La Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que buscaban que más de 600 mil hectáreas de mar pasaran a ser administradas por comunidades indígena, en el marco de la Ley Lafkenche.
De acuerdo con Emol, “en principio, se desestimó el requerimiento que realizó la comunidad Pu Wapi (27 personas, 23 familias) de la comuna de Guaitecas, que pedía la ‘ECMPO Cisnes’ por una superficie de 227 mil 272 hectáreas. Obtuvo 32 votos en contra y sólo dos a favor”.
La segunda solicitud rechazada es “la ECMPO Islas Huinchas, que abarca una superficie total de 393 mil 945 hectáreas y que fue requerida por la comunidad indígena Antuen Rain (11 personas, 9 familias). Logró 29 votos en contra, dos a favor, dos a favor con modificación y una abstención”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, hizo un balance de la aplicación de la Ley Lafkenche y abordó el debate por las amenazas a la actividad económica en la zona. “Me preocupa es el futuro”, dijo respecto a lo último.
En cuanto a la ley, la gobernadora comentó que los medios y el relato político han asegurado que esta legislación “no tiene los mecanismos necesarios para llevar adelante buenos procesos”. En ese sentido, señaló que: “Nosotros tampoco hacemos una defensa férrea. Nosotros aprobamos, pero con una modificación de polígono que se reduzca considerablemente, como se ha hecho en otras regiones”.
“Creo es que lamentablemente la institución pública, pensando en el Gobierno central en este caso, esto tiene que ver con las distintas administraciones. Son ocho años de proceso en que efectivamente los tiempos no son los más idóneos, y el centralismo nos mata, porque a mí perfectamente la información me la pueden entregar desde la región, pero finalmente todo se hace desde Santiago y esa es una gran pelea que nos preocupa para terminar el punto central”, argumentó.
Asimismo, Macías planteó que como gobernadora regional de este territorio su misión es hacer que se “velen por todos los sectores, las vocaciones productivas y los saberes ciertos”, para que “puedan convivir de manera incluyente”.
“Los espacios costeros son una oportunidad, yo insisto que aquí la dimensión era exagerada, pero son una oportunidad de resguardo. Hay una indicación a la Ley de Pesca que establece la creación de una macro zona sur donde se permitiría que en la Región de Aysén, se pueden ingresar flotas libremente y transitar flotas desde los lagos hasta Magallanes”, sostuvo.
En tanto, la autoridad sostuvo que para ella “hay una desconexión entre lo legislativo” y la realidad. “Quiero seguir creyendo que lo hacen inconscientes del objetivo final. El problema es que cuando esta ley baja a nivel reglamentario, a nivel procedimental, ya nos perdemos en esa extensión territorial, aquí lo que hay que hacer, y que ayer se lo pedimos a los parlamentarios que estaban presentes, es que esto se revise en cuanto a los procesos, el procedimiento es lo que falla. Aquí hay un tema que es procedimental del Estado chileno”, expuso.
“Las instituciones del Estado, de las administraciones nacionales, deben hacerse cargo y para ello es necesario destinar recursos, es necesario tener personas. Acá ni siquiera son capaces de fiscalizar las flotas ilegales que ingresan al mar para hacer extracción ilegal, lo que se traduce en un deterioro de los recursos”, subrayó.
Escucha la entrevista completa a continuación:
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que buscaban que más de 600 mil hectáreas de mar pasaran a ser administradas por comunidades indígena, en el marco de la Ley Lafkenche.
De acuerdo con Emol, “en principio, se desestimó el requerimiento que realizó la comunidad Pu Wapi (27 personas, 23 familias) de la comuna de Guaitecas, que pedía la ‘ECMPO Cisnes’ por una superficie de 227 mil 272 hectáreas. Obtuvo 32 votos en contra y sólo dos a favor”.
La segunda solicitud rechazada es “la ECMPO Islas Huinchas, que abarca una superficie total de 393 mil 945 hectáreas y que fue requerida por la comunidad indígena Antuen Rain (11 personas, 9 familias). Logró 29 votos en contra, dos a favor, dos a favor con modificación y una abstención”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, hizo un balance de la aplicación de la Ley Lafkenche y abordó el debate por las amenazas a la actividad económica en la zona. “Me preocupa es el futuro”, dijo respecto a lo último.
En cuanto a la ley, la gobernadora comentó que los medios y el relato político han asegurado que esta legislación “no tiene los mecanismos necesarios para llevar adelante buenos procesos”. En ese sentido, señaló que: “Nosotros tampoco hacemos una defensa férrea. Nosotros aprobamos, pero con una modificación de polígono que se reduzca considerablemente, como se ha hecho en otras regiones”.
“Creo es que lamentablemente la institución pública, pensando en el Gobierno central en este caso, esto tiene que ver con las distintas administraciones. Son ocho años de proceso en que efectivamente los tiempos no son los más idóneos, y el centralismo nos mata, porque a mí perfectamente la información me la pueden entregar desde la región, pero finalmente todo se hace desde Santiago y esa es una gran pelea que nos preocupa para terminar el punto central”, argumentó.
