Más de 200 organizaciones ambientales, movimientos territoriales y comunidades indígenas rechazan la iniciativa que busca reformar la Ley 19.300, llamada Evaluación Ambiental 2.0, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado.
El proyecto “que era esperado como una oportunidad” puede transformarse en una “amenaza”, ya que “entregaría un poder desmedido a los intereses económicos, limitando el control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, consigna la declaración de las agrupaciones, quienes hacen un llamado al Gobierno para que le quite la urgencia a la iniciativa.
El director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, explica que en la actualidad el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ya está desbalanceado en favor de los intereses económicos, pero de aprobarse esta reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente como está, esto se potenciaría.
“A la larga es una fuente de conflictos, por lo tanto, es una mala lógica, incluso, para los propios sectores económicos que requieren de una cierta estabilidad para poder desarrollar sus inversiones. Y para lograrla hay que tener un sistema que sea lo más equilibrado posible entre los intereses de quienes proponen proyectos y los de las personas que habitan en los lugares, además de los intereses generales de la nación, la protección del medioambiente, etc. Ese balance no se está logrando con la reforma”, detalla.
Asimismo, el coordinador de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, afirma que esta reforma, en vez de fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), está priorizando una mirada de acelerar la tramitación.
“Se le va entregar la rectoría técnica al servicio por sobre otros organismo, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, Conaf, Sernageomin, formulan observaciones que al SEA no le parecen pertinentes, este puede reformular las observaciones a través de este concepto de rectoría técnica y un poco le quita la facultad al otro organismo competente, sectorial. Esto es muy complicado, porque el director del SEA siempre es un cargo político, entonces, queda muy entregado al gobierno de turno el ritmo de evaluación de los proyectos”, asevera.
Para la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona, en términos generales esta reforma representa un “retroceso”, además de que busca flexibilizar un proceso de evaluación de proyectos que ya tiene poca capacidad y donde el Estado no pone los suficientes recursos para fiscalizar.
“Lo que hemos visto en el último tiempo es una arremetida de los sectores empresariales salmoneros, mineros, entre otros, en este concepto que han calificado de permisología, que en realidad lo que están diciendo es que ellos tienen que hacer demasiados trámites para lograr los permisos, no sólo los ambientales, también los sectoriales, y en ese sentido, el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se allanó a facilitarles procesos en lo que se llama el Pacto Fiscal. Si uno lo revisa, se dará cuenta que ahí están consignadas tanto las reformas a la Ley 19.300, como también la ley de permisología que está tramitando el Gobierno a través del Ministerio de Economía”, agrega.
Los puntos más perjudiciales de la reforma
Pese a que en junio de este año la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación de la iniciativa en la Sala del Senado porque “es un proyecto de ley equilibrado entre el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico”, ya que “disminuye incertidumbres y plazos de tramitación”, las organizaciones ambientales y comunidades identificaron al menos diez aspectos nocivos de la iniciativa.
Para el director ejecutivo de ONG FIMA el proyecto de ley actual “no tiene ningún tipo de beneficio para la protección ambiental, ni para el resguardo de los derechos de las personas y las modificaciones que plantea solo vienen a empeorar la situación”.
Así, Ezio Costa describe que una problemática importante que consigna la iniciativa es la manera como se esboza la toma de decisiones en el Sistema de Impacto Ambiental, ya que la propuesta es dejar “la decisión sobre la aprobación o rechazo de proyectos en una sola persona en cada región, que es el director y luego hacer una instancia técnica nueva que va a ver las reclamaciones”.
“Por una parte, ahí hay un problema porque se centraliza mucho la decisión. En segundo lugar, hay un riesgo de captura de esas personas que están decidiendo en las regiones y, en tercer lugar, esas personas no tienen una visión necesariamente amplia como para incorporar todas las variables ambientales, sociales, económicas, que deben ser incorporadas en una evaluación de este tipo”, cuestiona.
Costa además señala que “un segundo problema es la creación de una instancia para cambiar los permisos ambientales, que son las declaraciones juradas. Esto permitiría a los titulares de proyectos simplemente con una declaración cambiar una condición de su permiso ambiental, eso nos parece que es un error. Y, por último, creo que hay un problema importante también en crear un sistema de participación ciudadana anticipada o temprana que no está bien regulado y que, por lo tanto, se va a prestar para mayores divisiones y dificultades en las distintas comunidades donde se quiere instalar un proyecto”.
