamos a redactar una constitución en democracia creo que no es momento de perpetuar cerrojos de la dictadura como aquí”.

Mientras, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, planteó que “tenemos que buscar fórmulas que sean lo más abiertas posibles para que sea la política democrática la que termine definiendo la implementación de los derechos sociales que estamos buscando consagrar. El problema que tiene esa redacción, y que puede ser perfeccionada, es que puede ser leída como una constitucionalización de un solo modelo y, por lo tanto, impidiendo que puedan haber otros modelos de implementación del derecho, por ejemplo, el modelo inglés, canadiense, francés, español, portugués o brasileño no podrían ser implementados con una norma de esa manera. Creemos que podemos hacer un esfuerzo mayor en que esa norma logre ser más abierta en su redacción final”. 

Además, sostuvo que “las bases ya garantizan la provisión mixta de los derechos, la existencia de los privados, pero eso es bien distinto de querer escribir cómo tiene que ser el financiamiento hacia los privados por parte del Estado, eso es problemático y nosotros en ningún momento hemos puesto en cuestión la libertad de elección, que es el gran punto que levanta la oposición. Tendrá que ser la legislación la que defina cómo esto se gestiona y cómo termina operando, creemos que esa es una discusión que no la debería zanjar la constitución, sino más bien el debate democrático que se establece sobre todo en el Congreso”.

Desde la oposición, el comisionado de Renovación Nacional, Jaime Arancibia, cuestionó estas aprensiones por parte del oficialismo, toda vez que se tratan de normas que fueron ampliamente consensuadas y aprobadas en su momento por el pleno.

En esa línea, afirmó que “la norma lo único que procura evitar es que el financiamiento en materia de salud, por vía de seguro o cotización obligatoria, esté en manos del Estado únicamente, o sea, impide un monopolio estatal de financiamiento en salud, precisamente porque si eso ocurriera desaparece la provisión mixta, en la práctica no es verdadera”.

“Si esa es la razón para oponerse, la verdad es que no me llama la atención, porque eso se parece mucho a lo que fue rechazado en el plebiscito anterior y que, cuando uno mira, por ejemplo, la Cadem, más del 75% de la población quiere que le aseguren esa libertad de elección ¿Significa eso que no queremos que haya un financiamiento público a la salud? Al contrario. De hecho, nuestra propuesta va de la mano de un deber que le queremos dar al Estado de constituir un financiamiento solidario por la vía de impuesto para poder financiar planes básicos mínimos de salud, de manera que nadie se pueda quedar sin ella”, detalló el abogado y doctor en Derecho.

Por ello, sostuvo que esta delimitación de la norma evitaría “que el legislador no pueda dar el paso de establecer un sistema de financiamiento único. No es establecer un sistema único en particular”.

Cabe destacar que los comisionados tendrán plazo para ingresar las indicaciones a los articulados aprobados en general por el pleno hasta las 23:59 horas del próximo lunes 17 de abril.