El “llamativo” abrazo de los consejeros Paul Sfeir (Republicano) y Alejandro Köhler (socialista) que fue resaltado por gran parte de la prensa, no se tradujo en la aprobación de ninguna disposición en materia de derechos humanos.

Este viernes continuó la cuarta jornada de votación del pleno del Consejo Constitucional de los artículos del Capítulo II sobre “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, que incluye los temas de nacionalidad, ciudadanía y garantías de derechos y libertades y se aprobaron los estados de excepción, deberes constitucionales, derecho a la cultura, discapacidad, entre otros.

En el contexto de la discusión de la norma sobre “Nacionalidad y Ciudadanía”, Köhler se refirió al proceso que vivió en dictadura cuando junto a su familia fue expulsado después de dos años de prisión y tortura.

“Ser un apátrida, consejeros y consejeras, significa ser una persona que no es considerada como un nacional suyo por ningún Estado o país”, explicó el consejero.

La respuesta vino del consejero republicano que solidarizó con Köhler y expresó “a mí me tocó vivir la otra parte de la historia. La que se cuenta poco, pero que también ocurrió. Mi familia también sufrió”.

“Esas vidas nos tocaron vivir, pero hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente, usted y yo, y todos nosotros. Usted de un lado, yo del otro, pero juntos, con un mandato que nos exige entregar nuestras experiencias para que nunca más, ni a usted ni a mí, o a quienes representamos, nos vuelva a ocurrir”, agregó Sfeir.

Köhler agradeció el “genuino gesto”, pero indicó que espera que “esto se traduzca en acciones concretas que corrijan los graves errores y horrores de enmiendas que está aprobando la derecha en este Consejo Constitucional. Además, valoro que Sfeir haya pronunciado dos palabras que son casi prohibidas para la derecha chilena: el Nunca Más. Nosotros necesitamos escribir una Constitución que garantice absolutamente que nunca más una chilena o chileno de cualquier condición tengan que vivir los horrores que vivieron millones de chilenos”.

Por su parte, la consejera María Pardo (CS) afirmó que si bien se pronunciaron las palabras nunca más, sin embargo, “no se aprobó ninguna disposición en este sentido en materia de derechos y eso también hay que poner de relieve, porque más allá del gesto se requieren acciones en ese sentido. Se rechazó la iniciativa popular de norma precisamente que buscaba que nunca más en Chile se cometieran las atroces violaciones a los DDHH que se cometieron durante la dictadura. Más allá de los gestos, es necesario que se actúe y se vote conforme a ese criterio”.

Las votaciones

Durante la mañana del viernes, el pleno aprobó las normas relativas a la pérdida de ciudadanía por delitos terroristas, así como por los cometidos por autoridades públicas.

El artículo 20 fue sin duda uno de los que concitó mayor atención, pues innova en una de las causales para perder la calidad de ciudadano, incorporando lo que algunos en la oposición han llamado como “muerte cívica”.

Se apunta a que ésta se termina por “la pérdida de la nacionalidad chilena” y “por condena de pena aflictiva”.

Tras esto, se agregó el literal c que estipula la pérdida de la ciudadanía “por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas, así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”.

También se aprobó que “los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el literal b) la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el literal c) podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez cumplida su condena”.

Otra de las normas discutidas y votadas fueron las relacionadas con los estados de excepción, de catástrofe, conmoción interna y se incluyen el concepto de “amenaza terrorista” como causal para establecer el Estado de Sitio, lo que fue cuestionado por el oficialismo, porque establece la posibilidad de “arrestar a personas en sus propias moradas”.

Pardo afirmó que las causales de amenaza de terrorismo “serían un estado de excepción preventivo y eso es peligroso eso y no queremos que un estado de excepción se transforme en la norma  (…) no queremos constitucionalizar lo que simplemente sería una amenaza porque es una hipótesis muy abierta que puede generar este estado de excepción”.

Sobre las garantías de derechos fundamentales que también fueron votados, la consejera Pardo afirmó que “así como se ha desfigurado el Estado Social, hoy se ha debilitado uno de los contenidos más importantes en materia de derechos que son cómo garantizamos los derechos. Hoy en la Constitución del 80 sólo se puede recurrir ante los tribunales si ciertos derechos se ven afectados. Sabíamos que eso era insuficiente y por eso es que el anteproyecto se hizo cargo de eso. Sin embargo,  hoy tras las normas que fueron aprobadas por las derechas vemos que estos avances se ven seriamente limitados”.

Además, puntualizó que “los derechos no pueden ser letra muerta y aunque sabemos que estas normas de garantías son más técnicas de cara a la ciudadanía, son muy importantes porque lo que hacen es permitir que los derechos lleguen efectivamente a la ciudadanía y que cuando sean afectados, puedan ser corregidos”.

Agregó que “se limita la posibilidad de recurrir por acción de protección cuando hay discriminación en el acceso a los derechos sociales, eso es grave“.

La norma que podría limitar los derechos fundamentales establece que “sólo la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales” artículo 23 numeral 1.

En el pleno también se aprobó la mención a “las personas con discapacidad” en el texto constitucional. “El Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, y en particular velará por las formas de comunicación apropiadas, así como las medidas de acceso a la información que corresponda”, señala el Art. 38 bis aprobado.

Además, se aprobó por unanimidad la mención de los animales en el Art 38.9 que indica que “es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de conformidad a la ley”.

En la votación se aprobó  la mención de “los cuidados“:  “Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños y de los adultos mayores. La familia tiene el deber de cuidado de todos miembros. El Estado debe crear las condiciones necesarias para que el cuidado se realiza de forma adecuada y conforme a las necesidades tanto de la persona que cuida como aquella que es  descuidada”, dice la norma aprobada.