En el marco del 187º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este miércoles 12 de julio se llevó a cabo una audiencia pública virtual sobre la cooperación internacional para la protección de derechos de personas en movilidad.
Lucía Galoppo abogada de CAREF señaló en la audiencia que “en Sudamérica, venimos documentando el progresivo abandono del modelo de integración y su reemplazo por políticas de control migratorio”.
En ese sentido indicó que “en la práctica, se traduce en medidas que limitan el acceso a derechos de personas migrantes en situación irregular; sanciones administrativas por ingresos por pasos no habilitados aún en el contexto de pandemia; la priorización de reconducciones, expulsiones y la militarización de las fronteras como prácticas recurrentes para desincentivar la migración, tal como observamos en la frontera en Chile, Perú y Bolivia”.
En tanto, Mabel Cobos, coordinadora del programa de Migraciones y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano expresó que “la cooperación y coordinación internacional no ha atendido las causas estructurales de la movilidad humana y fomenta una política regional de criminalización y no de atención”.
La representante puntualizó que “el enfoque de una estrategia de causas raíz de la movilidad, no puede ceñirse a la creación de oportunidades económicas, sino que es necesario hacer frente a las crisis democráticas, de corrupción y de violencia que motivan la huida de cientos de miles de personas de sus países al año en nuestra región, así como otras causas estructurales de la movilidad como los desplazamientos por el clima”.
Respecto a los avances, desafíos y el trabajo que puede hacer la comisión en torno a los derechos de las personas migrantes en la región, Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó la necesidad de “avanzar hacia un enfoque regional coordinado y colaborativo. Solamente es posible atender la migración en nuestra región si se hace a partir de un enfoque de responsabilidad compartida, pero diferenciada”.
Además, enfatizó en el movimiento migratorio sin precedentes que está ocurriendo y que ningún Estado puede abordar en solitario. En ese sentido, valoró los esfuerzos internacionales como el Pacto mundial de Migración, la Conferencia Sudamericana de Migración y la Declaración de Los Ángeles, entre otros. Asimismo, destacó el desarrollo y vigencia del derecho internacional de los derechos humanos. Pero puntualizó en la necesidad de cambiar la narrativa sobre las personas migrantes “para que exista a nivel de estados, pero también al interior de ellos, un pleno reconocimiento a la contribución que hacen las migraciones al propio desarrollo económico”.
Las organizaciones de derechos humanos finalmente solicitaron a la CIDH preparar un informe regional centrado en las violaciones de derechos humanos que ocurren en las fronteras internacionales, identificando también los patrones de discriminación racial vinculados a dichas vulneraciones y el monitoreo a la implementación de la Declaración de Los Ángeles bajo el liderazgo del Relator sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la CIDH.
“Instamos a los Estados y a los distintos organismos internacionales a mantener la perspectiva de derechos humanos como principio rector indispensable en la discusión, diseño e implementación de políticas relativas a las personas en movilidad a lo largo de la región”, sostuvieron.
En la instancia expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil entre las que destacan Amnistía Internacional, CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Observatorio Ciudadano, Movimiento Acción Migrante, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro-migrantes de Chile y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). También estuvieron presentes distintos organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), CEPAL y la secretaría pro témpore del Proceso de Quito que actualmente recae en Chile.
