Luego de que se encontraran a personas portando fentanilo -conocida como “droga zombie”- en territorio nacional, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió a la comercialización de sustancias ilícitas en el país. Mientras, la diputada Ximena Ossandón (RN) presentó un proyecto de ley que aumenta penas y dispone otras medidas para combatir la internación y comercialización ilegal de este opioide.
Este jueves, el titular del Interior (s), Manuel Monsalve, sostuvo que hace “cuatro años atrás, el principal desafío era el tráfico de drogas y el tráfico particularmente de cocaína y de pasta base”, pero hoy ese problema se ha modificado. “Fundamentalmente tiene que ver con el tráfico de marihuana y con el tráfico de drogas sintéticas, que hoy son aquellas que tienen mayor consumo al interior del país”, según señaló la autoridad.
En cuanto al fentanilo, la autoridad explicó que la sustancia se utiliza principalmente en recintos asistenciales, es por esto que el Ministerio de Salud realiza una trazabilidad de la droga.
Sin embargo, aseguró que “ningún sistema es completamente invulnerable y eventualmente se pueden producir delitos de sustracción y comercialización”. Por ello, destacó que “el sistema sanitario tiene historia en esto y tiene un sistema riguroso de control de medicamentos y de fármacos”.
Cabe señalar que la semanada pasada, un ciudadano argentino fuera detenido en el Complejo Fronterizo Pino Hachado tratando de ingresar 320 gramos de fentanilo. Posteriormente, una mujer fue capturada en Coronel, Región del Biobío, portando 6,21 gramos del opioide mezclado con ketamina.
Diputada Ossandón presenta proyecto de ley contra la “droga zombie”
La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer “la respuesta sancionatoria del Estado respecto de conductas relacionadas con la comercialización, internación y posesión de Fentanilo y sus derivados”.
En este sentido, la parlamentaria afirmó que el fentanilo “ya no es una amenaza, porque lamentablemente ya está en Chile, y para variar no estamos preparados”.
Tal como se apunta en el proyecto de ley, la legisladora dijo que este opioide “es una droga altamente adictiva y su alta toxicidad ha generado una alarma sanitaria en Estados Unidos”, de hecho en el 2022 “de todas las personas que murieron por sobredosis, alrededor de un 68% fueron imputadas al uso de fentanilo” en el país norteamericano.
El proyecto impulsado por la diputada de RN, y que modifica la ley 20.000, estipula que aquel “que sin la debida autorización y en contravención de la ley produjere o internare al territorio nacional fentanilo o sus derivados; será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio”. Lo mismo plantea para quien “careciendo de la debida autorización comercialice o distribuya dichas sustancias”. Las penas aumentan en caso que se entregue la droga a menores de edad.
Un segundo artículo de la iniciativa, señala que en caso de importar el fentanilo o sus derivados, el importador debe estar legalmente autorizado y “deberá informar a la autoridad sanitaria de la importación y acompañar ante el Servicio Nacional de Aduanas copia certificada de la resolución”. En caso contrario, las sustancias serán remitidas a la autoridad sanitaria para su destrucción.
Así, Ossandón afirmó que el proyecto es bastante amplio, porque “va desde una respuesta penal bastante más drástica para los que ingresen la droga al país (estipula pena de expulsión y prohibición de reingreso a territorio nacional hasta por 25 años), para quienes la comercializan y para los que la posean”.
La iniciativa también se encarga de la regulación, explicó la parlamentaria, porque además del control de la receta, también se preocupa de la importación autorizada por los centros de salud”. En este punto se plantea que “solo se podrán suministrar fentanilo y sus derivados en dependencias de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares”. Y que solo por resolución fundada del director del establecimiento, “en casos de enfermedades graves o terminales; tratándose de pacientes que reciban cuidados paliativos; o en caso de pacientes de avanzada edad o con movilidad reducida, se autorizará de manera excepcional el suministro en el domicilio del paciente”.
El proyecto sanciona también a quien falsifique o haga uso malicioso de recetas médicas para justificar el uso de la la llamada ”droga zombie”; y también tiene un artículo en que el fiscal, con acuerdo del imputado y con el fin de suspensión condicional del procedimiento penal, “podrá disponerse como condición por cumplir el ingreso a programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación”.
En tanto, la diputada Ossandón, junto con manifestar que este “es un tema de salud pública que tiene implicancias en la seguridad ciudadana, que nos obliga a enfrentarlo con la mayor dureza”, llamó al gobierno a sumarse a la iniciativa “para que le dé celeridad a este proyecto”.
