“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!”, escribió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en su cuenta de X, minutos después de que el Tercer Juzgado de Garantía decretara su prisión preventiva en el marco del caso Farmacias Populares.

El jefe comunal fue formalizado por delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. En ese marco, la jueza Paulina Moya accedió a la solicitud de la Fiscalía Centro Norte por considerarlo un “peligro para la sociedad“.

Un tono crítico respecto a esta decisión, aunque más moderado, fue utilizado por el Comité Central del Partido Comunista en su declaración pública en apoyo al jefe comunal: “En absoluto respeto de lo que se definió este lunes, y del proceso de investigación que se decretó tras la formalización, creemos desproporcionada la cautela de prisión preventiva, porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero”.

La diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo además que ante dicho “despropósito” se hacen evidentes “la persecución política y el acoso“. Mientras que, el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, indicó que “no era la resolución que esperaba desde el punto de vista de una cautelar, sigo pensando que se parece a una sentencia (…), pero, bueno, esa es la resolución, frente a eso hay que asumir”.

En el oficialismo, el presidente del FA, Diego Ibáñez, sostuvo que “las instituciones tienen que funcionar, este proceso aún continúa. Entiendo que todavía falta el proceso en la Corte de Apelaciones y creo que aquí tienen que estar todos los antecedentes puestos ante la justicia y esperemos que, justamente, se haga el trabajo por parte de los tribunales de forma independiente, proporcional”.

Mientras, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, indicó que este caso comprueba que “nadie está por sobre la ley, eso es lo que ha quedado clarísimo hoy. Da lo mismo las aventuras o las candidaturas que haya tenido con anterioridad el alcalde Jadue, aquí hay información pertinente como lo está estudiando la justicia, no solamente para que quede en prisión preventiva. Hay cuatro delitos que puede haber cometido y, por lo tanto, nos parece que lo único relevante es que se haga justicia”.

Pero, además, Hoffmann realizó un llamado de atención a La Moneda. “Considero que lo apropiado es que el partido principal en el gobierno del Presidente Boric no ejerza, como hemos visto a través de la justicia, ninguna presión indebida. Lamentablemente, hemos sido testigos de presiones ostentosas y desproporcionadas, las cuales no son adecuadas”, afirmó.

Desde la bancada de Renovación Nacional, en tanto, la diputada Camila Flores dijo que: “la justicia tarda pero llega. Lo estamos viendo en el caso de Daniel Jadue, quien ha quedado con prisión preventiva como medida cautelar. Esto indica que el Ministerio Público ha podido probar la gravedad de los hechos que se le imputaban y que la supuesta inocencia y operación política que dice Daniel Jadue tener en su contra no es tal, sino que existen hechos plausibles, comprobables para poder en definitiva avanzar en esta investigación y que son de gravedad”.

Gobierno: “Son los tribunales y la justicia los que determinan si hay delitos”

No fue un tema fácil de soslayar para La Moneda considerando que el alcalde de Recoleta es una de las principales figuras del Partido Comunista. Si bien la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, aseguró que desde el Poder Ejecutivo respetan “la labor de la justicia y así vamos a seguir hasta el final”, extendió el llamado a las colectividades de la alianza de Gobierno.

La vocera afirmó que “a todos los partidos, incluso a una alcaldesa, le hemos hecho el llamado a respetar el trabajo de nuestras instituciones porque en última instancia, independientemente de la opinión que se tenga sobre las causas que lleva un o una fiscal, son los tribunales y la justicia los que determinan si es que hay delitos, cuáles son los delitos y cuáles son las responsabilidades penales frente a esos delitos”.

“Eso es lo que nosotros respetamos así como la labor de los entes persecutores, también la legítima defensa y el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas que han estado inculpadas en estos procesos. Queremos que la institucional final funcione y llegue a esta última instancia de manera rigurosa, que es con los tribunales aplicando sentencia”, zanjó la ministra.