La jornada de este jueves el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a los subsecretarios Jaime Gajardo (Justicia) y Xavier Altamirano (DD.HH.), encabezó el “Comité extraordinario interministerial de Derechos Humanos”. Instancia en la que, junto a las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo Social, Segpres, Educación, Mujer y Equidad de Género, abordó el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura civil-militar.
El secretario de Estado detalló que en este encuentro se desarrollaron los aspectos centrales de la iniciativa, cuyos contenidos esperan zanjarse en un próxima cita programada para el 28 de julio, “previo a que sea remitido al Presidente de la República para su análisis y la suscripción de éste el 30 de agosto de este año, que es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas”.
“Durante julio, además de las reuniones habituales que tenemos con las agrupaciones, vamos a tener dos encuentros para ver los detalles ya más específicos del proceso de participativo que hemos tenido. Esta semana tuvimos reuniones con los ministros de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos para adelantar las líneas centrales del Plan Nacional de Búsqueda”, agregó.
Por otra parte, el titular de Justicia se refirió a la renuncia de Patricio Fernández como encargado de la conmoración de los 50 años del Golpe de Estado, y a la construcción por parte del Gobierno de un relato único en torno a este hecho a partir de la salida del escritor.
En esa línea, si bien evitó ahondar en su polémica salida, manifestó que “nosotros estamos abocados al desarrollo e implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que es transformar o construir una política pública permanente con el propósito de conocer las circunstancias en que cada una de las personas que fueron detenidas y hechas desaparecer sea de conocimiento público y, además de eso, conocer sus trayectorias”.
“Hasta el día de hoy, aunque sea difícil creer, esa información el Estado de Chile no la tiene, lo que sabemos son resultados de investigaciones penales específicas. Esa información general no la sabemos. El Ministerio de Justicia ha estado focalizado en la construcción y en el diseño del Plan Nacional de Búsqueda, ha aplicado esfuerzos, consensos, trabajos con las agrupaciones, pero también con otros miembros de la sociedad civil y su objetivo no tiene sólo por propósito la memoria, la reparación, sino que también dimensionar la importancia que tiene los efectos de mirar a un adversario político como un enemigo que no requiere reconocimiento de dignidad”, indicó.
En cuanto al plazo que se tendrá para tener resultados en este Plan Nacional de Búsqueda, Cordero manifestó que “es la primera vez que el Estado de Chile va a tener una política pública permanente en materia de desaparición forzada de personas, hasta ahora lo que el país ha tenido son comisiones de verdad acotadas en el tiempo y, en segundo lugar, las acciones han descansando sobre los hombros de los familiares y sus abogados y abogadas”.
Por lo mismo, recalcó que el Plan Nacional de Búsqueda trata de transformar esos esfuerzos individuales en una política pública permanente. Así, a partir del 30 de agosto “comenzará el desarrollo de la integración de esa información y de la aplicación de tecnologías con ese fin”.
El secretario de Estado aclaró que la puesta en marcha de la iniciativa no sustituye a los jueces. Por lo tanto, es un mecanismo de doble vía de información. Cordero enfatizó que “el principal objetivo del Ministerio de Justicia por ahora es su aprobación y su instalación el 30 de agosto”, efectuándose esto último a través de la firma del Decreto Supremo por parte del mandatario.
De este modo, añadió que “de ahí en adelante vendrá un calendario de implementación que corresponderá explicitar a quiénes van a asumir esta responsabilidad”.
Por otra parte, consultado el ministro sobre el pacto de silencio por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas sobre los hechos ocurridos en dictadura dijo que “en el contexto de las investigaciones judiciales, cada vez que los jueces de dedicación exclusiva han requerido información específica a las FF.AA., o cada vez que se han constituido en un recinto militar con el propósito de obtener antecedentes, las FF.AA. han proporcionado la información de esos requerimientos específicos “.
La jornada de este jueves el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a los subsecretarios Jaime Gajardo (Justicia) y Xavier Altamirano (DD.HH.), encabezó el “Comité extraordinario interministerial de Derechos Humanos”. Instancia en la que, junto a las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo Social, Segpres, Educación, Mujer y Equidad de Género, abordó el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura civil-militar.
El secretario de Estado detalló que en este encuentro se desarrollaron los aspectos centrales de la iniciativa, cuyos contenidos esperan zanjarse en un próxima cita programada para el 28 de julio, “previo a que sea remitido al Presidente de la República para su análisis y la suscripción de éste el 30 de agosto de este año, que es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas”.
“Durante julio, además de las reuniones habituales que tenemos con las agrupaciones, vamos a tener dos encuentros para ver los detalles ya más específicos del proceso de participativo que hemos tenido. Esta semana tuvimos reuniones con los ministros de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos para adelantar las líneas centrales del Plan Nacional de Búsqueda”, agregó.
Por otra parte, el titular de Justicia se refirió a la renuncia de Patricio Fernández como encargado de la conmoración de los 50 años del Golpe de Estado, y a la construcción por parte del Gobierno de un relato único en torno a este hecho a partir de la salida del escritor.
En esa línea, si bien evitó ahondar en su polémica salida, manifestó que “nosotros estamos abocados al desarrollo e implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que es transformar o construir una política pública permanente con el propósito de conocer las circunstancias en que cada una de las personas que fueron detenidas y hechas desaparecer sea de conocimiento público y, además de eso, conocer sus trayectorias”.
“Hasta el día de hoy, aunque sea difícil creer, esa información el Estado de Chile no la tiene, lo que sabemos son resultados de investigaciones penales específicas. Esa información general no la sabemos. El Ministerio de Justicia ha estado focalizado en la construcción y en el diseño del Plan Nacional de Búsqueda, ha aplicado esfuerzos, consensos, trabajos con las agrupaciones, pero también con otros miembros de la sociedad civil y su objetivo no tiene sólo por propósito la memoria, la reparación, sino que también dimensionar la importancia que tiene los efectos de mirar a un adversario político como un enemigo que no requiere reconocimiento de dignidad”, indicó.
