Esta mañana el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, junto al director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, se reunieron con los persecutores adjuntos que lideran las investigaciones agrupadas bajo el Caso Convenios con el objetivo de aunar los esfuerzos y perseverar en las indagatorias que se han instruido a 32 fundaciones y corporaciones a lo largo del país.

Esta mesa de coordinación pretende lograr un avance de “manera uniforme”. Además, según lo señalado por el fiscal nacional “en segundo término, para poder estar seguros de que les estamos proveyendo de toda la información, de todo el apoyo, toda la logística y de todos los recursos que son necesarios para que estas investigaciones avancen“.

En detalle, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía señaló que las investigaciones comprenden hasta ahora “desde Arica a Magallanes que impactan en más 10 fiscalías regionales que el día de hoy tienen al Ministerio Público abocado con 19 causas no tan solo de fundaciones y corporaciones, sino también algunas ONG y personas jurídicas”.

La coordinación en estas indagatorias se debe, además, porque las fundaciones investigadas tienen despliegue por distintas regiones del país, lo que hace necesario un trabajo en conjunto.

Por su parte, para Valencia “no cabe duda que existen (…) ciertos asuntos que estamos investigando que tienen ciertos rasgos comunes evidentes“.

En esa línea, la autoridad señaló que “se trata de asuntos en los cuales ha habido transferencia de fondos principalmente desde los Gobiernos Regionales, sin perjuicio que también existen transferencias desde algunas Seremi donde se ha transferido fondos a fundaciones, casi en su totalidad, de formación muy reciente”,

“Esas transferencias se hicieron mediante contratos que no establecieron un conjunto de garantías o requisitos que generalmente se imponen en este tipo de transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, por ejemplo, no existieron pagos parcializados, exigencias de boletas de garantía, en muchos de esos casos además hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones de beneficencia y la experiencia de quienes forman parte de sus equipos, de su directiva, con los servicios que se comprometieron a prestar”, explicó Valencia.

Entre los delitos que podrían eventualmente confirmarse, el fiscal Valencia anunció que tienen relación con los cometidos por empleados públicos, es decir fraude al fisco, tráfico de influencias, de negociaciones incompatibles y malversación de distinta naturaleza. 

Sobre la cifra total de los fondos traspasados a fundaciones y corporaciones y que se encuentran bajo el cuestionamiento del Ministerio Público, el fiscal nacional aseguró que, tal como se conoce hasta ahora, abarcarían miles de millones de pesos, pero “la cifra total está en evolución” aunque aseguró que “no es prudente hablar de una suma total y llegar a la conclusión de que todo aquello es una suma defraudada“.

Respecto al número de organizaciones investigadas, Valencia detalló que “son 32 fundaciones, son 10 fiscalías regionales a cargo pero son 11 regiones porque un asunto que se detectó en el Maule se remitió por un aspecto jurídico a la fiscalía de Antofagasta”.

Cabe destacar que tras la reunión, Valencia precisó que “ninguna persona está exenta de eventualmente ser citada“, lo que abre la puerta a que ministros de las carteras que están bajo esta indagatoria puedan ser cuestionados por el Ministerio Público.

Por último, desde la Fiscalía se descartó, por el momento, que los casos se unifiquen y, en su lugar, las fiscalías regionales continuarán dirigiendo de manera particular las investigaciones en sus respectivos territorios.

Imagen de Portada: Agencia ATON