“Será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos, en consecuencia, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book Reyes. No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto y en virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía corresponderá a la excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar”, afirmó el juez de Garantía de Arica, Juan Araya, este martes en la audiencia inhibitoria que se realizó a solicitud de la ministra en visita, Jenny Book.

En concreto, la ministra en visita dictó el 11 de mayo una resolución inhibitoria de competencias, la que tiene por objetivo que la investigación por el “caso Conscriptos” sea de competencia de la justicia militar. Por ello, le solicitó al magistrado del Juzgado de Garantía de Arica que se inhabilite de seguir conociendo la causa por la muerte del soldado Franco Vargas y que se remitan los antecedentes.

Sin embargo, en la instancia en la que participaron representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el abogado de la familia Vargas, Sebastián Andrade, y el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, el juez de Garantía indicó que “es razonable y sensato que sea la jurisdicción civil la que conozca un hecho de esta naturaleza, tanto desde la perspectiva de las victimas, ya lo señale, aquí hay una victima que no es militar (Romyna Vargas) y muy bien lo planteó el fiscal regional, la jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la unidad de atención de víctimas que tiene el Ministerio Público, o sea, si queremos proteger a las victimas y sus garantías”.

Y agregó que “desde la mirada del imputado, lo decía el académico Cordero en una nota de prensa, lamentablemente la jurisdicción militar en términos jurídicos, es de un sistema antiguo e inquisitivo, no se trata de un juez independiente, no es un juez imparcial, es el mismo juez que instruye el sumario y el  que eventualmente va a someter a proceso, es el mismo juez el que va acusar y va a dictar sentencia (…) Entonces, si lo miramos también desde el punto de vista de los imputados, también sería necesario que sus garantías, el debido proceso, etc. van a ser mucho mejor resguardado en la jurisdicción civil”.