El expresidente afirmó que Chile lleva más de 10 años con proyectos paralizados y apunto a la “permisología”, argumentando que la excesiva cantidad de observaciones termina frenando la ejecución de ellos.
La investigación de CIPER reveló que la iniciativa inmobiliaria en Concón, donde participa el hermano del ministro de Hacienda, logró su calificación ambiental favorable pese a que el Sernageomin mantuvo reparos por riesgos de remociones en masa.
La académica de la U. de Chile calificó como “muy polémica” la idea de compensar a titulares de proyectos ante la anulación judicial de permisos. Y advirtió que restringir el acceso a la justicia ambiental vulnera compromisos internacionales.
El especialista sostuvo que el actual modelo de desarrollo omite los impactos ambientales en sus cálculos económicos, lo que distorsiona la evaluación del crecimiento y dificulta una planificación sostenible.
El Presidente anunció decisiones ejecutivas inmediatas en seguridad fronteriza, control migratorio, auditoría a ministerios, agilización de permisos y reconstrucción habitacional, junto con la creación de un comisionado para la Macrozona Norte.
El extitular de la cartera analizó los pendientes del Gobierno de Boric y respaldó los avances en permisología. En relación a la futura administración de José Antonio Kast, destacó que el crecimiento y la protección ambiental no son excluyentes.
La líder de los empresarios, Susana Jiménez, entregó una propuesta a los asesores del presidente electo, Jorge Quiroz y Tomás Bunster, que reemplazaría 186 permisos sectoriales por técnicas habilitantes alternativas (THA).
En el ámbito del negocio inmobiliario se producen infinidad de malas prácticas, como consecuencia de una regulación urbana compleja y a veces hasta contradictoria, situaciones que dan pábulo a interpretaciones antojadizas para que los proyectos de los inversionistas dispongan de mayores rentabilidades. En el último tiempo la industria de la construcción, asistida por los medios […]
El informe identificó los principales hitos de este año en la materia, destacando cómo el concepto de “permisología” se instaló en el debate público promoviendo la idea de que la regulación ambiental es el principal obstáculo para la inversión.
Aunque la discusión sobre la permisología suele apuntar a las demoras del SEIA, un nuevo análisis del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la U. de Chile reveló que el principal problema está en la tramitación posterior.
El parlamentario criticó que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, respaldada por el Tribunal Constitucional, reduzca exigencias ambientales bajo el argumento de agilizar inversiones. “¿Qué de ecologista quedó en el gobierno?”, cuestionó.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró el fallo del Tribunal Constitucional calificándolo como “una buena noticia para el país” debido al impacto esperado de la futura ley. “Nos permitirá reducir los tiempos de evaluación sectorial”, destacó.
El titular de Economía descartó un “relajo” de los estándares regulatorios vigentes. Además, aclaró que “cualquier proyecto de inversión que tenga un impacto ambiental relevante tiene que pasar por el SEA”, servicio no afectado por la nueva ley.
Si bien su reciente despacho ha sido celebrado por el Gobierno y gremios empresariales, actores han manifestado alertas. La directora de Políticas Públicas en Fundación Ecosur defiende que la iniciativa sí tendrá un impacto en materia medioambiental.
En un nuevo cara a cara entre las presidenciales de Chile Vamos y el Socialismo Democrático, las diferencias radicaron en la disminución de impuestos, el rol del Estado y las trabas para las inversiones en el país producto de las reglamentaciones.
La iniciativa discutida en el Senado tiene como objetivo agilizar la entrega de permisos no ambientales a la inversión. Los tiempos de los trámites podrían reducirse entre un 30% y un 70%.
Ante la duda sobre la permanencia de las empresas chinas en nuestro país, el experto en Economía de Minerales analizó el panorama actual respecto al mercado del litio, en el que los precios cayeron de US 20 mil a US 9 mil toneladas al año.
