El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos sesionó en Arica para analizar el caso Conscriptos. En la reunión, que lideró la directora del INDH, Consuelo Contreras, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero expuso ante los consejeros tras ser designado por la Fiscalía Nacional a cargo de la investigación.

El encuentro se realizó en el campus Saucache de la Universidad de Tarapacá. La directora del INDH explicó que “el consejo tomó la decisión de sesionar en la ciudad de Arica como una señal de la importancia que le damos a la grave situación vivida por un grupo de conscriptos. Esta resultó en el fallecimiento de uno y la grave situación de salud al menos otros dos conscriptos en Putre”.

Contreras insistió en que se trata de una “situación que preocupa por varios motivos, entre ellos que estos jóvenes decidieron voluntariamente ingresar al Ejército para proteger a su país y demostrar su interés por éste”.

Además, Contreras insistió que los jóvenes, que eran parte de un contingente de 250 conscriptos en la Brigada 24 Huamachuco, se encontraban “bajo la custodia del Estado. Tenemos la convicción que vivieron graves violaciones a los derechos humanos. Cuando le preguntan al instituto si los carabineros y los militares tienen derechos humanos, mi respuesta es que sí. Sí tienen derechos y estos jóvenes siendo militares vivieron una grave violación a los suyos”.

Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, la directora del INDH insistió en que el caso debe mantener en los tribunales civiles, lo que hoy será resuelto por el Juzgado de Garantía de Arica.

Al respecto, el instituto presentó una querella por apremios ilegítimos en dicho tribunal y pidió la realización de una serie de peritajes, como el Protocolo de Estambul, un manual de Naciones Unidas que permite verificar indicios de tortura en caso como el ocurrido en la unidad del Ejército en Putre.

“Tiene que haber justicia y justicia civil”, reiteró la directora del INDH. “Es un delito cometido contra estos jóvenes. El Estado de Chile ya tiene sanciones del sistema interamericano de justicia por haber utilizado la justicia militar en casos que no corresponden. Si el caso es visto por la justicia militar el Estado será sancionado nuevamente por el sistema interamericano de derechos humanos”, advirtió la directora del INDH.

Caso Palamara

De esta manera, Contreras aludió al caso Palamara Iribarne, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió contra Chile en 2005. Se sentenció a Chile a adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a estándares internacionales sobre jurisdicción militar y que ésta se limite al conocimiento de delitos de función. La Corte dictaminó que el Estado debía modificar la estructura de la justicia militar y así garantizar su imparcialidad e independencia. Ello no ha ocurrido.

La directora dijo en que “aquí se cometió un delito establecido en el Código Penal. Cuando un ciudadano comete un delito establecido en el Código Penal debe ser la justicia ordinaria quien vea esta causa. Chile tiene sanciones ante el sistema interamericano y no puede ser que siga teniendo sanciones por hechos similares en materia de violación a derechos humanos después de tantos años. No sigamos repitiendo errores, porque la sanción al Estado de Chile va a ser sin lugar a dudas, sí o sí”.

Querellas presentadas en justicia civil

Por su parte, el fiscal Carrera agradeció que el Consejo del INDH sesionara en Arica. Además, el persecutor dijo que por el caso conscriptos existen en la actualidad dos querellas.

“Una presentada por el INDH y otra presentada por la madre de Franco (Vargas). Ambas se presentaron en la justicia ordinaria. Por tanto es obligación del Ministerio Público abrir una investigación, asignar un fiscal y esperar la discusión sobre la competencia”, detalló.

Además, luego de la reunión con el Consejo, Carrera dio a conocer que en ambas querellas “se pide que se inhiba la justicia militar para seguir conociendo del asunto. Esto se debatirá en el tribunal de garantía y para lo que se resuelva queda la instancia ante la Corte Suprema, que me parece será la que en definitiva resuelva el asunto”.

Junto con eso, recordó que “tenemos los argumentos vinculados a derechos humanos, al delito de tortura y al delito de apremios ilegítimos, que tienen que ver como una forma de cómo aplicamos los tratados internacionales a nuestra legislación interna”.