57 policías y guardias penitenciarios continuaban retenidos este viernes en seis cárceles en Ecuador, entre ellas las dos mayores, Cuenca y Azogues, tras amotinarse en protesta por los allanamientos de la Policía y las Fuerzas Armadas en la prisión de Latacunga, en el marco de operativos para requisar armas dentro de los recintos, según lo permitido por el estado de excepción decretado por el Gobierno de Guillermo Lasso, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El propósito es desarmar a las bandas criminales que controlan internamente las prisiones. Los reclusos comenzaron a amotinarse el miércoles y poco después, en las redes sociales, se hizo viral un vídeo grabado y emitido presuntamente desde el interior de la cárcel de Cuenca por parte de los propios policías y guardias carcelarios retenidos, en el que hacen un llamamiento al Gobierno para encontrar una solución que permita su urgente liberación. 

En la grabación, uno de los portavoces, que se identifica como el teniente de Policía Alonso Quintana, solicita al Ejecutivo que “no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. El hecho ocurre en medio de una jornada violenta por el estallido de dos coches bomba en Quito, y fue reconocido por el propio ministro de Interior, Juan Zapata, quien dijo a la prensa que el Gobierno está profundamente preocupado por la seguridad de sus funcionarios, afirmando que las autoridades manejan una línea de acción para salvaguardar la integridad de los retenidos, excusándose por no revelarla debido a razones de seguridad.

La ola de violencia en el antes pacífico Ecuador ha sido adjudicada por las autoridades a disputas de poder y al afán de controlar territorios y rutas del narcotráfico por parte de dichas bandas. Un detonante para la creciente violencia fue el asesinato -en 2020- de Jorge Zambrano, entonces líder máximo de la peligrosa banda local Los Choneros que tiene nexos con cárteles de México y cuyo vacío generó una encarnizada batalla entre otras agrupaciones delictivas por captar su liderazgo y controlar el negocio ilícito.

En tanto, el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, ratificaba a una radio local que las explosiones y la retención de los agentes penitenciarios “quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las Fuerzas Armadas y la policía de controlar estos centros”. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, por su parte, dijo que el Estado irá “hasta las últimas consecuencias” en su lucha contra el crimen organizado, cuyas bandas han reaccionado a las incursiones de la fuerza pública en las cárceles para despojarlas de armas, explosivos, municiones y otros objetos prohibidos.

Y como era de suponer, el miedo se ha convertido en cosa viva. Este viernes, de hecho, la candidata a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Luisa González, reveló a una radio local que existe una alerta por un supuesto intento de atentar en su contra y dijo que, finalmente, había aceptado la protección de las Fuerzas Armadas. La abogada y política ecuatoriana se desempeñó en diversos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y es la candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, que aglutina al correísmo. En esta misma línea, el comandante de la policía, Fausto Salinas, afirmó que ante los últimos episodios con explosivos se han tomado medidas preventivas con un efectivo refuerzo de la seguridad para los candidatos.

El analista de seguridad y docente de la Universidad Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, dijo que lo ocurrido tiene la clara intención de generar un clima de psicosis en la población e incidir en el ambiente político con miras en la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, advirtiendo que “vivimos una escalada del problema y ante el nivel de incompetencia del Estado, más adelante podemos esperar también atentados contra la población”, subrayó.

Y en la relación a la cadena de atentados, Pontón aseguró que este es un hecho “sistemático y claramente planificado”, preguntándose “¿y qué hace la inteligencia estatal ante estas situaciones?”, para responderse: “no ha hecho nada, aunque las órdenes seguramente salen desde las prisiones a través de celulares”.