El ministro de Hacienda Mario Marcel se opone al proyecto de reforma constitucional que promueve la diputada Joanna Pérez (Demócratas) para aplicar un arancel del 50% al acero chino, medida que busca frenar el cierre de la siderúrgica Huachipato en Talcahuano, Región del Biobío.
En entrevista con Mesa central de Canal 13 Marcel dijo que “mientras las decisiones se tomen en base de la institucionalidad que es consistente con los tratados comerciales no hay nada que temer. Otra cosa es si nos salimos de ahí”, en alusión a la propuesta de la Comisión Antidistorsiones que fijó en 15% promedio la sobretasa para acero importado desde China.
“Hay unos diputados que anunciaron una reforma constitucional para aplicar una sobretasa de 50% a las importaciones de acero chino. Eso es totalmente incompatible con las normas internacionales, lo único que nos puede generar son sanciones que afecten al conjunto de la economía. Hay sanciones que afectarían a toda nuestra economía”, dijo en el secretario de Estado.
En ese sentido, anunció que ´la propuesta de la diputada Pérez no tendrá patrocinio del Ejecutivo.
“Se plantea como una reforma constitucional usando este resquicio que han utilizado los parlamentarios durante varios años. Afortunadamente en la gran mayoría de ellos no han tenido éxito. Digo, afortunadamente, porque estamos hablando de la institucionalidad sobre la iniciativa en materia fiscal y tributaria”, afirmó.
El dumping, es decir, la venta de productos a precio inferior al costo, “es un fenómeno que está reconocido y regulado en todos los acuerdos económicos internacionales, en la OMC y en los tratados de libre comercio y para resolver estos asuntos tenemos una institucionalidad que es la Comisión Antidistorsiones”, precisó.
“Su foco no es proteger a una empresa, sino que es determinar si existe evidencia de dumping y si existe aplicar aranceles compensatorios. Eso es lo que ocurrió a partir del reclamo que hicieron dos empresas sobre esta materia. Funcionó esta comisión y determinó que existían indicios de dumping y aplicó un arancel hasta que haya una evaluación definitiva sobre el tema, cosa que va a ocurrir en unos meses más”, detalló.
“No es una institucionalidad cuyo propósito y la forma en que actúa es simplemente hacer viable una determinada empresa o una actividad económica, sino que es corregir las distorsiones que se pueden producir en el comercio internacional”, complementó.