“Aquí no hay persecución política”, afirmó la fiscal especializada en delitos económicos, Giovanna Herrera, en la formalización que se llevó a cabo en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto a otros siete imputados por sus presuntas responsabilidades en los delitos de cohecho, administración desleal, estafa y fraude al fisco, esto en el marco del caso farmacias populares.
La audiencia, que comenzó este miércoles y que puede extenderse hasta el viernes, contó con una larga exposición del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendariz, quien detalló los hechos y las imputaciones respecto de la administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) en 2020 y 2021.
“Los imputados Oscar Daniel Jadue Jadue, Raul Morales Lagarrigue y Jose Matías Muñoz Becerra se aprovecharon de la estructura organizacional de Achifarp y del patrimonio social que tenían a su cargo, compuesto por los aportes ordinarios, extraordinarios y ventas a los municipios asociados que durante toda su vigencia ascendió a la suma de 2.639. 959.108 pesos para sus propios fines particulares y en detrimentos del interés de los socios”, señaló el fiscal Armendariz
La indagatoria surgió a partir de la querella por estafa de Best Quality SPA y se centró en la comisión de un complejo de delitos que habrían realizado los imputados, afirmó la fiscal Giovanna Herrera, quien solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Daniel Jadue y José Múñoz Becerra, en base a los argumentos que terminara de presentar este jueves.
De esta forma, la persecutora explicó que “él (Daniel Jadue) sabía y tenía conocimiento de la morosidad manifiesta de la Achifarp y realizó estos actos de defraudación con la municipalidad sólo a fin de darle liquidez a la asociación que también dirigía y ¿Por qué?, ¿Por qué no llamar a sus socios y conversar en el directorio para buscar otra solución? Porque en 2021 era candidato presidencial y era candidato a la reelección a la Municipalidad de Recoleta”.
“Era necesario el 2021 encubrir todos las acciones fraudulentas que habían realizado en la Achifarp durante el 2020, era necesario hacerlo porque toda su trayectoria política o toda su capacidad de candidato presidencial podía ser desvirtuada por una gestión de esta naturaleza en la Achifarp“, sostuvo la fiscal.
A su vez, el alcalde de Recoleta comentó luego de estas exposiciones del Ministerio Público que “tuvimos la oportunidad de ver la puesta en escena de la Fiscalia y mañana nos va a tocar a nosotros dar nuestra versión. Yo por lo menos percibí una presentación muy débil de la Fiscalía y me voy muy confiado a casa de que no tienen pruebas de ninguna magnitud“.
“Estoy muy contento del apoyo de toda la gente, porque todo lo que hicimos con Achifarp, incluso, lo que le molesta a muchos, fue tratar de cuidar la salud de las personas, y los errores que pudimos haber cometido están muy lejos de poder constituir un delito”, añadió el militante del PC.
Por otro lado, en esta primera audiencia se definieron las medidas cautelares de cuatro de los siete imputados. En ese sentido, se estableció arraigo nacional para Alvaro Castro, Raúl Moraga y María Constanza Matus, quien debera firmar mensualmente en la Comisaría de Las Cabras. En tanto, para María Eugenía Chadwick, se determinó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al municipio de Recoleta.
Además, en esta instancia, el Ministerio Público solicitó al tribunal 120 días como plazo de investigación, a lo que la jueza, Paulina Moya, accedió en relación a las diligencias que se deberán realizar.
