“No voy a aceptar de ninguna manera algún tipo de hito de conmemoración que trate de idealizar lo del 18 de octubre”, dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tras ser consultada por la instalación de un memorial en la “Plaza Hundida” del Metro Baquedano.

Por estos días, el espacio que durante meses alojó el “Jardín de la resistencia”, se encuentra cerrado, con miras a una reinauguración a finales de 2023. La idea que hasta ahora contempla Metro es que el lugar vuelva a servir como una salida de la estación y que al mismo tiempo se constituya un homenaje formal a las personas asesinadas por agentes del Estado durante el estallido social.

Para abordar este tema, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con tres organizaciones de víctimas del estallido social que si bien apoyan la iniciativa, tienen distintas visiones respecto a la manera en que debería ser el memorial.

Juan Francisco Alarcón, presidente de la Agrupación de Víctimas de Violencia por Agentes del Estado (AVIDVAE), cree que el memorial no tiene que ser pensado “para un grupo específico, solamente para los sobrevivientes y familiares”, sino que debería hacerle sentido “a la mayoría, a la sociedad en su conjunto”.

“Una de las necesidades urgentes y una de las tareas que tenemos quienes luchamos por justicia, reparación y garantías de no repetición, es poder hacer que la defensa de los derechos humanos se transforme en algo entendido como necesario para la sociedad. Eso es lo que nosotros necesitamos y es por eso que creemos que debiese haber un memorial, pero que sea convocante y transversal”.

Marta Valdés, representante de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, considera que en el lugar deberían exponerse las imágenes de las personas que fueron violentadas entre octubre de 2019 e inicios del 2020.

“En ese espacio tiene que estar reflejado, lamentablemente, el horror que se vivió en esos días, para poder evitar que esos hechos se repitan. La única forma de que en este país no perdamos la memoria y que no se haga una cultura de la impunidad, es, justamente, recuperar esos espacios donde se violentó a tantos, para que sean lugares de recogimiento y de no olvido”, afirmó.

Por su parte, la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés, se mostró contraria a que el homenaje sea discreto y reducido. En una reunión en la que estuvo presente su organización, dirigentes vecinales, representantes de Metro y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, esa fue la propuesta que se hizo.

“Nosotros estuvimos en estas reuniones y vimos el trabajo que tenían los vecinos, vecinas y locatarios. Ellos tenían un proyecto arquitectónico donde contemplaba que el espacio donde estaba el jardín sea un espacio de memoria, pero no como lo quería plantear el Estado y el Metro. Ahí expusimos nuestras quejas, porque nos presentaban algo que era bastante pequeño y que no tiene mayor significancia. Nosotros esperábamos otra respuesta”, dijo Valdés.

Consultado respecto a la postura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que incluso ha sugerido incluir la destrucción de infraestructura pública y las agresiones a Carabineros en el memorial, el presidente de la AVIDVAE, Juan Francisco Alarcón aseguró “no estar sorprendido”.

“Entendemos que quieren relativizar y empatar, sabemos que la conmemoración de los 50 años les genera presión y entendemos que eso busca hoy día la alcaldesa Matthei. Criminalizar, aislar y resignificar el relato de lo que fue realmente la revuelta popular de octubre de 2019. Tratarnos de criminales, de delincuentes, de anti sociales, de marginales, que han sido los conceptos que han ocupado para referirse a los sobrevivientes y familiares de la revuelta popular de octubre”.

Marta Valdés, de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, coincidió en que se trata de una política de empate.

“Aquí las personas que fueron las víctimas son las que fueron violentadas por el Estado. Esas son las víctimas. Lo demás es querer ensuciar y mermar ese espacio, comparándonos con quienes nos violentaban (…) No hay 500 carabineros mutilados, no tenemos ningún carabinero ciego, entonces, ¿de qué estamos hablando?”.

En tanto, Camila Valdés, de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, señaló que justamente por esos discursos es que se hace necesario comenzar a construir memoria.

“Hay que rescatar las historias de los compañeros y compañeras que han tenido que sobrellevar las violaciones a los derechos humanos. Ahí van a ver la correlación de información, que va a dar cuenta de que no somos delincuentes y que no andábamos haciendo daño. No somos criminales, somos personas que salimos a las calles a buscar dignidad”.

La fallida mesa de reparación

Pero no solo la memoria está entre las preocupaciones de las víctimas y sus familiares, sino también otros elementos, como la justicia, la verdad y la reparación, que a su parecer, no ha sido proporcionada por el Estado.

El año pasado, la Subsecretaría de Derechos Humanos organizó una mesa de reparación, en la que autoridades estatales se reunieron con víctimas de distintas regiones. Hoy, sin embargo, las agrupaciones cuestionan lo acotado del espacio y su falta de resultados.

“Nosotros tuvimos que exigir que se generará un encuentro en la Región de Tarapacá, porque se les estaba dejando fuera. Se manipularon los encuentros, de cierta manera. Seleccionaron qué lugares sí y qué lugares no a conveniencia, para que no llegaran las posturas más críticas a estas instancias, pero lo concreto hoy en día es: ¿Dónde está el catastro nacional que nos prometieron? ¿Dónde está el proyecto de ley que iba a salir a raíz de todos estos encuentros? Yo creo que se generó una tremenda disonancia entre lo que dijeron que iban a hacer y lo que realmente hicieron”, dijo Juan Francisco Alarcón.

Pese a esta mala experiencia, por estos días, las organizaciones se encuentran expectantes. Por un lado, algunas de ellas se han estado reuniendo con parlamentarios del Partido Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, en una mesa de trabajo; y por otro, las conversaciones con la Subsecretaría de Derechos Humanos se han ido retomando.

A Marta Valdés, por ejemplo, le adelantaron la instalación de un recinto especial del Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO).

“Hoy día sí se han generado cambios, se han generado situaciones que son importantes, como la casa que vamos a tener de PACTO. Una casa que no solamente incluye a las víctimas de trauma ocular, sino que la atención de todas las víctimas del estallido social. Eso nos parece muy importante y muy interesante y en ese camino hemos ido avanzando”.

De sus encuentros con representantes del Gobierno, Camila Valdés también ha desprendido “que van a extender las atenciones a perdigones y casos graves”.

“Vamos a ver ahora que va a pasar con este Gobierno. Si va a responder en torno a nosotros y nosotras, con referencia a la reparación y a lo que también buscamos que es justicia, verdad y no repetición, que es lo más necesario hoy”.