Como un problema del Gobierno consideró el diputado por la Región de La Araucanía Jorge Rathbeg (RN) la postura que adoptaron parlamentarios de su sector que aprobaron la tarde de ayer el proyecto de usurpaciones incluyendo la cuestionada defensa legítima.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario precisó que a pesar que la oposición no tiene mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, la propuesta pasó de igual forma a tercer trámite en el Senado.
Frente a la postura del Ejecutivo de no descartar un veto a la moción por considerar que esta deja abierta la posibilidad de ejercer justicia por mano propia, el legislador sostuvo que “las formas de resolver los conflictos son tres. Uno, la autotutela, que es la forma que tiene la persona de defenderse por sí misma, por ejemplo, cuando alguien lo agrede y uno se defiende. La autocomposición, que es el acuerdo mutuo que puede existir entre dos partes en un conflicto; y la tercera opción es el proceso, que es la justicia que tiene que juzgar este tipo de cosas”.
“Lo ideal es que se pudiese ocupar estas últimas dos opciones, la autocomposición o el proceso, pero cuando ninguna de las dos finalmente no resuelve el conflicto es la posibilidad que tiene legítimamente la persona de poder defender respecto de una agresión ilegítima”, expresó.
En esa línea, explicó que esta situación planteada en el proyecto “nace porque el delito de usurpación ya no es un delito que se ejecuta en un solo momento, sino que de alguna u otra manera se transforma en un delito permanente. Esto va no solamente pensando en predios agrícolas, terrenos rurales, sino que en una vivienda donde a lo mejor sus propietarios tuvieron que salir por una emergencia y la dejaron deshabitada por una semana y se dan cuenta de que a la vuelta hay personas que la están habitando”.
Según Rathgeb “esta posibilidad de que el delito se transforme en permanente le permite inmediatamente recurrir a la justicia para proceder a desalojar a las personas y no tener que hacerlo dentro de las 24 o 48 horas desde que se produce la ocupación. Es ahí donde surge la duda respecto de si las personas tienen la facultad de proceder por sí mismas a desalojar, por cuanto si la justicia no actúa, no procede, no hay un acuerdo entre las partes, tiene que existir siempre la posibilidad de acceder a este tipo de opción”.
Asimismo, remarcó la aprobación de la legítima defensa “tanto con votos de la oposición como parte del oficialismo. No es una norma que se haya impuesto a rajatabla, la oposición hoy día no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y, sin embargo, esta norma pasó igual. Por lo tanto, el problema lo tiene el Gobierno, que no pudo convencer a sus propios parlamentarios de una norma que no les acomoda”.
De todos modos, el parlamentario destacó la importancia de definir los alcances de la legítima defensa en el proyecto de usurpaciones, puesto que a su juicio “no puede existir autotutela para todo tipo de cosas”: “Dónde corremos el deslinde es lo que tenemos que establecer para que finalmente no haya una ley de la selva”, dijo.
Desde esa perspectiva, manifestó que “también tiene que haber cierta proporcionalidad respecto del medio empleado para impedirla, así por lo menos lo dice la legislación actual respecto de la legítima defensa, para repeler esa acción ilegítima que se está ejerciendo en contra de mis bienes o de mi persona”.
“La legítima defensa no es abierta absolutamente, tiene cierta reglamentación que debe ocuparse y probablemente si se aplicara esta normativa tal cual está, no le habilita a una persona ocupar medios exageradamente violentos para poder actuar”, enfatizó.