Asimismo, Macías planteó que como gobernadora regional de este territorio su misión es hacer que se “velen por todos los sectores, las vocaciones productivas y los saberes ciertos”, para que “puedan convivir de manera incluyente”.
“Los espacios costeros son una oportunidad, yo insisto que aquí la dimensión era exagerada, pero son una oportunidad de resguardo. Hay una indicación a la Ley de Pesca que establece la creación de una macro zona sur donde se permitiría que en la Región de Aysén, se pueden ingresar flotas libremente y transitar flotas desde los lagos hasta Magallanes”, sostuvo.
En tanto, la autoridad sostuvo que para ella “hay una desconexión entre lo legislativo” y la realidad. “Quiero seguir creyendo que lo hacen inconscientes del objetivo final. El problema es que cuando esta ley baja a nivel reglamentario, a nivel procedimental, ya nos perdemos en esa extensión territorial, aquí lo que hay que hacer, y que ayer se lo pedimos a los parlamentarios que estaban presentes, es que esto se revise en cuanto a los procesos, el procedimiento es lo que falla. Aquí hay un tema que es procedimental del Estado chileno”, expuso.
“Las instituciones del Estado, de las administraciones nacionales, deben hacerse cargo y para ello es necesario destinar recursos, es necesario tener personas. Acá ni siquiera son capaces de fiscalizar las flotas ilegales que ingresan al mar para hacer extracción ilegal, lo que se traduce en un deterioro de los recursos”, subrayó.
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La Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que buscaban que más de 600 mil hectáreas de mar pasaran a ser administradas por comunidades indígena, en el marco de la Ley Lafkenche.
De acuerdo con Emol, “en principio, se desestimó el requerimiento que realizó la comunidad Pu Wapi (27 personas, 23 familias) de la comuna de Guaitecas, que pedía la ‘ECMPO Cisnes’ por una superficie de 227 mil 272 hectáreas. Obtuvo 32 votos en contra y sólo dos a favor”.
La segunda solicitud rechazada es “la ECMPO Islas Huinchas, que abarca una superficie total de 393 mil 945 hectáreas y que fue requerida por la comunidad indígena Antuen Rain (11 personas, 9 familias). Logró 29 votos en contra, dos a favor, dos a favor con modificación y una abstención”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, hizo un balance de la aplicación de la Ley Lafkenche y abordó el debate por las amenazas a la actividad económica en la zona. “Me preocupa es el futuro”, dijo respecto a lo último.
En cuanto a la ley, la gobernadora comentó que los medios y el relato político han asegurado que esta legislación “no tiene los mecanismos necesarios para llevar adelante buenos procesos”. En ese sentido, señaló que: “Nosotros tampoco hacemos una defensa férrea. Nosotros aprobamos, pero con una modificación de polígono que se reduzca considerablemente, como se ha hecho en otras regiones”.
“Creo es que lamentablemente la institución pública, pensando en el Gobierno central en este caso, esto tiene que ver con las distintas administraciones. Son ocho años de proceso en que efectivamente los tiempos no son los más idóneos, y el centralismo nos mata, porque a mí perfectamente la información me la pueden entregar desde la región, pero finalmente todo se hace desde Santiago y esa es una gran pelea que nos preocupa para terminar el punto central”, argumentó.
Asimismo, Macías planteó que como gobernadora regional de este territorio su misión es hacer que se “velen por todos los sectores, las vocaciones productivas y los saberes ciertos”, para que “puedan convivir de manera incluyente”.
“Los espacios costeros son una oportunidad, yo insisto que aquí la dimensión era exagerada, pero son una oportunidad de resguardo. Hay una indicación a la Ley de Pesca que establece la creación de una macro zona sur donde se permitiría que en la Región de Aysén, se pueden ingresar flotas libremente y transitar flotas desde los lagos hasta Magallanes”, sostuvo.
En tanto, la autoridad sostuvo que para ella “hay una desconexión entre lo legislativo” y la realidad. “Quiero seguir creyendo que lo hacen inconscientes del objetivo final. El problema es que cuando esta ley baja a nivel reglamentario, a nivel procedimental, ya nos perdemos en esa extensión territorial, aquí lo que hay que hacer, y que ayer se lo pedimos a los parlamentarios que estaban presentes, es que esto se revise en cuanto a los procesos, el procedimiento es lo que falla. Aquí hay un tema que es procedimental del Estado chileno”, expuso.
“Las instituciones del Estado, de las administraciones nacionales, deben hacerse cargo y para ello es necesario destinar recursos, es necesario tener personas. Acá ni siquiera son capaces de fiscalizar las flotas ilegales que ingresan al mar para hacer extracción ilegal, lo que se traduce en un deterioro de los recursos”, subrayó.
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