El Presidente Gabriel Boric se desplazará este mediodía a San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, para reunirse en la sede comunal con representantes de pueblos atacameños, collas, quechuas y aymaras con el fin de conversar sobre la Estrategia Nacional del Litio.
Sin embargo, las 18 comunidades que que integran el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) anunciaron que no participarán del encuentro, criticando no haber sido notificados de la presencia de los representantes de los otros pueblos originarios.
En un comunicado dado a conocer por El Mercurio, el CPA acusó que “no se nos informó que en esta instancia se reunirán, invitados por el propio Gobierno, representantes del pueblo aymara, collas y comunidades de Alto Loa, lo que a esta altura suma más de 48 organizaciones indígenas”.
“La estrategia nacional del litio y la relevancia que tiene para el país requiere de diálogos directos con las comunidades en sus respectivos territorios. En consecuencia, hacemos un llamado respetuoso al Presidente de la República para que pueda tomarse el tiempo suficiente de atender a las comunidades del pueblo Colla, pero em sus territorios”, añadió.
La agrupación advirtió que “no es lo mismo el salar de Maricunga (Región de Atacama) que el salar de Atacama (Región de Antofagasta), las necesidades son distintas. En una instancia de tres horas es imposible atender las necesidades de los pueblos originarios del norte”.
Recordemos que el CPA se manifestó el pasado 5 de mayo frente a La Moneda, criticando la falta de diálogo en el desarrollo de la estrategia y pidiendo atender los problemas de abastecimiento hídrico en la zona.
Entre distintos puntos, la iniciativa contempla la creación de la Empresa Nacional del Litio, de un Instituto Tecnológico y que toda empresa que busque explorar o explotar el mineral deba asociarse con el Estado, buscando aumentar el valor agregado.
Todo, de cara a las renegociaciones de contratos de arriendo que la Corfo mantiene con SQM y Albemarle respecto a la explotación del Salar de Atacama hasta 2030 y 2043, respectivamente.
“Lamentamos profundamente que el actor de las negociaciones sea Codelco, una empresa estatal que ha demostrado un comportamiento irrespetuoso con las comunidades, tanto de Alto Loa y un mal vecino con Calama. Ha despojado de las aguas a las comunidades de Alto Loa, ha contaminado la comuna de Calama, no atendió a las reclamaciones de la ciudadanía y pueblos indígenas respecto del tranque de relaves Talabre, de la carretera y viaducto en el valle de Yalquincha”, indicó entonces el presidente del Consejo, Vladimir Reyes.
