A la edad de 85 años falleció el exministro de Interior y del Trabajo durante la dictadura militar, Sergio Fernández Fernández, uno de los civiles con más poder dentro del régimen y que fue sindicado por diversas organizaciones como cómplice de la Junta Militar.

Nacido en Punta Arenas, se tituló de derecho en la Universidad de Chile y en 1976 comenzó su carrera política en 1976 cuando asumió como ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura, cargo que ostento hasta enero de 1978.

Luego de ejercer por un breve periodo como contralor, fue designado en 1978 como ministro del Interior del régimen, siendo el primer civil en ocupar ese cargo. Entre sus primeros movimientos políticos se encuentra la eliminación del general Gustavo Leigh de la Junta Militar de Gobierno, por sus constantes enfrentamientos con Pinochet, por diferencias políticas profundas, logrando la salida del aviador. También, participó en la redacción de la Constitución Política de 1980, y en su calidad de “jefe de gabinete” firmó el texto constitucional. Asimismo, participó en la dictación de la Ley de Amnistía del 19 de abril de 1978.

Se convirtió en uno de los miembros del Ministerio casi imprescindible para Pinochet, y en el civil más destacado del régimen. Sin embargo, cayó víctima de la crisis internacional de 1980, que repercutió fuerte en Chile desplomándose la economía.

Fernández, aliado de Sergio de Castro, el líder de los Chicago Boys, le proponía a Pinochet la profundización del régimen neoliberal para enfrentar la crisis. A pesar de aquello, Pinochet no consideró factibles sus propuestas, y tanto el como Castro presentaron la renuncia, siendo designados para reemplazarlos el general Enrique Montero Marx y Sergio de la Cuadra respectivamente, el 22 de abril de 1982.

Fernández además fue uno de los miembros fundadores del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), junto a Jaime Guzmán y Pablo Longueira, entre otros dirigentes.

Regresó al Ministerio del Interior el 7 de julio de 1987, en el marco de la cercanía del plebiscito nacional de 1988, que decidiría si Pinochet seguiría o no por ocho años más en el poder. Sobre la campaña declararía, en su libro Mi lucha por la democracia: “Los resultados (de su campaña) fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del No, mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica, en torno a la frase “la alegría ya viene”, era tan pegajosa, que hasta los partidarios del Sí la tarareaban inconscientemente“.

El 19 de diciembre de 1989, en conformidad al texto constitucional vigente a la época, fue designado por el general Pinochet, como senador de la República, en su calidad de exministro de Estado, por el periodo legislativo 1990-1998. Durante su gestión, fue senador reemplazante en la Comisión Permanente de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento durante los primeros años de su labor, y luego fue parte de dicha Comisión.

En las elecciones parlamentarias de 1997, presentó su candidatura a la permanencia en el Senado por la Decimonovena Circunscripción, dentro del pacto electoral “Unión por Chile”. Obtuvo 14.187 votos, correspondientes al 24,17% del total de sufragios válidamente emitidos, resultando electo gracias al sistema binominal, a pesar de contar con la tercera mayoría, desplazando al candidato que había quedado en segundo lugar, Rolando Calderón, del Partido Socialista.

Desde fines de 1999, pesó sobre él una orden de captura internacional, solicitada por el juez Baltasar Garzón, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Desde Chile se trató de dejar sin efecto la orden de captura, sin éxito.

En tanto, en 2005 fue ingresada una petición para su desafuero, por su presunta vinculación con la ‘Operación Cóndor’ cuando ejercía como secretario de Estado, entre 1978 y 1982, acción a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado. Esta finalmente fue rechazada por la Corte de Apelaciones.

Desde la UDI publicaron un comunicado en el cual lamentan la muerte del exministro, en el que valoraron “su contribución al proceso de retorno a la normalización democrática y su papel protagónico en el diseño de la transición hacia un régimen democrático y en paz para nuestra patria”.