En conversación con Radioanálisis, la vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Lorena Zambrano, abordó la crisis migratoria que se concentra en la frontera entre Arica y Tacna y lamentó que sea a raíz del llamado de auxilio de las organizaciones sociales que se activen los esfuerzos estatales.
“Qué pena y qué triste que tengamos que alzar la voz o hacer cosas que el Estado debería estar cubriendo como la ayuda humanitaria. Somos las organizaciones de la sociedad civil las que terminamos ocupando este rol para que recién el Estado se ponga en alerta”, criticó.
Para monitorear la situación de la zona, Zambrano señaló que la Asamblea mantiene a informantes en terreno para efectos de contrastar la información que emanan de los medios de comunicación. “Ha habido mucha prensa de parte de los dos países reporteando al gusto de lo que ellos quieren decir o cómo quieren visualizar esto y decir que no hay sólo compañeros venezolanos en esta situación, sino que también hay otras nacionalidades, personas que han querido pasar por fronteras teniendo documentación y que no los han dejado; personas que están tramitando y que están con sus ampliaciones de visa y tampoco los han dejado pasar. Entonces, ha habido una mezcla irresponsable de no darse la molestia de averiguar quiénes están con documentos y quién no”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que “nos llama mucho la atención cómo se sigue ocupando la migración como una herramienta política, justamente a días de nuevamente llamar a votaciones”.
Asimismo, Zambrano acusó que “la policía ha sido represora en cuanto a los organismos de ayuda. Nosotros pedimos enfáticamente también que nos dejen ayudar, porque lamentablemente las personas que hemos estado yendo también hemos sido agredidas. No puede ser que hoy día los colectivos que están prestando ayuda humanitaria también sean acusados de querer pasar a la frontera”.
Para subsanar la crisis, la dirigenta indicó que una de las propuestas por las que brega la Asamblea es la creación de un corredor humanitario que permita a los migrantes retornar a sus países de origen. “Lo único que ellos piden y declaran personalmente en todas las entrevistas es simplemente regresar a casa y que, además, esto no sea condicionable en un castigo como se hizo en la época de pandemia, que después no pudieran retornar”.
A su juicio, esta salida permitiría evitar situaciones como las que se registran hoy entre Arica y Tacna. “Están atascados en fronteras, ni uno ni el otro país se hace responsable, no hay quien pueda ver el lado humanitario de lo que está pasando porque ahora ni siquiera estamos hablando de por qué están ahí, estamos hablando que hay más de 100 niños en riesgo, estamos hablando que hoy día hay gestantes, adultos mayores que están en condiciones paupérrimas y que nadie se hace cargo”, criticó.
“¿De dónde salen ellos? Del Estado de Chile, lo lógico sería a nuestra visión es que por lo menos se les dé las instancias para ellos esperar y puedan seguir su tránsito, pero no dejarlos al abandono“, acotó.
Mientras en materia de seguridad, Zambrano aseveró que “nosotros como migrantes no avalamos de ninguna forma la delincuencia. Las personas que lamentablemente se meten en problemas tiene que caerles todo el rigor de la ley, estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos decir que todas las personas que entran de manera irregular o que se encuentran por algún motivo de forma irregular, culparlas o quererlas criminalizar sin un debido proceso”.
Amnistía Internacional acusó a Chile y Perú de agravar crisis
Cabe destacar que Amnistía Internacional emanó un comunicado llamando a los gobiernos de Chile y Perú a coordinarse para hacer frente a la crisis humanitaria y migratoria que se vive en la frontera que comparten ambos países.
Desde la organización señalaron que expresan “su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”.
Asimismo, detallaron que se trataría de al menos 300 migrantes, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, haitiana y colombiana, quienes están “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.
Por lo demás, el organismo condenó el estado de emergencia en la zona fronteriza que decretó el gobierno peruano y la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica en el caso de Chile. “Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización, xenofobia y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”, aseveraron.
Al respecto, la directora Amnistía para las Américas, Erika Guevara, sostuvo que “al militarizar y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas”.
“Los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación”, sumó.
En la misma línea, Guevara afirmó que “cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto dominó”.
“En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos”, zanjó.
