La directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, Macarena Sáez, considera que la propuesta de nueva Constitución “tiene al menos dos cláusulas problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos, particularmente en temas relacionados con las mujeres”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile y a dos semanas del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, Sáez señaló que el principal escollo es la objeción de conciencia. Esto, porque se instaura sin mayores contrapesos.

“La propuesta de nueva Constitución no establece la objeción de conciencia como un excepción a la ley, sino que la forma en que usa es como si fuera parte de un derecho constitucional, en vez de ser una manifestación de la libertad religiosa que se regula de manera muy concreta y excepcional, porque es una autorización para dejar de cumplir la ley”, indicó.

A lo anterior, la abogada agregó que la objeción de conciencia, tal como está redactada en el texto del Consejo Constitucional, puede afectar especialmente a mujeres de lugares rurales y de bajos ingresos, que solamente tienen acceso a servicios públicos.

“¿Y esto por qué? Porque la objeción de conciencia a ese nivel no solamente podría llevar a que personal de salud se negara a cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, sino que a cosas mucho más allá. Podríamos llegar a una situación donde las farmacéuticas se nieguen a entregar pastillas anticonceptivas, donde personal de salud se niegue a instalar dispositivos intrauterinos, a realizar vasectomías o a que las niñas embarazadas podrían ser expulsadas de los colegios”, dijo.

“Son cosas que Chile ya ha superado desde el punto de vista de la igualdad y la discriminación pero que podrían volver a instalarse a través de esta disposición constitucional que es, además, una anomalía alrededor del mundo”, añadió.

Por otro lado, Sáez calificó como un “cambio preocupante” el paso desde el “proteger la vida del que está por nacer”, al “quién está por nacer”. De acuerdo a la representante de Human Rights Watch, actualmente existen mecanismos para proteger la vida prenatal, que al mismo tiempo “no ponen en duda ni en riesgo los derechos de las mujeres”.

“Ese cambio formalmente sutil es realmente un cambio profundo. Podría tener unas consecuencias profundas en la manera en que nosotros miramos la igualdad y no discriminación de las mujeres. El derecho a la autonomía de una manera armoniosa con la vida prenatal y no con la vida prenatal teniendo primacía sobre los derechos de las mujeres, como ocurría en Chile antes del cambio en 2017”, advirtió.

“Lo ideal sería que la ley cambiara”

Esta semana, las organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Mesa de Acción por el Aborto, publicaron el Cuarto Monitoreo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En dicho estudio, se detectaron cuatro principales obstáculos a la implementación de la ley: una falta de disposición de los profesionales para aplicar la ley, déficits en información y capacitación de estos mismos y un desconocimiento por parte de las potenciales usuarias.

Consultada al respecto, Sáez expresó que comparte el diagnóstico y complementó afirmando que la actual legislación es “precaria” en cuanto al acceso que las usuarias tienen a los servicios de salud.

“Nosotros dentro de Human Rights Watch hicimos algunas investigaciones en relación a esto y nos fijamos que en varios hospitales y centros de salud, en los que estuvimos el año pasado, ninguno tenía información en las paredes respecto de cuáles eran los servicios a los que podían acceder las mujeres en Chile. Tienen promoción respecto a muchas cosas, muchas enfermedades, vacunas, en los centros de maternidad tienes información sobre a qué es lo que pueden acceder las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos pequeños, pero no hay nada respecto de el acceso a la ley de aborto. Es como si no existiera”, acusó.

La abogada además volvió al tema de la objeción de conciencia, pues a su parecer, la Ley IVE se ha visto obstaculizada por ella.

“No solamente tienes objeción de conciencia institucional, sino que además tienes una objeción individual sumamente amplia que aplica a todo el personal, incluso al que no está directamente involucrado en la interrupción del embarazo”, argumentó.

“En muchos países esto se ha superado, México, Colombia, tiene interpretaciones bastante más acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que protegen la libertad de las personas que están llamadas directamente a hacer algo que va en contra de sus convicciones. Aquellos que indirectamente están involucrados en un procedimiento o en una acción como distribuir pastillas, no están haciendo nada que vaya directamente en contra de sus propias convicciones”, planteó.

Por esos motivos, Saéz señaló que “lo ideal sería que la ley cambiara” y que Chile siguiera la tendencia de otros países en Latinoamérica y el mundo.

“La garantía del derecho a la vida, salud, autonomía e igualdad, exige tener acceso al aborto seguro y legal mucho más allá de estas tres causales, pero además exige que por lo menos en las tres causales, efectivamente se dé ese acceso y que no sea una ley que tiene estas trampas que hacen que el acceso sea mínimo. Hay muchas cosas que tienen que ser mejoradas y una de ella es este modelo de objeción de conciencia sumamente amplio”, concluyó.