En la segunda jornada de Audiencias Públicas, organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana -conformada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile- y realizadas tanto en la Casa Central de la U. de Chile, como en sus campus Andrés Bello y Beauchef, presentaron sus opiniones diversas personas naturales y representantes de organizaciones civiles, entre ellos, la Rectora de la Casa de Bello, la profesora Rosa Devés Alessandri.
La presentación de la máxima autoridad del plantel titulada “Educación Pública para Chile”, se extendió durante los 10 minutos protocolares de las Audiencias Públicas, uno de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por el proceso constitucional en curso, y solicitó principalmente que la nueva carta magna asegure el Derecho a la Educación y la responsabilidad del Estado con la educación pública.
“En calidad de Rectora de la Universidad de Chile, he solicitado esta Audiencia para representar frente al Consejo Constitucional la importancia que la Constitución considere en las normas relativas al Derecho a La Educación la responsabilidad del Estado con la Educación Pública en todos los niveles”, comenzó diciendo la profesora Devés. Su exposición completa puede revisarse aquí.
La educación pública es el lugar por excelencia donde los chilenos y las chilenas aprenden -en igualdad de condiciones- a convivir en democracia y a responsabilizarse por el bien común, expresó la rectora.
“La marcada segregación de la educación escolar que separa -hoy en día- a niños, niñas y jóvenes según la condición socioeconómica de sus familias en establecimientos privados, subvencionados y públicos, siendo estos últimos los que reciben a quienes provienen de contextos más desfavorecidos, es inequitativa e injusta para el desarrollo individual, y representa un obstáculo para la cohesión social y el desarrollo sustentable. El compromiso del Estado con una educación pública de calidad, capaz de convocar a niños, niñas y jóvenes de todas las clases sociales, es fundamental para la democracia y debe quedar explícito en la Constitución”, destacó.
La profesora Devés hizo un repaso histórico por las leyes y las Constituciones anteriores del país para evidenciar que la educación pública forma parte de la historia de Chile y ha sido uno de los aspectos esenciales para el desarrollo de la ciudadanía y de nuestras instituciones republicanas. Llamó a que la nueva carta fundamental garantice una educación pública de calidad.
“En este contexto, es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza. Estos principios están presentes en diversas leyes dictadas la última década, como la Ley 20.370 General de Educación, la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, la Ley 21094 sobre Universidades Estatales, entre otras. Por tanto, la consagración en el ámbito constitucional de estas directrices fundamentales sobre la educación pública chilena vendrá a consolidar y dar coherencia a una arquitectura institucional en este ámbito”, explicó.
“Se debe aclarar que la Educación Pública no se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos, pero la Constitución debe valorar el aporte de la educación pública a la cohesión social, al fortalecimiento de nuestra democracia y al desarrollo de Chile, retomando lo mejor de nuestra historia constitucional, articulándose en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, tanto en la educación parvularia, básica, media y superior”, agregó.
Iniciativas Populares de Norma
La Rectora de la U. de Chile mencionó dos Iniciativas Populares de Norma (IPN), la N° 5.127 “Educación Pública para Chile” y la Nº 7.475 “El derecho a la educación implica también la inclusión de las diversidades culturales, lingüísticas, físicas, intelectuales y de género”.
La primera de ellas, presentada por el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), propone reemplazar la letra f) del inciso 22 del artículo 16 de la propuesta de la Comisión Experta, que dice:
- f)“El Estado deberá crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralista en todos los niveles de enseñanza”,por una redacción que refleje nítidamente la relevancia y configuración de la educación pública que Chile necesita.
A saber:
- f)El Estado proveerá educación pública, laica, pluralista y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, emplazados y articulados en todos los territorios del país. Dichos establecimientos promoverán la libertad de pensamiento y de expresión, la tolerancia, el respeto, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la participación y el compromiso con Chile y su desarrollo, considerando las particularidades locales y regionales, así como las de cada una de las etapas y modalidades formativas. El Estado garantizará la calidad y el financiamiento que requieran sus establecimientos educacionales.
En tanto, en la segunda IPN, la Rectora también considera necesario ampliar la letra a) del inciso 23 del artículo 23 del texto propuesto por la Comisión Experta que dice: “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática”, para agregar a continuación: “Es derecho de todos y todas, es inclusiva de la diversidad cultural y lingüística, y de las capacidades físicas, emocionales e intelectuales, no es discriminatoria y ofrece oportunidades a lo largo de la vida”.
Universidades del Estado y servicios públicos
Un tema adicional que mencionó la Rectora de la Universidad de Chile hace referencia a la regulación de los servicios públicos funcionalmente autónomos, propuesta por la Comisión Experta que no considera la especificidad de las universidades estatales.
Las universidades, desde su origen, están conformadas por comunidades de maestros, estudiantes y colaboradores, que interactúan y conforman una compleja estructura académica destinada a generar, desarrollar, integrar y comunicar el saber, dijo la máxima autoridad del plantel universitario. “Las universidades estatales, desde lo jurídico, se consideran servicios públicos funcionalmente autónomos, pero su particular naturaleza y función universitaria exceden con creces a la configuración de un ente público convencional”, agregó.
“En este escenario, se hace necesario que se otorguen a las universidades las flexibilidades administrativas en el ámbito de la elección o designación de las autoridades universitarias, endeudamiento a largo plazo o participación en instituciones vinculadas a su quehacer académico”, añadió.
Por ello propone agregar, en el artículo 113 (sobre servicios públicos funcionalmente autónomos) el siguiente nuevo numeral 4:
- “Una ley institucional regulará la autonomía de las universidades estatales, estableciendo, además de las materias señaladas previamente, los requisitos y procedimientos para la elección o designación de sus autoridades superiores, la constitución o participación en personas jurídicas vinculadas a su quehacer académico, la creación o supresión de cargos, y la suscripción de empréstitos que excedan del período presidencial”.
Para finalizar su Audiencia Pública, la Rectora agradeció la posibilidad de haber sido escuchados. “Esperamos sumar nuestra voz a la de muchos chilenos y chilenas que saben que la escuela común es ‘una institución esencialmente democratizadora’ como lo señalara Valentín Letelier”, cerró.
La máxima autoridad del plantel, participó de la Audiencia Pública “Educación Pública para Chile”, durante la segunda jornada de la iniciativa organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana en la Casa Central del plantel.
