De acuerdo con las querellas del Ministerio de Seguridad y del Consejo de Defensa del Estado, los exsuboficiales tenían el mismo modus operandi: adquirían la droga en el norte, la almacenaban en domicilios particulares y la transportaban en maletas.
El Juzgado de Aviación fundamentó su incompetencia en el caso de tráfico de ketamina en la FACH en al menos tres pilares jurídicos centrales.
El Juzgado de Garantía de Iquique aceptó la competencia de la investigación tras el abandono por parte de la Fiscalía de Aviación, ya que el delito indagado “atenta contra un bien jurídico común y no contra uno de estricta naturaleza militar”.
Tras los tres casos de presunto narcotráfico detectados en instituciones castrenses, la parlamentaria presentó un proyecto de ley que establece exámenes obligatorios y aleatorios para todo el personal uniformado.
Desde el Ministerio Público explicaron que los documentos remitidos por la institución castrense solo incluyen un resumen de las diligencias realizadas y la identificación de los cinco funcionarios dados de baja, pero omiten información crucial.
El Presidente dio por superado el impasse con el jefe de la Fuerza Área de Chile, Hugo Rodríguez. Además, destacó que tiene plena confianza en que las autoridades, castrenses y del Ejecutivo, buscan proteger las instituciones de la República.
A pesar de sus declaraciones respecto a la instrucción presidencial, el comandante en jefe de la rama aérea de las FF.AA., Hugo Rodríguez, informó que este martes los antecedentes de la investigación fueron remitidos a la Fiscalía de Tarapacá.
El antecedente cobra mayor relevancia dada la ubicación en la que se detectó el tráfico, pues la zona norte del país es conocida por los investigadores como una “puerta de entrada” del crimen organizado internacional.
El Presidente Boric convocó a los comandantes en jefes de las tres ramas militares a La Moneda. Se acordó un plan y se resolvió el debate en torno a si el transporte de estupefacientes detectado en Iquique sería indagado por la justicia civil.
Mientras, la diputada de RN Ximena Ossandón, presentó un proyecto de ley que endurece las penas para quienes ingresen la “droga zombie” al país sin su debida autorización y aumenta la regulación sobre el control de la receta médica para el fármaco.
