A raíz de la controversia que ha generado en la opinión pública la autorización del juez de garantía Daniel Urrutia para efectuar llamadas y visitas de familiares a reos de alta peligrosidad, el director de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y profesor del Departamento de Derecho Procesal, Cristián Riego, analizó las críticas en torno a la resolución del magistrado, en un contexto en que el debate sobre la seguridad ha tomado la agenda a nivel nacional.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el docente profundizó en el giro que han tenido las autoridades en el último tiempo sobre esta materia, señalando que “hasta hace muy poco el espacio de la cárcel era un espacio que estaba al margen de toda regulación y también de todo interés político, institucional“. Así, Riego planteo que las cárceles funcionaban de acuerdo a lo que definieran quienes “tenían el control” sobre ellas “y esto era bastante informal”.

“En algún momento los jueces empiezan a tomar algunas medidas porque la ley lo autoriza para eso, les da esa competencia, pero la verdad es que tampoco la habían desarrollado mucho. Pero algunos jueces empiezan a meterse en algunos aspectos de funcionamiento de la cárcel y a establecer algunas medidas para la protección de derechos de algunas personas, pedir los traslados, ese tipo de cosas”, afirmó.

En esa línea, explicó que “ahora, que surge todo este tema del crimen organizado, el Gobierno, Gendarmería y el aparato de persecución penal se dan cuenta de que necesitan controlar las cárceles para combatir el crimen organizado. Entonces, empiezan a crear estas cárceles de alta seguridad, medidas de incomunicación mucho más potentes y el juez Urrutia, que es uno de los jueces que tradicionalmente más se ha metido en el tema carcelario por su línea personal de inquietud, choca con el Gobierno”.

Por ello, consideró que ante este conflicto “se va a tener que ir resolviendo probablemente con la dictación de alguna normativa, o sea, esto ha sido tan informal durante tantos años que no hay reglas muy claras de quien, por ejemplo, puede establecer las medidas de control, hasta dónde pueden llegar esas medidas, cuáles son las sanciones a las que pueden ser sometidos los reos. También va a haber que definir si son estos mismos jueces los que van a conocer de esto u otros, porque muchas veces se ha hablado de jueces de ejecución penal, que hoy día no existen en Chile, y eso me parece que es lo que hay detrás de esta discusión”.

Sin embargo, desestimó que el debate público sobre la seguridad en el país se resuelva mediante la estructuración de la Reforma Procesal Penal, vigente en todo el país desde 2005 y que ha despertado fuertes críticas en la arena política por considerarla excesivamente “garantista”.

“No creo que esto tenga nada que ver con la Reforma Procesal Penal. Lo único que hizo fue darles alguna competencia a los jueces de garantía para resolver estos conflictos. Eso creo habría que cambiarlo y habría que probablemente dictar una ley penitenciaria, que en Chile no existe y que en la mayoría de los países occidentales existe, o sea, una ley que establece cómo se cumplen las penas, las facultades que tiene la administración, los derechos de los presos, los castigos posibles, todo eso no está regulado en Chile”, dijo.

También reparó en las declaraciones del secretario general de Demócratas y ex ministro de Justicia del primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, Carlos Maldonado, quien en conversación con Emol se mostró partidario de la medida e indicó que “no se puede seguir pensando como a principios de los 90, que aquí todo se trata de cuidar los derechos humanos y prácticamente el Estado no le puede hacer nada a nadie”.

“Eso lo encuentro totalmente sorprendente, porque Carlos Maldonado fue un hombre muy influyente en varios gobiernos de la Concertación y que más poder tuvo en la definición de todo esto, que hoy él dice estar en contra. Entonces, esto es como una especie de autocrítica feroz, parecida a la que le hizo el Frente Amplio a la Concertación, en el sentido de criticar los 30 años. Es algo parecido, pero lo curioso es que viene de alguien que fue uno de los principales protagonistas”, expuso Riego.

En ese sentido, el abogado apuntó que “Chile después del término de la dictadura construyó un sistema democrático, ese sistema democrático tuvo una expresión en el sistema de justicia, se hicieron muchas reformas y hoy día probablemente haya que ajustar algunas de ellas, haya que hacer nuevas reformas para ir respondiendo a las necesidades de los tiempos actuales. Pero creo que ese proceso en el que Carlos Maldonado participó yo tengo mejor opinión de su trabajo que él mismo”.

Una consideración similar tuvo Riego de los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, tras expresar que la resolución del juez Urrutia fue “ilegal”. Esto, puesto que, a su juicio, lo expuesto por el titular responde más bien al clamor ciudadano porque haya una mayor eficacia en el control del crimen. “Ellos son los que mandan y las autoridades van a obedecerlas, porque su mandato depende de la votación popular”, dijo.

“Creo que aquí el ministro tiene por supuesto derecho a su opinión, pero hay que matizar el hecho de que su opinión en este caso es la de una parte, de un litigante, porque aquí hay un conflicto entre el Gobierno, Gendarmería –que es el que administra las cárceles- y este imputado que está reclamando ciertos derechos. Ese conflicto es el que está resolviendo el juez Urrutia”, manifestó.

Por lo mismo, recalcó que “lo importante es lo que resuelva el juez, él tomó esta decisión, que ahora está siendo reclamada en la Corte de Apelaciones, eventualmente esto podría llegar a la Corte Suprema, vamos a ver qué dice. El ministro de Justicia aquí no es una autoridad que pueda definir esto, el ministro tiene una opinión y tiene un interés en concretar su política, los jueces son los que van a definir esto”.