El asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete llegó en un momento donde la tensión se apoderaba de la institución, en específico debido a la formalización a su general director, Ricardo Yáñez. Por ello, convergen diversas aristas de un mismo síntoma en el debate público: la crisis de seguridad, la reforma a las policías, los cuestionamientos a altos mandos, los pedidos de amnistía a uniformados condenados por delitos de derechos humanos en el estallido social y la necesidad de mejorar los procedimientos de carabineros.

Todas estas discusiones, entrelazadas entre sí, según la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC), Alejandra Mohor, deben llevar “a reflexionar profundamente y no quedarnos con respuestas facilistas, que buscan aprovecharse de un año electoral”. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora condenó el atentado contra los uniformados junto con relevar la importancia de la prudencia y calma en el debate.

“Las instituciones tienen la capacidad para hacer una investigación acabada y que en su momento sea transparente y nos permita conocer quiénes fueron los autores materiales. Pero a la vez que indagamos sobre las causas directas del asesinato de los tres funcionarios, es importante también ser capaces de reflexionar y aquí es donde podemos acoger demandas que hemos visto erradamente planteadas respecto del rol de los derechos humanos de esos carabineros”, indicó Mohor sobre el escenario actual que enfrenta la institución.

En esa línea, cuestionó diversos discursos que han proliferado en el último tiempo para defender a los uniformados. “Se ha hablado mucho de la protección de las instituciones y sus funcionarios, pero las acciones que se han tomado, desde mi punto de vista y desde todo lo que sabemos de lo que es la función policial en democracia, han tendido a generar un estrés mayor respecto del cómo desempeñar esa función”, aseguró Mohor. 

Ante esto y con miras a una real defensa de los uniformados, Mohor sostuvo que se debe “indagar en cómo se tomaron las decisiones sobre ese procedimiento”.

“En qué condiciones fueron esos funcionarios en un territorio que el propio Estado había definido como de niveles de complejidad altos”, prosiguió, remarcando la relevancia de mejorar los procedimientos para “no exponer sus vidas a riesgos”.

Cuidado del orden público y derechos humanos

No obstante lo anterior, uno de los cuestionamientos que se arrastra con más fuerza es la manera en que las policías garantizan los derechos fundamentales, los derechos humanos y como se complementa esto con robustecer sus funciones para el cuidado del orden público. Al respecto, la experta en seguridad ciudadana, Alejandra Mohor, indicó que esto se trata de una “falsa contradicción”. 

“En la medida que el Estado en su conjunto se compromete de manera efectiva en la promoción y garantía de los derechos humanos, nos vamos a encontrar una sociedad en mejores condiciones para solucionar sus problemas de seguridad”, aseveró.

Tras ello, mencionó que si las instituciones: “actúan bajo los parámetros de derechos humanos, la calidad del trabajo policial va a ser más alta y por tanto va a ser más eficiente, porque van a desarrollar los procedimientos de manera más adecuada”. 

“Porque no van a ser sometidos de manera permanente al escrutinio público en relación a si el uso de la fuerza fue adecuado o inadecuado. Además, sobre todo, en la medida en que las personas perciban que las policías, así como todo el sistema de justicia, los trata de manera igualitaria, es decir, sin discriminación, las personas tienen mayor voluntad a acatar la norma y a colaborar con la policía”, afirmó Mohor.

El desprestigio de las policías

Las dudas respecto al funcionamiento policial, con sus altos mandos formalizados, se arrastran desde el estallido social, o incluso antes. Una realidad no muy ajena a lo que vive la PDI con casos de corrupción. Se habló de refundar, hoy de reformar a Carabineros. No obstante, con el contexto de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, la discusión política en torno a la modernización de las policías ha dado diversos giros.

Al respecto, Mohor aseguró que el cuestionamiento al funcionamiento de las policías se instaló por “la forma en que desarrolló su trabajo, no solo a propósito del estallido social, sino también a raíz de los casos de corrupción”.

“Vimos a una institución debilitada desde sus cimientos, toda vez que altos oficiales estaban involucrados en estos hechos”, expuso la experta, mencionando el Caso Huracán y el Pacogate como ejemplos. 

En esa línea, la investigadora abordó las formalizaciones a los altos mandos de Carabineros y como esto influye en el correcto funcionamiento de la institución.

“No se trata de algunos sujetos en cargos menores, sino que se trata de altos oficiales con capacidad de influir en la conducta de sus funcionarios. Lo que hoy día se está discutiendo respecto del general Yáñez es si ese mismo poder de influencia se utilizó por acción u omisión. Es decir, no utilizó esa capacidad de influir sobre su subalterno para evitar que vulneren los derechos humanos, que hagan uso excesivo de la fuerza que termina con personas lesionadas o incluso fallecidas”, reflexionó Mohor.

El foco en la lucha contra el crimen organizado

Pese al contexto que viven Carabineros y la PDI en el manejo de sus altos mandos, el escenario actual, con la lucha ante el crimen organizado y narcotráfico como principal foco, la confianza en las instituciones policiales ha repuntado. Mohor señaló que los cuestionamientos hasta el 2020 “parecen haberse visto aplacados por esta ola de temor que nos invadió”.

“Cuando nos enfrentamos permanentemente a esta información en relación a que la calle está cada día más peligrosa (…) las personas dejan de pensar en la mala conducta policial. Y empiezan a pensar solo a partir del miedo a la delincuencia. Entonces ya no importa que roben, no importa que mutilen, si es que logran protegerme del delincuente”, postuló.

En esa línea, Mohor dejó un fuerte cuestionamiento. “Reconozcamos que nuestras policías no están dando el ancho. Que los esfuerzos de modernización no son suficientes para dotarnos de unas policías efectivas, eficientes y confiables. Claro, sube la confianza, pero eso no significa que suba la calidad del trabajo policial ni que disminuya la corrupción ni la vulneración de derechos humanos. Todos problemas que teníamos antes de la pandemia”, indicó.

Con ello en mente, señaló la investigadora, la reforma en curso “no se ha hecho cargo de los temas estructurales que tienen que ver con la doctrina institucional”.

Además, planteó que para enfrentar al crimen organizado en su estado actual, las policías requieren “fortalecer las capacidades investigativas, perfeccionar su entrenamiento, su dedicación exclusiva y en la implementación con lo que trabajan”. 

En tanto, subrayó que el Estado debe invertir en tecnología “pero no solo cámaras y drones”, porque esas son herramientas “reactivas”, sino que hay que “invertir también en tecnología en los laboratorios, que ahí es donde se juega gran parte de la investigación criminal”.