El Gobierno estableció que 27 pensiones de gracia entregadas tras el estallido social de 2019 serán revocadas por contar con antecedentes penales. Según informó este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quién “tuvo la palabra final”.
Cabe destacar que los beneficios fueron objetados por un informe que elaboró la Contraloría General de la República, donde se apuntó a irregularidades en el proceso de acreditación del daño provocado y la recepción de documentos médicos.
Tras el anuncio, el mundo político tuvo reacciones mixtas. Mientras que, por un lado, se valoró la revisión de los casos que fueron objetados por la entidad fiscalizadora, para ciertos sectores la medida no basta.
Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Jaime Araya, afirmó que revocar estas pensiones “es una señal en la dirección correcta”. En esa línea, valoró la decisión del Presidente de enmendar “lo que todo el mundo consideraba que era un error y que además generó un lío político innecesario”.
El parlamentario apuntó que, lo fundamental, es que desde ahora se legisle un nuevo estatuto que regule la entrega de las reparaciones para que estos hechos no se repitan.
Desde el centro político, la medida fue catalogada como “tardía”. El diputado de Amarillos y miembro de la comisión de seguridad, Andrés Jouannet, apuntó que “el Gobierno lo que está haciendo es reaccionando a una cuestión que debería haberla estudiado de mejor forma”.
“Aquí se demostró que el Presidente finalmente terminó entregandole pensiones de gracia a delincuentes, a personas que no tenían antecedentes, a pedófilos, con violencia intrafamiliar, a personas que nadie le había ocasionado daños”, añadió.
Para el parlamentario, el Gobierno debe reevaluar el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), puesto que -a su juicio- ya no da garantías, por lo tanto, sostuvo que una vez termine el receso legislativo impulsará un proyecto para “refundar” la institución.
En tanto, desde la oposición, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, declaró que estará atento para conocer el detalle de las revocaciones e investigar cuáles casos -con antecedentes penales- habrían quedado fuera de este proceso.
“De las 418 pensiones de gracia, que se revoquen sólo 27, parece a todas luces insuficiente considerando el contundente informe de Contraloría y los constantes casos que salen a la luz de personas que tienen un amplio prontuario delincuencial y que aprovecharon el contexto del estallido para cometer delitos y que no tienen la calidad de víctima”, sostuvo.
En esa línea, apuntó que “pareciera ser que el Presidente está más influenciado por los sectores radicalizados de la izquierda que gobiernan junto a él que vieron con condescendencia, muchas veces guardaron silencio ante los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social”.
Desde la UDI, el diputado Henry Leal planteó que deben revocarse las 69 pensiones entregadas en su totalidad “sin distinción alguna”.
“Nosotros creemos que la vía de pensiones de gracia a personas condenadas no es el camino y deben ser revocadas. Nos parece absolutamente insuficiente que sólo 27 casos sean revocados, además hay otros 39 casos a los que el Gobierno no se ha referido“, indicó.
En relación a este último punto, desde la colectividad cuestionan la entrega de pensiones a personas que no fueron heridas de gravedad. Por dicha razón, advierten que iniciarán una comisión investigadora 2.0 en marzo. “Se deben revisar los 69 casos con condenas y también los 39 casos que tienen lesiones leves y que hoy día muchos de ellos hacen su vida normalmente”, precisan.
