El Primer Juzgado Laboral de Santiago condenó a la Municipalidad de Ñuñoa a pagar la suma de $10 millones por un grave caso de acoso laboral y hostigamiento a un trabajador con más de 30 años de carrera.

De acuerdo al medio Interferencia, la decisión del tribunal reveló que a pesar de que la víctima denunció a las autoridades correspondientes, entre ellas la alcaldesa Emilia Rios (RD), el trabajador sufrió maltrato constante de parte de uno de sus jefes y en ningún momento se adoptaron las medidas de protección, ni menos se respondieron los ruegos administrativos.

Informes realizados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) establecieron que los problemas psicológicos del funcionario eran considerados “enfermedad profesional”, documentos que fueron considerados por el magistrado José Alfredo Briones.

Durante los alegatos la municipalidad refutó la validez de los informes, pero esto no fue admitido por el juzgado, puesto que se trataba de una institución validada para realizar estos análisis.

Según el medio de comunicación, el municipio argumentó además que realizó un sumario por un supuesto acoso a una funcionaria por parte del afectado. No obstante, la magistratura descubrió que se incluyó un audio donde un grupo de mujeres supuestamente confirmaban los hechos, aplicando convicciones subjetivas del sumariante y basado en hechos verificables por la racionalidad procesal. El tribunal no lo menciona, pero de la lectura del texto se colige que el tratamiento del caso tenía vicios de ilegalidad.

El Juzgado ordenó a la autoridad comunal informar a todos los estamentos el contenido del fallo para que sean conocidos los argumentos de la sentencia. En todo caso, el municipio recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de revocar el dictamen.