El titular de Hacienda puntualizó que para “palear” el cierre de la siderúrgica primero hay que “entender cuál es el plan que aplicará la propia empresa”. Así, a partir de aquello el Estado evaluará lo que hay que hacer.
A través de un comunicado, la empresa aludió a la “imposibilidad” de traspasar a precio las sobretasas al acero chino. “Es una decisión que es consecuencia de una acción irresponsable de Huachipato y Molycop”, aseguró el ministro Nicolás Grau.
El titular de Economía respaldó la decisión de la Comisión Antidistorsiones asegurando que hubo una motivación técnica más que política. Asimismo, estimó que existe un margen para que Huachipato establezca contratos a largo plazo con las mineras.
Autoridades de la zona valoran la medida temporal en tanto favorece a los trabajadores y a la actividad industrial del Biobío. No obstante, esperan que se establezcan de forma definitivas los aranceles del 24,5% y del 35,5 % durante este Gobierno.
Los legisladores solicitaron “el detalle de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Antidistorsiones” y desde el Ejecutivo sostuvieron que “no se pueden entregar antecedentes antes que se emita el informe final del organismo”.
Las comisiones de Minería y Economía viajaron a Concepción para escuchar a autoridades locales, sindicatos y representantes de la empresa, quienes insisten en la aplicación de sobretasas más altas para competir en igualdad con productores chinos.
La resoluciones apuntan a solicitar al Presidente Gabriel Boric tomar medidas inmediatas de protección a la industria acerera, como también a mejorar la diversificación de la matriz productiva y revalorar la producción nacional.
Esta semana los trabajadores de la compañia, junto a portuarios, realizaron movilizaciones por diversos puntos de Concepción. Además, este miércoles una de sus empresas contratistas dio a conocer que un centenar de empleados fueron desvinculados.
El parlamentario expresó que “llegó el tiempo de actuación y participación del Estado, porque la siderúrgica evidentemente forma parte de un proceso productivo”.
“Es totalmente incompatible con las normas internacionales, lo único que nos puede generar son sanciones que afecten al conjunto de la economía”, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
“Esto implicará la pérdida de más de 22.000 empleos directos e indirectos asociados a ella, siendo el mismo número de familias las que verán afectado su sustento, su futuro y con ello la posibilidad de un mejor vivir”, parte el texto”, indicaron.
La iniciativa fue altamente valorada por autoridades de la Región del Biobío. Uno de estos fue el gobernador, Rodrigo Díaz, quien expresó que el cierre de la planta es “una bomba atómica para la economía regional”.
