El caso Penta de financiamiento ilegal de campañas políticas explotó en 2014 y, aunque ya se desarrollaron los principales juicios, en los próximos días se iniciará el correspondiente a su última arista pendiente. Y volverán a tribunales viejos conocidos del proceso.
Se trata del juicio oral en que se imputa a Empresas Penta e Inversiones Penta III como autoras del delito de soborno, y al exgerente de contabilidad del holding Penta, Marcos Castro Sanguinetti, como autor de soborno y varios delitos tributarios.
Esta semana culminará la preparación del juicio oral que se lleva adelante desde marzo pasado en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y traerá aparejada la reaparición en los pasillos de tribunales de una decena de figuras vinculadas a la política.
Así, durante el juicio se espera que no sólo los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y sus esposas comparezcan en el estrado, sino que también deberán hacerlo exministros del expresidente Sebastián Piñera, exparlamentarios y algunos empresarios.
En el listado aparecen, entre otros, el exsenador Carlos Bombal, el exdiputado Alberto Cardemil, el exdiputado Felipe de Mussy, el actual senador Iván Moreira, y los empresarios Manuel Cruzat y Andrés Navarro.
También los exsecretarios de Estado Laurence Golborne, Alfredo Moreno, José Ramón Valente, Andrés Velasco, además del exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, y el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner.
“Dentro de los próximos días se fijará la fecha del juicio oral para conocer de la acusación de la Fiscalía y los querellantes en contra de las sociedades del holding Penta, Empresas Penta e Inversiones Penta III, en su calidad de autoras de un delito de soborno y en contra del exgerente de contabilidad del holding Penta, Marcos Castro, también como autor de soborno y varios delitos tributarios”, indicó a La Tercera Felipe Sepúlveda, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y quien lleva adelante el caso.
Los sobornos de Sanguinetti
Es en el marco de este caso que el Ministerio Público indaga el pago de beneficios económicos que habría ofrecido, en nombre de Penta, Castro Sanguinetti al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez, condenado en juicio abreviado a cinco años de libertad vigilada y a multas por más de $ 300 millones.
El objetivo de estos pagos, de acuerdo con lo establecido en el marco de las pesquisas del ente persecutor, era que el funcionario pudiese revisar presentaciones y declaraciones de la empresa “a fin de evitar errores”, favoreciéndolos en la revisión de antecedentes.
Como se acreditó y expuso en su momento, Álvarez realizó rectificación de declaraciones tributarias de la empresa, generando devoluciones a su favor, y también, “abusando de sus funciones de fiscalizador” -como se indicó en la acusación de la Fiscalía-, efectuaba el desbloqueo de declaraciones observadas para que así pudiesen presentarse “en regla”.
Considerando aquello, el fiscal ha pedido una pena de 5 años y un día, multa del 300% del valor del tributo eludido y el pago de $30.456.960 (40 UTA) para el exgerente de contabilidad, así como también la pena de dos años de reclusión menor en su grado medio, y multa del 100% del provecho otorgado al funcionario público.
Y para las sociedades, en tanto, se solicita una pena de cuatro años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado y tres años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales, más una multa de $ 634.520.000 (10 mil UTM) a beneficio fiscal.
Diligencias del abogado de Penta
Pese a lo extenso de la preparación de este juicio, el abogado de Penta, Julián López, realizó acciones que, de haber sido acogidas por la Corte de Apelaciones o por la Suprema, habrían vuelto todo a foja cero. Presentó primero un incidente de recusación y luego una queja denunciando la supuesta parcialidad de la jueza que encabeza el proceso, Estefanía Alejandra Asenjo Arellano.
De acuerdo con lo expuesto por el profesional, al observar una publicación en Facebook de la magistrada donde se refería a “los poderosos”, se podía desprender que no estaba habilitada para llevar la dirección de la preparación del juicio, pues indicó, habría tenido “predisposición negativa” frente a la causa.
Pese a ello, ambas presentaciones fueron desestimadas, aseverándose que lo expresado por Asenjo en ningún caso podría dar cuenta de una “animadversión” en contra de las cuestionadas empresas.
