Hace un par de semanas, la Corte Suprema le ordenó al Servicio Nacional de Migraciones (SNM) regularizar una situación que ya no daba para más. Desde hace un par de años, funcionarios del SNM han obstaculizado el acceso de migrantes al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, figura reservada para personas que tengan temor de ser perseguidas en sus países de origen, o vengan de lugares con conflictos internos importantes.
Frente a esta situación, el máximo tribunal determinó que el SNM debe crear un protocolo especial para que sus funcionarios dejen de imponer trabas innecesarias, que no están contempladas en la ley que regula la institución del refugio.
Para abordar este y otros temas, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Gabriela Hilliger, jefa de incidencia jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), quien aseguró que en nuestro país la cantidad de solicitudes de refugio aceptadas es preocupantemente baja.
“El 2021 se formalizaron 3867 solicitudes, y las que terminaron con que se les reconoció el refugio, fueron 19. Después, el 2022 se formalizaron 3459, y se reconoció el refugio a 14 personas, lo que te muestra que en definitiva hay algo que está ocurriendo”, señaló.
“Pese a que hoy día hay un discurso que señala que hay un abuso del refugio, eso no se condice con la realidad, porque la realidad de los datos, de la información, es que el refugio casi no se da”, dijo la abogada.
Según Hilliger, hay varios factores que explican el por qué las autoridades chilenas son tan exigentes, entre ellos, que en nuestro país hay una visión muy acotada de lo que es el refugio.
“El refugiado en este momento sería el ucraniano, porque viene director de una guerra, los sirios o los afganos, pero cuando la persona en necesidad de protección es de nuestra propia región, o sea de Latinoamérica, nos cuesta interpretarlo como refugio. Yo no sé si las autoridades esperan que la persona aparezca como directamente desde un combate, o con esquirlas de bomba en su espalda, pero en general no se entiende entender que esas personas ameritan protección”, afirmó.
En todo caso, el problema va más allá de la baja cantidad de solicitudes aceptadas, también existen obstáculos para siquiera realizar una solicitud.
“Hay un problema en todas las etapas. Hoy día si tú quieres ingresar al procedimiento en la frontera te va a tocar que te atienda la PDI. ¿Está la PDI realmente capacitada para entender las necesidades de protección de una persona? Ahí ya tienes un espacio de discrecionalidad”.
“Después, cuando ya estás en alguna ciudad, y vas a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones o a las delegaciones presidenciales, hasta los guardias le están diciendo a la gente: no, usted no es refugiado, tiene que pedir otra cosa”.
Ese tipo de acciones, explicó Hilliger, llevaron a la justicia a dar “un mensaje fuerte y claro”: “Si la autoridad estuviera aplicando la ley y su reglamento de buena manera, la Corte Suprema no estaría diciendo: haz un protocolo. Todo esto tiene que ver con que hay una legislación que está vigente y que es de público conocimiento, pero que la autoridad la aplica de una manera por discrecional, que raya en lo arbitrario, y eso no puede seguir ocurriendo”, expresó.
Un sentido común
A juicio de Hilliger, los problemas en refugio no han distinguido entre colores políticos: “Cada vez se van poniendo más trabas (…) no ha habido una intención de capacitar, de hacer un trabajo colaborativo con los expertos o con las organizaciones de la sociedad civil, y tanto en el Gobierno anterior como en el actual, no vemos avances en hacerse cargo de lo que es el refugio”.
De todos modos, la abogada aún guarda esperanza en lo que pueda hacer el Gobierno de Gabriel Boric, y recomienda apelar a lo que, ella considera, es un sentido común entre los chilenos.
“La sociedad entera entiende que el refugio es migración forzada, y que el día de mañana nos podría tocar a nosotros, genera bastante empatía. Entonces, ahí la autoridad se enreda, porque yo creo que sí encontraría acogida en aplicar de buena forma la ley y en buscar procedimientos más claros y transparentes”, opinó.
“Ahí en el fondo declarar nuestra voluntad de colaborar, de conversar, y ver de qué forma podemos ayudar. Este es un tema muy sensible, los refugiados son personas que necesitan protección y lo que está en la línea es su vida, su integridad física y psíquica, derechos que son fundamentales para cualquier ser humano”, indicó.
Por último, la representante del Servicio Jesuita a Migrantes se refirió a un tema que afecta a los migrantes de manera más transversal, el llamado “criterio Valencia”, es decir, a la determinación del Fiscal Nacional de pedir la prisión preventiva de extranjeros que hayan sido detenidos, y que no cuenten con documentos.
Según Hilliger, en este nuevo escenario, lo importante es que se respete el debido proceso: “La prisión preventiva es una medida que se aplica bajo criterios bien estrictos, y quien finalmente decide si se cumplen esos criterios son los jueces. Nosotros estamos observando cómo se dan las dinámicas ahí, y esperamos que todos, los fiscales, los jueces y la sociedad entera puedan entender la importancia de un debido proceso para todas las personas”, concluyó.
