Este martes en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, abordó la crisis en las policías tras el caso filtraciones del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.
En torno a esto, el parlamentario contó que “lo que está claro es que Sergio Muñoz, ahora exdirector de la PDI que va a ser formalizado en unas pocas horas más, le entregaba información secreta de la investigación judicial que seguía el Ministerio Público y que dirigía el fiscal anticorrupción, Eugenio Campos, a Chadwick, que es parte del riñón del proyecto político de Sebastián Piñera, sobre la venta de la mina Dominga en la cuarta región, de la familia de Piñera, que le hizo a su socio en esa época, a la familia Délano, con cláusulas que le garantizaban de que el Presidente Piñera no iba a proteger ambientalmente esa zona, para que pudiera ejecutarse el proyecto minero”.
“Es lo que yo llamaría, haciendo un paralelo con el Tren de Aragua, que son delincuentes comunes, el Tren de Alonso de Córdoba, que se dedicaba a garantizar impunidad ante distintos tipos de delitos y crímenes de la elite política y económica de este pasó”, manifestó sobre estos casos de corrupción cuyo génesis está en el destape de los Panamá Papers. “Fueron una polémica no tan sólo nacional, sino que mundial”, recordó.
A juicio de Soto, se trata de “actos de interferencia política, a través de los gobernantes de la época y de Sergio Muñoz, destinados a alterar el funcionamiento normal del Poder Judicial, que la justicia tenga un trato privilegiado, y logren impunidad judicial todas estas personas que hemos mencionado que eran objeto de investigaciones judiciales por graves delitos”.
“Es un circuito de impunidad judicial que busca corromper al sistema judicial y que está anclado en altas autoridades, designadas por el Gobierno de Sebastián Piñera. Muchos de estos casos beneficiaban con estas filtraciones a las personas que también eran altas autoridades en el mundo municipal. Claramente es una trama política de corrupción judicial muy grave, que amerita el máximo de las sanciones que establece la ley, especialmente por investidura de las personas involucradas, por el daño que causan a la confianza pública que tiene que tener el ciudadano a la justicia”, agregó.
Sobre el actuar que debiera tener el Gobierno en torno a este caso, Soto señaló que “es una pregunta no fácil de responder, estos actos de violación de secretos, filtraciones por parte de la más alta autoridad de la PDI, no son aislados ni en la PDI ni en Carabineros, que es la otra institución policial. Acá ambas instituciones están atravesando una crisis sistémica, global, estructural, entonces no va a ser fácil para el Gobierno buscar hacia atrás, a prefectos, altas autoridades de la PDI que puedan reemplazar a Sergio Muñoz y que garanticen que van a cumplir cien por ciento con el Estado de derecho, con sus deberes, obligaciones y que van a tener una conducta ejemplar que pueda permitir que se supere el incidente, porque gran parte de los que hoy siguen en la cadena el mando, son personas de confianza del mismo Sergio Muñoz”.
El diputado , además, recalcó que “hay que hacer una investigación bien profunda sobre cuál de todos los directores que lo siguen en la institución podría ser el indicado para poder devolver la confianza perdida”.
Con respecto al uso de las Fuerzas Armadas para controlar la crisis de seguridad y estos casos de corrupción en las instituciones públicas, sostuvo que la corrupción dentro de la PDI “no está anclada en toda la institución, sino más bien en los altos mandos, en las cabezas de estas instituciones. Yo diría que en la PDI la inmensa mayoría de los funcionarios de investigaciones ejercen y cumplen correctamente sus funciones de manera estricta y son capaces de desmantelar varias organizaciones criminales”.
“Esa virtud permite que la estrategia que está usando el Gobierno para enfrentar este fenómeno de la nueva criminalidad pueda seguirse haciendo con algunos niveles de normalidad”, añadió.
A su vez expresó que espera que “el Gobierno, que tiene que tomar una decisión de definir al reemplazante del exdirector Sergio Muñoz, escoja a la persona más adecuada y que sea capaz de iniciar al mismo tiempo una reforma de los mecanismos de control interno, que permita que la PDI nunca más interfiera políticamente en las investigaciones judiciales como lo han hecho en este caso”.
