Como una forma de torcer la voluntad de la mayoría del Parlamento calificaron desde la UDI el anuncio del Gobierno a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, la decisión de vetar algunos artículos de la ley sobre usurpaciones que fue aprobada ayer en el Senado y que quedó de esa manera lista para ser promulgada por el Presidente de la República.

Sin embargo, la determinación implica que el Ejecutivo se tomará los 30 días que tiene por norma para evaluar si impugna una o todo el articulado, con lo que se espera que aplique la medida por ejemplo en el caso de la legítima defensa.

Para el senador y presidente de esa rama del Parlamento, Juan Antonio Coloma, “uno tiene que buscar buenos acuerdos, pero también tengamos claro que hoy uno de los problemas severos que existe en Chile es la absoluta falta de un Estado de Derecho en las usurpaciones, y este es un proyecto que lleva muchos años en discusión, por eso fue parte de la agenda de seguridad”.

Con ello criticó el adelanto hecho por la jefa de gabinete, lo que a su juicio demora que el país cuente con una medida que considera es necesaria.

“El Gobierno podría intentar un veto, veremos el mérito, pero lo que sí es clave es que haya ley que enfrente las violaciones a derecho de propiedad que en muchas partes de Chile existen”, complementó.

Por su parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que “para nosotros es muy importante lo que ocurrió en el día de hoy (ayer) como señal para el término de la impunidad en usurpaciones”.

De esta forma, realizó un llamado al Gobierno expresando que “más allá de la cuestión política, nosotros le pedimos que no haga uso de la facultad de vetar este proyecto de ley. Lamentablemente, la señal que le va a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de las usurpaciones es absolutamente negativa, es ponerse del lado de la impunidad”.

Por su parte, la ministra del Interior comentó que desde el Ejecutivo “consideramos que, éticamente, es nuestro deber vetar la ley”.

Tohá subrayó que “lo que tenemos claro es que va a haber veto, tenemos 30 días para esto, pero los aspectos fundamentales donde hay acuerdo no los vamos a tocar“.

Esto porque “el Ejecutivo estaba de acuerdo con esta ley, pero no con esta aberración que se le pudo en el camino”, explicó la secretaria de Estado.

La ministra indicó que “queremos vetar ciertos aspectos que son muy conflictivos, pero al mismo tiempo no queremos sacrificar otros aspectos que son positivos y que estaban en el espíritu inicial del proyecto”, precisó en conversación con Radio ADN.

“El espíritu inicial del proyecto era elevar las penas, transformar este delito como uno permanente, que habilita la acción de la policía en cualquier momento y en eso estamos de acuerdo”, añadió.

La ministra manifestó que “en lo que sí hay disputa es en la habilitación de una legítima defensa privilegiada permanente y que no se agregó en la Cámara de Diputados, sino que se agregó en el Senado”, afirmó la ministra.

“Otra cosa que queremos vetar es que, en el afán de aumentar las penas, con lo que había acuerdo, se igualó la pena para la usurpación que se hace con violencia o intimidación, con amenazas o hiriendo a alguien, con la que, por ejemplo, rompe un candado o salta una reja”, agregó.

“La legítima defensa privilegiada en las usurpaciones es una prerrogativa permanente, o sea, lo puedes aplicar dos meses después de que fue usurpado el bien. Entonces, alguien puede preparar un grupo de personas, armarlas, e ir por sus propios medios a repeler la usurpación”, sostuvo Tohá.

Leonardo Soto: “No se puede hablar de oficialismo”

La votación del proyecto sobre usurpaciones también trajo otras consecuencias, esta vez de carácter político al interior del oficialismo.

Esto porque en ambas cámaras del Congreso los parlamentarios votaron divididos, provocando que algunas medidas impulsadas por la oposición terminaran por instalarse en la nueva normativa.

Al respecto, el diputado socialista Leaonardo Soto, cuestionó la postura de los legisladores de Apruebo Dignidad, los que dijo votaron junto a los republicanos en algunas partes de la discusión.

“Tuvimos un desacuerdo importante, porque en las indicaciones que firmó el Presidente Boric en el proyecto de usurpaciones, en al menos tres de ellas votamos divididos. Apruebo Dignidad votó de las indicaciones del propio presidente Boric, en una votación incluso hubo 111 votos y sólo 24 a favor que prácticamente eran del Socialismo Democrático, es decir, Apruebo Dignidad unió sus votos al Partido Republicano para votar en contra de una indicación suscrita por el presidente Gabriel Boric”, planteó el legislador del PS.

Por eso señaló que a su juicio “no se puede hablar de oficialismo, de ser una coalición y de reforzar el apoyo al presidente Boric, si en los hechos, en las votaciones, finalmente se vota en contra de lo que él quería en materia de usurpación”.