En cuanto al plazo que se tendrá para tener resultados en este Plan Nacional de Búsqueda, Cordero manifestó que “es la primera vez que el Estado de Chile va a tener una política pública permanente en materia de desaparición forzada de personas, hasta ahora lo que el país ha tenido son comisiones de verdad acotadas en el tiempo y, en segundo lugar, las acciones han descansando sobre los hombros de los familiares y sus abogados y abogadas”.
Por lo mismo, recalcó que el Plan Nacional de Búsqueda trata de transformar esos esfuerzos individuales en una política pública permanente. Así, a partir del 30 de agosto “comenzará el desarrollo de la integración de esa información y de la aplicación de tecnologías con ese fin”.
El secretario de Estado aclaró que la puesta en marcha de la iniciativa no sustituye a los jueces. Por lo tanto, es un mecanismo de doble vía de información. Cordero enfatizó que “el principal objetivo del Ministerio de Justicia por ahora es su aprobación y su instalación el 30 de agosto”, efectuándose esto último a través de la firma del Decreto Supremo por parte del mandatario.
De este modo, añadió que “de ahí en adelante vendrá un calendario de implementación que corresponderá explicitar a quiénes van a asumir esta responsabilidad”.
Por otra parte, consultado el ministro sobre el pacto de silencio por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas sobre los hechos ocurridos en dictadura dijo que “en el contexto de las investigaciones judiciales, cada vez que los jueces de dedicación exclusiva han requerido información específica a las FF.AA., o cada vez que se han constituido en un recinto militar con el propósito de obtener antecedentes, las FF.AA. han proporcionado la información de esos requerimientos específicos “.
La jornada de este jueves el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a los subsecretarios Jaime Gajardo (Justicia) y Xavier Altamirano (DD.HH.), encabezó el “Comité extraordinario interministerial de Derechos Humanos”. Instancia en la que, junto a las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo Social, Segpres, Educación, Mujer y Equidad de Género, abordó el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura civil-militar.
El secretario de Estado detalló que en este encuentro se desarrollaron los aspectos centrales de la iniciativa, cuyos contenidos esperan zanjarse en un próxima cita programada para el 28 de julio, “previo a que sea remitido al Presidente de la República para su análisis y la suscripción de éste el 30 de agosto de este año, que es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas”.
“Durante julio, además de las reuniones habituales que tenemos con las agrupaciones, vamos a tener dos encuentros para ver los detalles ya más específicos del proceso de participativo que hemos tenido. Esta semana tuvimos reuniones con los ministros de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos para adelantar las líneas centrales del Plan Nacional de Búsqueda”, agregó.
Por otra parte, el titular de Justicia se refirió a la renuncia de Patricio Fernández como encargado de la conmoración de los 50 años del Golpe de Estado, y a la construcción por parte del Gobierno de un relato único en torno a este hecho a partir de la salida del escritor.
En esa línea, si bien evitó ahondar en su polémica salida, manifestó que “nosotros estamos abocados al desarrollo e implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que es transformar o construir una política pública permanente con el propósito de conocer las circunstancias en que cada una de las personas que fueron detenidas y hechas desaparecer sea de conocimiento público y, además de eso, conocer sus trayectorias”.
“Hasta el día de hoy, aunque sea difícil creer, esa información el Estado de Chile no la tiene, lo que sabemos son resultados de investigaciones penales específicas. Esa información general no la sabemos. El Ministerio de Justicia ha estado focalizado en la construcción y en el diseño del Plan Nacional de Búsqueda, ha aplicado esfuerzos, consensos, trabajos con las agrupaciones, pero también con otros miembros de la sociedad civil y su objetivo no tiene sólo por propósito la memoria, la reparación, sino que también dimensionar la importancia que tiene los efectos de mirar a un adversario político como un enemigo que no requiere reconocimiento de dignidad”, indicó.
En cuanto al plazo que se tendrá para tener resultados en este Plan Nacional de Búsqueda, Cordero manifestó que “es la primera vez que el Estado de Chile va a tener una política pública permanente en materia de desaparición forzada de personas, hasta ahora lo que el país ha tenido son comisiones de verdad acotadas en el tiempo y, en segundo lugar, las acciones han descansando sobre los hombros de los familiares y sus abogados y abogadas”.
Por lo mismo, recalcó que el Plan Nacional de Búsqueda trata de transformar esos esfuerzos individuales en una política pública permanente. Así, a partir del 30 de agosto “comenzará el desarrollo de la integración de esa información y de la aplicación de tecnologías con ese fin”.
El secretario de Estado aclaró que la puesta en marcha de la iniciativa no sustituye a los jueces. Por lo tanto, es un mecanismo de doble vía de información. Cordero enfatizó que “el principal objetivo del Ministerio de Justicia por ahora es su aprobación y su instalación el 30 de agosto”, efectuándose esto último a través de la firma del Decreto Supremo por parte del mandatario.
De este modo, añadió que “de ahí en adelante vendrá un calendario de implementación que corresponderá explicitar a quiénes van a asumir esta responsabilidad”.
Por otra parte, consultado el ministro sobre el pacto de silencio por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas sobre los hechos ocurridos en dictadura dijo que “en el contexto de las investigaciones judiciales, cada vez que los jueces de dedicación exclusiva han requerido información específica a las FF.AA., o cada vez que se han constituido en un recinto militar con el propósito de obtener antecedentes, las FF.AA. han proporcionado la información de esos requerimientos específicos “.
