El próximo martes el Gobierno proyectaba ingresar el veto presidencial -de carácter aditivo- a la reforma electoral. Esto, con el objeto de reponer la multa a los ciudadanos que no concurran a votar en los próximos comicios municipales y de gobernadores.

Sin embargo, este viernes el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció que comenzará una “ronda de consultas” con las distintas bancadas para buscar respaldo político sobre la propuesta e incluso sostuvo que, para dar prioridad a este diálogo, ésta “no necesariamente” sería ingresada durante los primeros días de la próxima semana. “Vamos a presentarlo en el momento oportuno”, dijo.

Cabe destacar que la norma sobre la multa no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada producto del propio oficialismo, sector que rechazó y se abstuvo de esta norma porque se utilizaba el término “electores” en el proyecto, lo que permitía que los extranjeros habilitados para sufragar también estuviesen sujetos a sanciones. Argumentan que esto significaba “nacionalizar a la fuerza a más de un millón de extranjeros” y que, por tanto, también podrían exigir beneficios. 

Ahora, es precisamente el cambio de ese término a “ciudadanos” que hoy enreda la aprobación del veto. En la oposición acusan de motivaciones electorales por parte de La Moneda, considerando la creciente influencia de la población extranjera que, por ejemplo, en la comuna de Santiago, llega al 30%.

“Con una calculadora electoral están viendo qué es lo más conveniente para su sector. Una irresponsabilidad política que daña profundamente nuestra democracia”, dijo el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán.

Lo cierto, es que la oposición está en un escenario bastante complejo. O deciden aprobar la norma tranzando el voto extranjero o la rechazan dejando sin multa las próximas votaciones.

Ante esta disyuntiva, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló: “El Gobierno se está disparando en las piernas y existe la posibilidad clara de nosotros votarlo a favor porque, entre que todo sea voluntario a que para una parte sea voluntario, claramente estamos votando con la pistola sobre la mesa, pero existe la herramienta que esto se lleve al Tribunal Constitucional porque no sé bajo qué cláusula podría hacer nuestra Constitución una diferencia entre dos personas que están habilitadas de la misma forma”.

Consultada por la composición del TC, donde existe mayoría de magistrados de centroizquierda, la parlamentaria respondió que si bien “es cierto, uno siempre tiene que confiar en sus instituciones”.

“El TC se supone que debería tener la mirada constitucional más allá que la mirada personal y política. Nosotros lo hemos analizado y de verdad que hasta una persona que no es experta en esta materia no entendería que la Constitución estuviera protegiendo este tipo cosas. Nosotros lo hemos visto con expertos y estarían los vientos a favor nuestros“, declaró.

La jefa de bancada de RN sostuvo además que es el Gobierno quién tiene una gran tarea para aunar los apoyos de las propias filas oficialistas, producto de la alta abstención y votos en contra que se registró durante el proceso de votación de la reforma electoral. “Debe mostrar su capacidad de liderazgo“, afirmó.

En tanto, la diputada independiente parte de la bancada de Demócratas, Yovana Ahumada, sostuvo que no le “parece correcto que haya votos de primera y segunda categoría, o son todos o no es ninguno independiente a quién beneficie o no. Acá debe ser transversal sin excepciones”.

Cabe destacar que en el oficialismo ya hay voces que se encuentran en reflexión. A principios de esta semana, la diputada independiente por el PPD, Camila Musante, pidió al Ejecutivo, junto a más diputados oficialistas, sumar dentro del veto la reposición del feriado irrenunciable en beneficio de los trabajadores del comercio. La misma parlamentaria hoy advierte que, de no ocurrir esto, evaluará su voto.

“Yo consideraré cómo voy a votar el veto del Ejecutivo si esto no se incorpora, porque me parece que esto es una cuestión fundamental de la participación y del objetivo de este proyecto. Por tanto legislar con la calculadora en mano para tratar de inclinar la balanza a un lado o al otro lado, terminamos dejando fuera a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que lamentablemente retroceden en derechos laborales”, sostuvo Musante.