Ante el incremento en los niveles de inseguridad y delitos como el homicidio en la Región Metropolitana, la clase política ha emplazado al Gobierno a adoptar medidas más severas. Personeros, desde el socialismo democrático hasta republicanos, empujan el estado de excepción constitucional, mientras que alcaldes de derecha han declarado “emergencia comunal” como llamado de atención hacia la actual administración.

Con todo, subyacen los cuestionamientos sobre la efectividad de estas medidas barajadas por el mundo político. En conversación con Radio Universidad de Chile, Jorge Araya, el exdirector de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, manifestó sus reparos.

El académico explicó que la situación actual en el país es “la suma de todos los males”, puesto que a la delincuencia y a las bandas nacionales de narcotráfico se le sumó la llegada del crimen organizado internacional. “Frente a todo ese clima y a ese contexto que es real, que es objetivo, se ha dado un apresuramiento de todos los actores por generar respuestas“, afirmó.

¿Cómo evalúas la respuesta que se ha dado desde la clase política? Está en entredicho si estás propuestas son realmente efectivas.

El Gobierno da cuenta de que a la fecha ha aprobado entre 42, 45 iniciativas legales en materia de seguridad, muchas de ellas son valiosas, son modernizaciones. Por otro lado, se ha entregado más recursos a la policía, se está impulsando el Plan Calle Sin Violencia, y hay actores más periféricos como el caso de los alcaldes, que yo ahí ubicaría básicamente el tema en que el próximo año hay elecciones municipales y eso significa que están en plena campaña y, por lo tanto, el generar alguna iniciativa que sea de impacto como esto de declarar la figura de emergencia comunal, ciertamente ha hecho que estos alcaldes ganen pantalla.

Entonces, se crean respuestas que son muy populistas, que son muy de marketing y que analizadas objetivamente no tienen mucha novedad -respecto de lo que antes existía- o claramente están en el límite de lo que son las atribuciones de los municipios. Se han mezclado respuestas un poco más serias con respuestas un poco oportunistas frente a un contexto electoral que empieza a vivir el país.

¿Hacía dónde deberían apuntar las propuestas de los municipios para que no solo sean parte de un titular?

Desde hace años los municipios vienen formando y, por la vía de los hechos, equipos de seguridad ciudadana que cuentan con inspectores municipales y tenemos, por otro lado, que los OS-14 de Carabineros tiene este plan de coordinarse con los municipios para planes de vigilancia mixta. Todo eso se viene haciendo y eso aporta, a eso yo le daría una buena evaluación.

Los otros anuncios de Plan de Emergencia comunal son básicamente una figura que se utiliza cuando hay terremotos, desastres naturales graves, que son sorpresivos y que un municipio necesita saltarse algunos procedimientos administrativos, por ejemplo, saltarse una licitación al momento de gastar para poder responderle a la población rápidamente y llevar ayudas, camas, colchones, pero en este caso yo les diría a esos alcaldes: ¿dónde está el terremoto? Muéstreme, por favor, dónde está el terremoto.

Si usted me dice que la delincuencia es la emergencia, resulta que la delincuencia no es un hecho puntual que ocurre y frente al cual tú vas a gastar durante las próximas semanas una cantidad de recursos de manera ilimitada, la delincuencia es un hecho permanente que no se soluciona ni en semana ni en meses, por lo tanto, creo que esa medida en concreto no aporta nada nuevo.

Entonces, ¿Cuáles deberían ser las medidas que, en su conjunto, debiese entregar la clase política para lograr atacar -efectivamente- la crisis?

El tema es muy complejo, es multifactorial, por lo tanto, requiere una respuesta integral. Por un lado, hay que fortalecer a las policías. En Chile tenemos un déficit de policías, tenemos algo así como 316 por 100 mil habitantes y si uno compara con otros países, España está entre 360 o 370 policías por 100 mil habitantes.

Por otro lado, tenemos un Ministerio Público debilitado con 719 fiscales a nivel nacional y meses atrás el presidente de la Asociación de Fiscales decía que faltaban como 300 fiscales, es decir, estaba hablando de un aumento con un 40 por ciento de la capacidad actual, entonces todo nuestro sistema de justicia criminal no estaba preparado para el escenario de inseguridad que hoy día está viendo el país. 

Aparte de eso, los municipios la tarea que debieran retomar en serio es la prevención social y situacional, es decir, ir a los factores de riesgo, atender aquellos niños y adolescentes que se están iniciando en la carrera delictual para trabajar con las familias y evitar que ellos sigan esa carrera delictual, reintegrarlos al colegio.

Hugo Frühling y Lucía Dammert han dicho que el mundo de la política no ha terminado de poner a la seguridad como un tema técnico y se ha focalizado en pedir ‘mano dura’, ¿coincides con esa crítica? Considerando el fast track legislativo también.

Creo que ellos tienen razón en lo que están planteando y yo también soy crítico de lo que se ha estado haciendo.

Yo creo que de repente el fast track legislativo nos lleva a aprobar cosas que después a lo mejor vamos a tener dudas de cómo funcionan y si son realmente positivas o no, entonces yo creo que efectivamente lo que hace falta en el país es una mirada de Estado que haga que la oposición en cada gobierno no use el tema como un arma arrojadiza hacia el otro sector político y pueda en definitiva hacerse un acuerdo transversal de política pública.

A modo de reflexión, ¿Qué tendría que hacer el Gobierno? ¿Cómo puede sortear obstáculos y avanzar en esta materia?

Cuando estás en situaciones difíciles, las soluciones son difíciles también. Entonces, el gobierno tiene que tener varias vías de trabajo, una para el corto plazo porque uno no puede pensar solo teóricamente y decir esto sería lo ideal, uno tiene que comprender que hay un contexto político y comunicacional, y cualquier gobierno si deja de responder a esa contingencia va a caer en un desprestigio.

Tiene que el gobierno responder rápidamente a la contingencia con más policías, con medidas efectivas de más control, más fiscalización, más operativos policiales, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que mostrar avances también en políticas de largo plazo como la reforma a Carabineros.

Yo diría hay que retomar ese tema, ahí hay que modernizar a fondo la institución, hay que ir creando un nuevo plan de educación, una nueva orgánica, cuestionar un poco el carácter militar de la institución, hacerla más ágil, externalizar una serie de servicios, liberar a ese contingente policial que está en tareas administrativas para que hagan trabajo operativo.