Diversos sitios de memoria en Chile viven un escenario complejo. Algunos, como Casa Memoria José Domingo Cañas, han anunciado en los últimos días un cierre temporal de su funcionamiento. Esto debido principalmente a problemas de financiamiento. Quiénes se han pronunciado al respecto, cuestionan las bases del programa que entrega recursos a estos sitios.
Loreto López, antropóloga que ha trabajado en sitio de memoria, abordó este complejo escenario en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Si bien en primer lugar reconoció que el Gobierno del Presidente Boric “a diferencia de otros gobiernos, formuló específicamente una iniciativa de financiamiento dirigida a los sitios de memoria”, criticó la manera en la que se reparten estos recursos.
“El Estado chileno es el campeón de los fondos concursables. Una organización de sitio de memoria, por el hecho de ser una corporación o una fundación privada sin fines de lucro y tener una personalidad jurídica, podría eventualmente optar a cualquier tipo de concurso que las bases se lo permitan. Pero como sabemos, los concursos son competencias entre pares generalmente, y por plazos acotados y por proyectos. Entonces no ofrecen ninguna estabilidad”, aseguró la investigadora.
Al ser consultada por nuestro medio, López no solo entregó su juicio respecto a este modelo sino que también recordó la importancia de estos sitios en la reparación para las víctimas. “Es un modelo pernicioso, porque los sitios de memoria son lugares que contribuyen a las obligaciones que tiene el Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señaló.
“Los sitios de memoria han sido reconocidos internacionalmente como órganos o como actores que contribuyen a los procesos de, por un lado, reparación simbólica, y luego de garantías de no repetición. Por lo tanto, someter a este tipo de espacios que contribuyen a esas obligaciones del Estado a la competencia y que estas se cumplan a través de concursos es completamente contradictorio con las recomendaciones que han hecho las normas internacionales de derechos humanos”, complementó la antropóloga.
López recordó que hasta la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet, los fondos no eran concursables, y que desde entonces pasaron a serlo. “Lo que es nuevamente contradictorio. Es regresivo para la manera en cómo el Estado venía financiando los monumentos inmemoriales. Que se hacían a través de un proceso de solicitud, de diálogo con las agrupaciones de víctimas y familiares, y así es que tenemos el día de hoy memoriales en todas las ciudades del país”, sostuvo la especialista.
Los dardos de la antropóloga apuntaron a problemas de coordinación “entre el programa o el equipo que existe en el programa, y los usuarios del programa”. En esa línea, se refirió a la situación que atraviesan emblemáticos sitios de memoria. “Los que están más consolidados o más institucionalizados, es difícil que un programa no pueda entregar una fecha de apertura de su convocatoria”, comentó López.
El dilema con el financiamiento
La investigadora explicó en detalle los dilemas con el financiamiento al que se enfrentan actualmente estos sitios de memoria. “Entraron en algún momento un número de sitios de memoria a unos convenios al servicio del patrimonio cultural, que son convenios con instituciones colaboradores. Es un grupo de convenio para 18 instituciones, entre esas está Museo de la Memoria y Derechos Humanos, Londres 38, Corporación Estadio Nacional, etc. Si revisas ese mecanismo de financiamiento, que no es malo si fuera una política generalizada, te das cuenta que los montos son demasiado disímiles”, partió indicando.
“Nadie entiende cuál fue el criterio para asignar los montos. Lo que tienen buenos esos convenios es que el dinero llegaba en enero. O sea, llegaba oportunamente, pero eran demasiado bajos para el nivel de desarrollo que tenían esos sitios”, continuó López con su explicación.
Es entonces, explicó López, que se formuló el nuevo programa. “Quería entregar un poco más, poder dar un piso mayor para sus gastos operacionales y de personal, además de contribuir con las asistencias técnicas necesarias para apoyar el resguardo patrimonial de esos espacios. Pero sin certeza de cuándo”, aclaró.
“Un mecanismo como los convenios el dinero es oportuno, pero insuficiente. Y otro como el programa, en su teoría de como fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, el dinero era suficiente, pero con incerteza o falta de oportunidad para su entrega. Vamos en el año dos y no hay fechas claras”, cuestionó López al respecto.
Finalmente, la antropóloga reiteró que el problema está en la ejecución de este programa para la entrega de recursos hacia los sitios de memoria. “El programa no es malo, pero no puede estar sometido a la lógica de la concursabilidad. Tiene que estar muy claro, definido, quiénes pueden ir ingresando al programa, cumpliendo ciertas condiciones, de manera automática. Hoy en día tienes 15 sitios, pero no vas a tener 30 el próximo año. Entonces no es que sea un universo tan grande”, sentenció López.
