En medio de la preocupación que ha generado en la población y en las autoridades el avance del sistema frontal en la zona centro-sur del país, el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, se refirió a los desafíos que tienen las distintas instituciones para enfrentar los efectos del cambio climático.

Esto, considerando que algunas de las zonas más afectadas por las precipitaciones, antes, durante el verano, han tenido que lidiar con la propagación de los incendios –muchos de ellos también intencionales- tales como en las regiones de O’Higgins y El Maule.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el también académico del Departamento de Geografía de la Casa de Bello reconoció que abordar estos fenómenos desde la institucionalidad “no es simple, porque hay coordinar todos los territorios, debe haber capacidades a distintas escalas, tanto a nivel regional, provincial como comunal. También hay un tema de recursos que permite que los territorios estén más o menos preparados”.

“Uno ve municipios con mayores recursos, tienen infraestructura para enfrentar, por ejemplo, aluviones, como la Quebrada de Macul u otras zonas acá en Peñalolén. Hay también encauzamiento de las quebradas, entonces, permiten justamente resguardar ciertas zonas, pero falta un plan integral para manejar las distintas amenazas que afectan a los territorios”, expresó.

En ese sentido, Sarricolea consideró que “lo que hay que hacer es planificar el territorio responsablemente, inyectando los recursos que sean necesarios, en primer lugar, para hacer un buen análisis de amenazas, estudios para saber dónde están. Cómo urbanizar afecta, por ejemplo, los cambios en la escorrentía superficial, cómo se van concatenando situaciones que antes uno no veía en las zonas de expansión urbana, porque si yo voy urbanizando, estoy cambiando los patrones de infiltración de las aguas y estas siempre escurren hacia zonas más bajas”.

Por lo mismo, remarcó que la preparación de las ciudades “tiene que ser integral, tiene que ser sistémica, entender que lo que yo haga en un territorio aguas arriba va a afectar aguas abajo. Tiene que haber una planificación que sea viendo los peores escenarios estadísticos posibles y aprender de las lecciones del pasado, o sea, si ya sabemos que en algunos territorios con cierta frecuencia ocurren inundaciones e incendios, pues lo que hay que hacer en esos lugares es tomar medidas pertinentes de planificación, generar zonas de mitigación, adaptación y, en las áreas donde no se ha visto problemas, ver si las nuevas urbanizaciones podrían generar riesgos de desastres”.

Asimismo, planteó que “hay instrumentos que permiten evaluar individualmente proyectos, por ejemplo, las declaraciones de impacto ambiental (DIA). La mayoría, por la cantidad de viviendas, opta por una DIA que tiene menos detalle de impactos y profundidad que los estudios de impacto ambiental (EIA). Efectivamente, si yo urbanizo, uno de los principales impactos es el cambio en la permeabilización de suelo por los pavimentos y otras superficies. Entonces, eso tiene que hacerse más seriamente”.

“Creo que la mayoría de los proyectos debiera tener un miramiento con más detalle y que la planificación territorial haga estudios fundados de riesgo como debiesen ser, o sea, si voy sumando proyectos individuales la suma de los efectos puede ser aún mayor de lo que individualmente se tiene”, explicó.

Desde esa perspectiva, consideró que “creo que estamos avanzando más lento, en que los efectos de los riesgos se están notando. Creo que debemos tomar urgencia, así como nos hablan de urgencia climática, debemos ser todavía más enfáticos, porque se va a seguir construyendo en zonas de amenaza. Ya vimos en 2017 grandes incendios, en 2022-2023 también, hay lecciones que todavía están pendientes y en el tema inmobiliario hay intereses económicos muy fuertes. Entonces, creo que hay que tomar medidas todavía más drásticas para que logremos disminuir los riesgos para la población”.