La medida del alcalde Carter de decretar “Estado de emergencia comunal” en La Florida ha generado diversas reacciones en contra. El edil anunció el pasado lunes 4 de diciembre dicha medida, la cual contempla la contratación de 100 exfuncionarios de Carabineros, PDI y Fuerzas Militares para un “batallón de protección ciudadana”.
Frente a esta situación, la diputada Daniela Serrano (PC) junto al concejal de la comuna, José Seves, llegaron la mañana de este lunes a la Contraloría General de la República para pedir un pronunciamiento sobre esta medida. Las autoridades se pronunciaron en contra de la disposición del alcalde Carter, apuntando a la ilegalidad de esta.
Tanto la diputada del Distrito 12 como el concejal señalaron que el decretar Estado de Emergencia no está en las atribuciones de las alcaldías, de acuerdo con la Constitución vigente.
“La medida de decretar un estado de emergencia comunal no responde más que a un populismo. Un populismo que hoy día, en el escenario de incertidumbre, no debe tener cabida. Esto es el cumplimiento de los programas de seguridad del Gobierno, no está en nuestro ordenamiento jurídico. Si el municipio de La Florida quiere seguir implementando medidas de seguridad, estamos de acuerdo. Pero se tiene que hacer en coordinación a la legalidad y con el gobierno central”, mencionó Serrano.
“En la ley orgánica constitucional de municipalidades se menciona solamente en dos apartados el tema de emergencia, en ninguna de ellas propone que los alcaldes puedan realizar decretos de emergencia comunal. Son facultades del Poder Ejecutivo, del gobierno central, por lo tanto, así como lo ha dicho el contralor, supera sus facultades”, aseguró por su parte el concejal Seves.
Las autoridades realizaron su petición formal para que Contraloría se pronuncie al respecto, abogando por la seguridad de la ciudadanía. “Es importante que el contralor tenga un pronunciamiento formal. Creemos que es importante dar certidumbre sobre este proceso. Si se habla de que es un decreto que pueda confundir con los cuatro estados de excepción constitucional que actualmente tiene la Constitución vigente, es importante poder esclarecerlo”, señaló Serrano en la entrega de la carta al contralor.
Si el decreto del alcalde Carter está o no dentro del marco legal, es la principal inquietud que se presentó en la petición a Contraloría. “Se va a pedir un pronunciamiento del contralor, para que pueda mencionar si el decreto alcaldicio se ajusta a ley o no, y si está bien fundamentado. Porque algunas de las estadísticas que él (Carter) muestra son del 2022 y 2021, y el delito según la información que se tiene en bases públicas del CEAD (Centro de Estudios y Análisis del Delito) ha bajado en el año 2023 en los dos primeros trimestres”, indicó Seves.
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