Para el abogado de Chile Sustentable hay varios elementos del proyecto de ley que con el afán de acelerar los permisos, va soltando controles que son muy importantes.
“La reforma tiene como objetivo hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, acelerar la tramitación de los permisos ambientales y lo hace sin entregar grandes recursos adicionales a la institucionalidad existente. ¿Cómo se logra este propósito entonces? Sacando trabajo de encima al servicio, el tema es que ese trabajo para nosotros es esencial, porque es el examen preventivo que hay en Chile sobre los proyectos y las inversiones que impactan al medio ambiente, y es una labor que debería seguir siendo realizado”, asegura Felipe Moreno.
En la misma línea, apunta que “hay otras propuestas dentro del proyecto que tampoco nos parecen buenas, se presenta un nuevo servicio para resolver las reclamaciones sobre la decisión final de los proyectos, en vez de reforzar los servicios existentes, se crea uno nuevo, lo que no tiene mucho sentido. Hay una propuesta de participación temprana que no es vinculante, pero que entrega pautas, que a nuestro entender también deja un espacio de influencia de los titulares sobre las comunidades que no quedan bien tuteladas en cuanto a sus derechos”.
Por su parte, la directora de fundación Terram sostiene que Chile históricamente ha tenido un rezago en materia de normativa ambiental y particularmente los procesos de evaluación ambiental de proyectos existen una serie de deficiencias que una reforma a la Ley 19.300 podría subsanar.
“Lo primero que uno esperaría es que la autoridad hubiese hecho una mirada integral de los problemas, cosa que no es así. Adicionalmente, se están proponiendo soluciones que más bien representan un retroceso en materia ambiental, como no considerar el principio preventivo, agilizar tiempos de tramitación, discrecionalmente, sin que haya una claridad de qué proyectos pueden ser agilizados o no, y en ese sentido nos parece muy preocupante lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento”, enfatizó Liberona.
Acuerdo de Escazú: la reforma va en sentido contrario a sus principios
Otro de los aspectos perjudiciales de la reforma, a diferencia de la propuesta inicial, es que desatiende el Acuerdo de Escazú.
El director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, explica que el acuerdo mandata a que se mejoren las instancias de participación, de acceso a la información a la justicia, entendiendo que ellas son fundamentales para que el derecho a vivir en un medio ambiente sano, “pero en este proyecto de ley al menos no se hacen mejoras en ninguno de esos sentidos”.
“Había una mejora, en una primera instancia del proyecto, que era modificar la carga de la prueba, o sea, de quien tiene que probar que haya un daño, pero eso se está dejando de lado con las indicaciones que ha ido haciendo el Poder Ejecutivo. Entonces, hay ahí un problema”, destaca.
En ese sentido, el coordinador de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, subraya que “esta rebaja de los estándares de protección, esta renuncia de exámenes preventivos del Estado en la tramitación de proyectos, va completamente en una dirección opuesta a los principios inspiradores del tratado. No estamos aumentando el acceso a la justicia ambiental, me parece que es todo lo contrario”.
“Al facilitar la realización de proyectos tenemos que pensar en las comunidades que los soportan. Obviamente si estamos buscando que se realicen más proyectos o actividades, casi todas de las cuales tienen impactos ambientales, es muy difícil que eso signifique un mayor acceso a la justicia ambiental, puede traer mayor riqueza para ciertos sectores de la población, pero eso por ninguna parte es una mejora en el acceso a la justicia ambiental, en el acceso a la información o en la injerencia de las personas en la toma de decisiones ambientales”, recalcó.
Asimismo, para la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional de derechos humanos y medioambiente, el primero en el mundo.
“Chile lo suscribió y ratificó, sin embargo, su implementación ha sido muy lenta. En relación a la reforma a la Ley 19.300 se ve en la propuesta presentada por el Gobierno que no hay ningún avance respecto de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, en aumentar la transparencia de la información, y así como tampoco hay ningún capítulo dedicado a la protección de defensores y defensoras ambientales”, señala.
