“Nosotros sostenemos que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor (Ronald) Ojeda desde Venezuela“. Con esas palabras el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reveló nuevos antecedentes en Chilevisión sobre el asesinato del exteniente venezolano y, además, despejó hipótesis, pues indicó que el “móvil político” es la única línea investigativa en curso.
Sin embargo, esta mañana el persecutor precisó sus declaraciones frente a los medios. Si bien Barros ratificó que el crimen fue orquestado fuera del país, negó que los antecedentes apunten directamente al régimen de Nicolás Maduro.
“Este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela, no he dicho que es un tema político, quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación. Si nosotros analizamos todas las causas, la única linea investigativa que nos queda es la que estamos trabajando y es que el perfil que tiene la víctima es político”, explicó.
La inédita información provocó una respuesta a primera hora por parte del Gobierno. La ministra del Interior, Carolina Tohá, emplazó a Venezuela a cumplir con la extradición de dos de los implicados en el plagio de Ojeda.
Más tarde, secundando lo dicho, el subsecretario Manuel Monsalve indicó que “está a prueba Venezuela y está a prueba a nivel mundial, o sea, a nivel internacional va a tener que demostrar al mundo que efectivamente está dispuesta a perseguir a los delincuentes y, por tanto, tiene que rendir cuenta de cuál es el nivel de colaboración que presta para detener a dos personas que cometieron un secuestro y un homicidio en territorio nacional”.
Pese al pronunciamiento del Gobierno, las presiones locales no cesan. En el oficialismo, parlamentarios pertenecientes al Socialismo Democrático se han inclinado a que, de comprobarse la tesis de la Fiscalía, se debe cortar todo tipo de vínculos diplomáticos con Venezuela.
El presidente de la comisión de RREE y miembro de la comisión de Defensa, Tomás de Rementería, sostuvo que “Venezuela se ha constituido en un problema y necesitamos tener una respuesta enérgica.
“Si no prestan colaboración, no tiene sentido seguir teniendo relaciones con Venezuela. Si nos esconden la pelota, si cooperan con el crimen organizado venezolano en Chile, no vamos a poder seguir teniendo relaciones. Entonces yo soy de la idea de que mientras esas personas que están libres en Venezuela no estén en un avión camino a Chile, que Gazmuri (Embajador de Chile) no vuelva a Caracas”, declaró.
Desde el ala más izquierda de la Alianza de Gobierno aseguran que no es momento de tomar decisiones prematuras, apelando a que hay un proceso en marcha. El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, respaldó “los dichos de la ministra Tohá y le diría a la derecha que no renuncie a un camino de justicia para las víctimas porque romper relaciones con Venezuela impide extraditar a los involucrados. Todo el mundo político debe ser responsable porque esto es materia de políticas de Estado, no de nichos”.
El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, indicó que “me parece que en una investigación en curso con diligencias importantes pendientes, se debe esperar el resultado de las mismas, y eso no puede llevar a tomar decisiones diplomáticas apresuradas que incluso velando por el éxito de las mismas diligencias pueden afectar dicha investigación”.
En la oposición, también hay matices. Por un lado, desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton, sostuvo que, primero, se debe avanzar en retirar al embajador de Chile en Venezuela, en convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), y, luego, evaluar la decisión, pero aclaró que “no hay que cerrar las puertas a cualquier tipo de gestión para poder realizar las expulsiones” porque esto sería darle una razón más al Gobierno para que no expulse a inmigrantes irregulares.
Mientras que la diputada Joanna Pérez (Demócratas) emplazó al Ejecutivo a tomar acciones y a “revaluar nuestras relaciones con Venezuela, donde hay una dictadura y desde donde se está interfiriendo en nuestro país en lo que, efectivamente, nosotros hemos querido resguardar que es dar un asilo político”. Además, planteó que es “tremendamente necesario” que el Gobierno y los partidos afines “condenen este hecho”.
“Acá no hay posibilidad de no condenar estos hechos y hay que tomar acciones, tal como han dicho nuestros excancilleres. Si tenemos que terminar las relaciones con Venezuela, hay que hacerlo”, indicó.
Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que “se nos acusó de conspirativos, de anticomunistas, y hoy día ha quedado confirmado de que hay un crimen por razones políticas, hay terrorismo internacional, y si el Gobierno pretende seguir dialogando con el gobierno de Venezuela y se está confirmando la hipótesis de que acá hay un crimen por razones políticas, indirectamente estamos conversando con los asesinos”.
“No puede ser que la solución sea conversar con los asesinos, no puede ser que tenga que seguir instiendo en vías diplomáticas donde Venezuela le está viendo la cara al gobierno chileno“, zanjó.
