El próximo viernes 29 de septiembre vence el plazo para que el Gobierno presente el veto al proyecto de Ley de Usurpaciones que está siendo consensuado con las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo ha sido criticada por la oposición que considera que está pasando a llevar la voluntad expresada en el Congreso.
La determinación del Gobierno es modificar los aspectos más controvertidos del proyecto relacionados con la autotutela o legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente. Para ello está conversando con las distintas bancadas que han mostrado “buena disposición”, según la ministra del Interior, Carolina Tohá.
No obstante, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, expresó que el veto presidencial puede pasar a llevar la “voluntad democrática” del Congreso y causar un malestar en la ciudadanía.
El parlamentario indicó que “el Gobierno tiene que entender que si presenta un mal veto, no lo hemos conocido, no conocemos los alcances, entendemos que se está conversando en parte con la ministra Tohá de esto, la señal que se le está entregando a la ciudadanía es que se pueden estar poniendo del lado de los usurpadores“.
Sobre el tema, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que la medida del Ejecutivo busca “evitar a toda costa que esta ley se use para instaurar la ley de la selva y por lo tanto, en ese sentido el veto se tiene que hacer cargo de lo que hemos dicho desde un inicio que es resolver aquello que se aprobó en torno a la legítima defensa privilegiada o el autotutelaje, porque eso nos lleva a distorsionar lo que son las bases de un Estado de derecho”.
Precisó que “no podemos adelantar el tipo de veto, está en plenas conversaciones, que van a seguir, y por el bien de esas conversaciones y que lleguen a un buen puerto, más detalles no puedo dar”.
Frente a esta decisión, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que el Gobierno tiene el derecho a vetar la ley, aunque espera que sea “lo más restringido posible y ojalá de común acuerdo, de lo contrario tendrá que ser votado y los efectos de los votos son complejos. Lo peor que nos puede pasar es que se ponga un veto sustitutivo que deje en nada esta nueva ley. Sería a mi juicio, una mala señal”.
Agregó que el Ejecutivo debe entender que hay un esfuerzo del Congreso y “uno puede modificarlo para mejorarlo, no para dejarlo sin efecto, sería una buena noticia”.
Coloma precisó que si hay acuerdo con el Gobierno, el veto se podría presentar antes y se votaría este miércoles, de lo contrario sería la próxima semana dado que el plazo vence el viernes.
En esa misma línea se pronunció la senadora republicana, Carmen Gloria Aravena, que expresó sus discrepancias con la decisión del Gobierno por cuanto, “pudo haberse hecho un mejor trabajo prelegislativo que no fue muy acabado y esto está llegando a un punto que es bastante insólito y desde que estoy en el Congreso jamás había ocurrido que un Gobierno de una u otra manera, lo que hace es transformar un proyecto no en la naturaleza inicial que los autores teníamos, sino que tomar esta idea como suya y transformarla en otro proyecto”.
La legisladora precisó que esta situación está demostrando que “el presidencialismo es un tema bien complejo porque finalmente puede anular lo que se trabajó por tres años en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. No sabemos lo que va a ocurrir, pero esperamos que el Gobierno tenga real interés en sacar esta ley adelante que tiene prácticamente 150 años de retraso, es una ley muy obsoleta”
Desde los partidos del oficialismo, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, afirmó que el proyecto de veto que va a ingresar el Ejecutivo “tiene que ver con que no primó el sentido jurídico, el sentido común en la discusión de la ley. Nosotros insistimos en que no podía establecerse una autonomía tal de las personas, de la auto tutela, para poder recuperar un terreno tomado”.
Agregó que como colectividad, todos los legisladores se pronunciaron a favor del proyecto porque “entendemos que la usurpación es un problema, que hay una complejidad jurídica para recuperar terreno judicial también y por lo tanto, apoyamos entusiastamente este proyecto. Pero eso no quiere decir que el Estado renuncie a la función que tiene por antonomasia que es la de tener el monopolio de la fuerza”.
En tanto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, afirmó que “es inaceptable pensar en tener una ley que permita la autotutela, que permita y promueva el que sean particulares los que por la vía armada o por otras vías, estén atacando a otras personas, me parece que eso evidentemente tiene que quedar fuera de la ley”.
También cuestionó que “se condena con pena de cárcel a quien realiza tomas que son pacíficas, creo que hay que establecer claramente una diferencia entre distintas situaciones. Esperamos que efectivamente este veto se aplique y no tengamos una ley que significa un retroceso, volver al ojo por ojo diente por diente, lo cual me parece totalmente inaceptable”.
