Este martes la ministra del Trabajo Jeannete Jara presidió la primera reunión con expertas y expertos técnicos de partidos políticos, para dar viabilidad a la reforma de pensiones.

El diputado de la bancada del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano, fue uno de los cinco parlamentarios presentes y conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para explicar la propuesta del Ejecutivo en lo referido a la reorganización de la industria de pensiones.

De acuerdo a Giordano, lo que el Gobierno propone es entregar la inversión de fondos a privado,  y el pago de pensiones de pensiones a un ente público, que, a su vez, también podría licitar parte de sus tareas a privados. Justamente, este último punto es visto por el diputado con “cautela”.

¿Qué fue lo que se planteó en la reunión respecto a la reorganización de la industria?

Tuvimos una primera sesión que lo primero que ayuda es a que se incorporen actores que se habían restado de los espacios de debate, como es prácticamente toda la derecha, pero también otros actores que simplemente no son parte de la Comisión de Trabajo y no habían tenido la posibilidad de tener una aproximación a una reforma que es muy compleja técnicamente.

Lo que se analizó y que propone originalmente la reforma del Gobierno, es la separación de la industria, es decir, que hayan actores privados, que se dediquen a la inversión de los fondos, pero que la administración propiamente tal, la cobranza, el pago de beneficios, la relación con las personas, sea con una institucionalidad pública. Esto termina, de una u otra manera, con un negocio y a través de la economías de escala permite que esas ganancias, en vez de ser utilidades de un privado, se traduzcan en aumentos de las pensiones. Incluso, en algún momento el Gobierno señaló que según sus cálculos, esto permitiría subir las pensiones autofinanciadas en alrededor de un 24%. Esto solo con la reorganización de la industria, todavía sin entrar a otras discusiones de fondo como mayores cotizaciones, aportes de empleador, seguro social, que son parte del debate que hay que dar.

En resumen, el ente público estaría a cargo de pagar las pensiones y los privados estarían en el tema de las inversiones.

Esa es la propuesta original de reforma. Por cierto, que la reunión de ayer sirvió para que sectores diversos presentaran sus observaciones, sus propuestas y también el Ejecutivo, de una u otra manera presenta una alternativa que flexibiliza su propuesta original, que es la de licitar estas actividades de soporte que realizaría este nuevo ente público, a privados.

Frente a eso nosotros hemos sido cautos, ya que nos parece que es algo que hay que analizar con mucho cuidado, precisamente porque existen riesgos asociados de que esto sea administrado nuevamente por privados. Tenemos un ejemplo concreto, que es el de la AFC, que es un consorcio de AFPs y quienes reciben utilidades por más de 11 mil millones, sin que eso se traduzca en beneficios.

Nos parece que de alguna u otra manera hay que analizar cada una de estas iniciativas en su propio mérito, sobre todo porque nos parece que además provienen de una negativa que ha tenido la oposición, con entender la necesidad de un rol más prominente del Estado y de lo público, en algo tan relevante como es la garantía de un derecho social. Creo que hay ejemplos que echan por tierra esa tesis de que lo público es necesariamente un problema, o que pueden existir problemas de eficiencia o de gestión. Tenemos al IPS que ha tenido un desempeño bastante exitoso, transparente, además de eficiente, en el pago de la PGU y también de los beneficios que hubo en la pandemia, que fueron millones de transacciones.

Pero volviendo a esta propuesta de que se liciten ciertas funciones a privados. ¿Eso le hace ruido? ¿Cree que se tiene que seguir estudiando?

Nosotros creemos que esto se tiene que analizar en su propio mérito. ¿Qué significa eso? Significa que si había una proyección de cómo se trasladaban los beneficios de realizar economías de escala, a través de una sola institución pública, que no cobra comisiones, que no tiene fines de lucro, y que eso permitía aumentar un 24% las pensiones autofinanciadas. Bueno, ¿qué significa que esta idea se cambie, se transe, por una licitación privada? ¿Cuánto afecta eso el resultado final de la pensión? Finalmente eso es lo que uno esperaría que fuera el centro del debate. Lamentablemente, todas estas críticas, que finalmente gatillan en propuestas alternativas, en realidad tienen mucho más que ver con la preponderancia que ha tenido la voz del interés privado y particularmente de la industria de AFP. No se ha puesto en el centro el interés de las personas mayores, de quienes hoy día están jubilados con pensiones miserables, o quienes se van a jubilar durante los próximos cuarenta años.

Entonces, creo que hay que mirar todas esas propuestas que pueden generar consenso más amplio a nivel político, pero también, es parte de nuestra responsabilidad como parlamentarios y parlamentarias, transparentar si todas esas decisiones que pueden posibilitar algún grado de acuerdo, tienen un impacto en la pensión. Lo que nosotros queremos ver respecto a la licitación, es cuánto impacta negativamente la pensión y qué riesgos asociados pueden haber en la concentración monopólica de actores privados de una parte relevante del sistema. Puede que esas dudas se despejen, pero en el fondo lo vemos con cautela.

Muchas veces el argumento de la oposición en contra de la reforma, es que la mayoría de las personas quieren tener la libertad de elegir en cuanto a pensiones. ¿Cómo lo ve usted?

Efectivamente se ha instalado dentro del debate como una necesidad y es algo que está incorporado en la reforma precisamente por eso. La reforma propone que, como nunca, las personas puedan elegir entre un administrador público y privado. El monopolio del privado significa que las personas están obligadas a contratar un servicio, con fines de lucro, que le cobra una altísima comisión para ello. Entonces, hoy día no hay alternativas de elección y en general, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno instala el debate sobre la libertad de elegir, generalmente esa libertad es para quienes tienen capacidad monetaria. El tamaño de una billetera es la que permite elegir, lo mismo que pasa con las isapres.

En ese sentido, yo tendría cautela con que ni la libertad de elegir, ni otros conceptos que están en el debate, como la heredabilidad, la propiedad, la libertad, etcétera, ninguno de esos conceptos en sí mismo aumentan las pensiones. Hasta el momento, lamentablemente, ni la derecha, ni las AFPs han sido capaces de presentar una alternativa que sea distinta a esa defensa corporativa a intereses, ni una propuesta que se haga cargo de aumentar las pensiones hoy y no en cuarenta años más.

¿Y cuáles cree que son las posibilidades de que se llegue a un acuerdo en esta materia?

Yo esperaría que todos los sectores políticos pongan de su parte para construir un acuerdo que permita avanzar en la construcción de un modelo de seguridad social y de pensiones, que restituya los valores propios que debería tener un sistema que existe en el resto del mundo. Acá no estamos inventando la rueda, no estamos para volver a hacer experimentos que terminen siendo a costa de la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos, como ocurre con el sistema de AFPs, que es una apuesta inexistente en el mundo y que se implantó en Chile con una promesa que no se cumplió.

Yo esperaría que exista la voluntad de dejar ciertos sesgos ideológicos y ciertos intereses privados y podamos poner en el centro el interés superior de la ciudadanía, de la sociedad, de las personas mayores. Eso evidentemente implica para todas las partes entrar con cierta disposición de negociación, eso no lo puede desconocer nadie, pero yo esperaría que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo con el bien superior de las personas y segundo, ser capaces de transparentar cuando estos acuerdos no logren traspasar el mayor beneficio para la ciudadanía.