Las cuestionadas aguas son aquellas tratadas en la central atómica de Fukushima, líquido contaminado con radioactividad durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados y el combustible fundido como consecuencia del accidente nuclear desencadenado por el terremoto y tsunami de marzo de 2011. No obstante, ante la inminente necesidad de verter esa agua para desocupar los gigantescos receptáculos donde ha sido contenidos hasta ahora y que se encuentran en su punto de saturación, el Gobierno y la empresa propietaria de la central, Tokyo Electric Power (Tepco), han dicho que “la seguridad” del vertido ha sido comprobada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dependiente de Naciones Unidas, por lo que decidieron comenzar esta misma semana con el vertido, según afirmó el primer ministro nipón, Fumio Kishida, tras una reunión con los ministerios involucrados en la gestión del desastre atómico.
Asimismo, Tokio argumenta que la descarga del agua es esencial, pues de ese modo podrá proseguir con el desmantelamiento de la planta y la recuperación del territorio que comprende la prefectura de Fukushima, devastado tras el desastre que significó el poderoso terremoto y posterior maremoto ocurridos el 11 de marzo de 2011, el mayor sismo en la historia de Japón -y el cuarto en todo el mundo- al alcanzar una magnitud de 9 grados en la región de Tohoku. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte oposición entre la población civil, los pescadores y las organizaciones ecologistas, además de las críticas de países vecinos como China y Corea del Sur, cuyos gobiernos han anunciado que dejarán de adquirir productos de consumo provenientes de Japón para resguardar la salud de sus respectivas poblaciones.
Pero no sólo eso, porque esta decisión, que pondría fin a un debate que ha durado ya más de siete años sobre qué hacer con esta agua, ha generado fuertes reacciones de los grupos antinucleares a nivel internacional y también local. De hecho, este mismo martes y tras el anuncio del gobierno, dichos grupos, de profunda raigambre en Japón, han iniciado una protesta permanente frente a la casa del primer ministro Kishida. Ellos ponen en duda las conclusiones de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), que afirmó que los funcionarios de la Autoridad de Regulación Nuclear del Japón mostraron su total compromiso con seguir las normas de seguridad en este proceso, el que puede durar décadas.
Tampoco ha tranquilizado a los residentes ni a los pescadores locales, ni menos, como decíamos, a países vecinos como Corea del Sur o China. Nadie olvida que como consecuencia del maremoto, tres reactores de Fukushima entraron en fusión nuclear cuando las aguas del océano superaron las defensas, liberando a la atmósfera material radioactivo que, a lo largo de los años, causó que miles de personas enfermasen y terminaran perdiendo la vida tras haberse expuesto a dichas sustancias radioactivas en suspensión. Esto, sin olvidar que la misma radiación en las deshabitadas zonas circundantes a Fukushima no permitirá albergar vida en los próximos ¡24 mil años! según ha publicado la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
De igual manera, el Foro de las Islas del Pacífico, integrado por 18 países, entre ellos Australia y Nueva Zelanda, ha manifestado su preocupación por el posible impacto de la radiación en las aguas del Pacífico, medio de subsistencia para cientos de miles de mujeres y hombres del mar en esa región. Muchos de ellos ya padecieron en el pasado las pruebas atómicas de Estados Unidos y Francia, por lo que han exhortado a Japón a suspender el vaciamiento.
Por su parte, China considera que la evaluación de la OIEA “no es prueba de legalidad y legitimidad” y ha llamado a boicotear los productos japoneses, sin mencionar a los pescadores y residentes cercanos a la planta, quienes se oponen tenazmente al vertido por temor a que los consumidores eviten adquirir el marisco de la zona, mientras diversos estamentos de la sociedad civil nipona muestran su preocupación por el impacto ambiental que significará el proceso a iniciarse el jueves.
Ken Buesseler, radioquímico marino del Instituto Oceanográfico Woods Hole (Massachusetts, EE.UU.), ha puesto de manifiesto que no se han investigado otras alternativas como construir más tanques o utilizar el agua tratada para fabricar cemento. “Creo que sólo quieren la solución más barata y rápida, que es una tubería en el océano”, dijo en declaraciones al New York Times.
Por su parte, Robert H. Richmond, miembro de un grupo de científicos internacionales que evalúa los riesgos que presenta el plan de liberación de aguas residuales, ha estimado que liberar el agua radioactiva es “imprudente y prematuro”.
Curiosamente, la medida sí cuenta con visiones positivas, como la de Luis Echávarri, ex director general de la Agencia para la Energía Nuclear -de la OCDE- quien ha valorado que el vertido al mar es “la menos mala” de las opciones, ya que inyectar el agua contaminada en el subsuelo o vaporizarla “tenían sus riesgos”. Además, destaca que la seguridad de esta medida viene respaldada por un “informe exhaustivo e independiente” del OIEA, según declaraciones recogidas por EFE.
