La noche del miércoles, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo para declarar inconstitucional la Comisión Asesora contra la Desinformación.

La instancia, que está funcionando al alero del Ministerio de Ciencia, pretende generar propuestas frente al problema de la desinformación en plataformas digitales, pero ha sido cuestionada por, supuestamente, pasar a llevar la libertad de expresión.

“Hay temas especialmente vinculados a la libertad de expresión, en los que cualquier modificación o acción requiere de una ley y no un decreto del Ministerio de Ciencia”, argumentó el presidente del Senado y militante de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Tras esta arremetida de senadores de Chile Vamos y Demócratas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la potestad del Ejecutivo para convocar asesores en distintas materias.

“Esta comisión va a revisión de la Contraloría y la Contraloría hace toma de razón de su legalidad. Por lo tanto, son fórmulas que son legales, que son facultad del Ejecutivo, y si es que empezáramos a determinar por ley si el Ejecutivo puede crear una u otra asesoría, vamos a rayar en el absurdo de interferir en facultades que son de otro poder del Estado y que son, además, del todo razonables”, planteó Vallejo.

Por su parte, el presidente del partido Comunes, Marco Velarde, aseguró no entender el sentido detrás de este proyecto de acuerdo y que esto solo se hace “con un ánimo de golpear al Gobierno”.

“El Presidente tiene la facultad, sus ministros tienen las facultades para poder estudiar y entender estos fenómenos y la ministra de Ciencia y la ministra Vallejo han sido súper claras en decir que esto no es legislación, solo va a proponer medidas y no va a afectar el desarrollo de los medios de comunicación ni le va a limitar la libertad de expresión a nadie”, afirmó Velarde, durante la primera edición de Radioanálisis.

En tanto, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, indicó que estamos frente a una “sobre reacción” de la oposición y puso énfasis en que la Comisión solo hará sugerencias y no tomará definiciones.

“Es una comisión de asesoría, de diálogo, que va a producir un debate al interior de cuerpos especializados, las universidades y que de ninguna manera sus conclusiones van a ser vinculantes para nadie. Si no es obligatorio el resultado de esta comisión, ¿cómo podría amenazar un derecho, una libertad concreta para alguien?”, cuestionó el legislador socialista.